Frenaron el proyecto que retiraba a empleados municipales de Santa Rosa
Los trabajadores coparon la comisión que trataba la iniciativa del intendente Leandro Altolaguirre que retiraba a los empleados que cumplen la edad jubilatoria pero no tienen los aportes suficientes porque trabajaron años en negro como planes de empleo.
Los trabajadores coparon la comisión que trataba la iniciativa del intendente Leandro Altolaguirre que retiraba a los empleados que cumplen la edad jubilatoria pero no tienen los aportes suficientes porque trabajaron años en negro como planes de empleo. Reclaman que el estado les reconozca los aportes.
Los trabajadores y los gremios le pusieron un freno este martes al proyecto del intendente Leandro Altolaguirre que pretendía retirar a los empleados que cumplen los 60 años aunque no tienen los aportes necesarios para jubilarse. Los empleados rechazaron tanto esa iniciativa -que no les garantizaba una pensión jubilatoria mínima porque les daban seis meses para despedirlos sin indemnización- como la adhesión a una ley provincial que impulsaban los ediles del PJ, ya que esta segunda opción también los dejaría con un haber reducido.
Este martes la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante se reunió para tratar el proyecto del intendente Leandro Altolaguirre. Pero los trabajadores, acompañados por dirigentes del SOEM y de la CTA de los Trabajadores, rechazaron abiertamente las dos propuestas. Pretenden que se reconozcan los años que trabajaron sin aportes, como planes de trabajo. La mayoría de los trabajadores fueron blanqueados en 2007, después de una larga lucha, pero no se contemplaron los aportes de los años -entre diez y quince- que trabajaron en negro en el municipio.
Según planteó el Ejecutivo, hay unos 60 trabajadores en edad de jubilarse en la actualidad. Los concejales acordaron pedir un listado al Ejecutivo con la situación de los trabajadores. El Ejecutivo Municipal pretendía que al vencimiento de los seis meses de haber cumplido el empleado municipal la edad para obtener la jubilación ordinaria, cesaba la estabilidad laboral y se interrumpía la relación de empleo público, sin derecho a la indemnización alguna. En cambio, los concejales del PJ proponían la adhesión a la ley provincial 2954.
Sin embargo, el reclamo frenó tanto la iniciativa oficial como la alternativa. Incluso hubo fisuras dentro del FrePam. «No voy a votar una ordenanza que es una injusticia para los trabajadores», aclaró el radical Marcos Cuelle cuando se cerraba el encuentro.
La presidenta del bloque, Claudia Giorgis, admitió rápidamente que no iban a avanzar en votar un despacho y que había que trabajar en una nueva ordenanza. «Cuando eran oposición era distinto y ahora que son oficialismo nos patean en contra», le reprochó uno de los trabajadores, recordando el rol que jugó la entonces concejala cuando se logró el pase a planta y ella facilitó la demanda del personal.
En el principio de la reunión, la concejala Giorgis sostuvo que prácticamente no había diferencia entre los «beneficios» de jubilarse con la alternativa que proponía la ordenanza y la de la ley provincial, conocida como «Ley Lezcano», porque el diputado justicialista y secretario general de UPCN la impulsó en la legislatura.
«El estado nos tiene que reconocer los años que trabajamos en negro para poder tener una jubilación digna.Estábamos por parir y nos teníamos que presentar a trabajar a cumplir, sin vacaciones ni obra social. Es tiempo de que nos reconozcan. A nosotros nadie nos regaló nada. Esa es la única solución», cruzó a oficialistas y opositores una de los voceras de los trabajadores.
«Altolaguirre nos acompañaba en las marchas y ahora que es intendente nos quiere retirar así», añadió.
Giorgis aclaró que ni la ordenanza ni la ley provincial solucionan ese problema de fondo. «Esa es otra lucha», intentó atemperar los ánimos.
