Para los barrios de Córdoba, comunas y alcaldes
Para descentralizar Córdoba, hay que modificar su carta orgánica, a través de una convención o una enmienda.
Para descentralizar Córdoba, hay que modificar su carta orgánica, a través de una convención o una enmienda.
Siempre está presente un debate que se clausuró en la Convención Constituyente de la ciudad de Córdoba cuando se votó, en 1995, la Carta Orgánica Municipal y se rechazó el proyecto que presentamos como convencionales, junto con el doctor Ignacio Vélez Funes.
A través de él, pretendíamos descentralizar la ciudad más grande del país, dividiéndola en una zona central y en comunas presididas por alcaldes, que durarían cuatro años en su mandato y en su gestión serían acompañados por consejos de vecinos o regidores, ad honorem; todos elegidos por votación popular. Para el área central y su centro histórico, cultural y comercial, proyectábamos un consejo asesor presidido por un secretario coordinador.
De esta manera, aspirábamos a seguir el ejemplo de las grandes urbes latinoamericanas, como Santiago de Chile, Lima, Bogotá, La Habana y Caracas; de Estados Unidos; de Europa y hasta Beijing y Shangái, de China, donde a sus autoridades distritales las eligen sus vecinos, al igual que a los intendentes o alcaldes y legisladores.
Trajo a Córdoba la idea Juan Carlos de la Peña cuando fue candidato a intendente en 1983 por la Democracia Cristiana. Más tarde, los intendentes Ramón Bautista Mestre y Rubén Martí, al ver lo inmanejable que era un municipio tan extenso, intentaron tímidamente desconcentrar la administración municipal creando los centros de participación comunal (CPC).
En ellos se instalaron oficinas administrativas dirigidas por directores y vicedirectores –punteros políticos de su entera confianza–, donde se cobran tributos y multas, se tramitan carnés de conductor y tarjetas de los colectivos, se habilitan negocios, son sede de Tribunales de Falta y reciben algunos reclamos. Pero en ellos los vecinos no estamos representados, ni nuestros problemas urgentes, ni los de nuestros barrios son atendidos ni resueltos.
La ciudad autónoma de Buenos Aires hizo luego lo que la mayoría de la convención cordobesa se negó a aprobar, y descentralizó la Capital Federal en 15 