«Hay gente que quiere seguir trabajando, que no se quiere ir, porque no se puede vivir con una jubilación mínima», dijo un trabajador. Una cocinera de un comedor les gritó a los ediles que se quiere ir «con una jubilación digna, pónganse de acuerdo porque me quiero ir con la mejor».
La dirigente de la CTA, Noemí Tejeda, reclamó que se deje sin efecto el proyecto del Ejecutivo. «La ordenanza los obliga a pasar a retiro pero no tienen las condiciones para jubilarse porque recién empezaron a aportar cuando los pasaron a planta. Se necesitan los aportes y no los tienen porque el estado no los hizo». «La ordenanza los deja en una precariedad absoluta en este momento tan especial. Tarde o temprano el estado se tiene que hacer cargo de los aportes», remarcó.
El secretario general del SOEM, Omar Rojas, calificó de «ordenanza caprichosa» a la iniciativa del jefe comunal. «Algunos se van a ir, se van a quedar afuera del estado, sin indemnización sino hacen los trámites en el plazo de seis meses», indicó sobre las consecuencias que tendría ese proyecto.
«No estamos sacando esta ordenanza. Estamos conversando, no queremos imponer nada», concedió Giorgis a esa altura del debate.
El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Oscar Ghandi, reclamó que «la provincia debería haberse hecho cargo» de los aportes. «El ingreso a planta después de una larga lucha tranquilizó a los compañeros. Teníamos presente luchar por eso pero solo hubo parches durante once años y ahora pasa esto. Llegó el momento de que se hagan cargo de los aportes, esto no lo soluciona ni la ley provincial ni la ordenanza», indicó.
Ghandi reconoció que en la misma situación hay más trabajadores en la provincia y otros municipios. «Pero que la solución arranque acá y que después les sirva a los 4 mil trabajadores que están en la misma situación», señaló.
La concejala Giorgis advirtió que solamente tres municipios adhirieron a la ley provincial que, en su momento, impulsó el diputado del PJ, Jorge Lezcano (secretario general de UPCN). «No somos levanta manos. No vamos a votar en contra de los trabajadores», respondió ante los reiterados reclamos de los municipales presentes en el salón.
«Con ese proyecto tiran todo por la ventana. Es el Titanic, sálvese quién pueda. Ese proyecto está mal. Si nosotros no nos movíamos, ese proyecto salía», le reprochó Claudio, uno de los trabajadores más indignados.
El concejal Roberto Torres, de Pueblo Nuevo, a esa altura expresó su postura: «Hay que desestimar ese proyecto que persigue dejarlos en la calle». «Hay que rechazar el proyecto porque los echa sin garantías de jubilarse», dijo el presidente del bloque, Araldo Eleno.
Rojas, del SOEM, contó que la iniciativa los «sorprendió» pero que rápidamente reaccionaron porque «perjudica a todos». «¿Cuál es el capricho de impulsar esto?», se preguntó.
Giorgis, finalmente, como cierre, propuso pedir el listado al Ejecutivo y gestar una reunión en la que tengan representación Anses, el ISS y el estado provincial para buscar una solución «superadora».
«Este proyecto no va a avanzar. El compromiso es que esto no va a avanzar», señaló Torres.
«No voy a votar una ordenanza injusta para los trabajadores», aclaró, por su parte, el radical Marcos Cuelle. «Pero sería hipócrita decir que la municipalidad se va a hacer cargo de los aportes, de 100 millones de pesos, porque la municipalidad no tiene la plata. Se tienen que juntar todas las partes para dar una respuesta», concluyó.
Según la ley provincial, los trabajadores se podrían jubilar mediante el Instituto de Seguridad Social (si la Municipalidad adhiriera a la Ley 2954), tendría el SEMPRE y su jubilación no tendría descuento por moratorias. Si se pone en vigencia la ordenanza de Altolaguirre, a los 60 años se jubilan por ANSES, le descuentan la moratoria, tiene PAMI y no le pagan la compensación entre la jubilación nacional y provincial.
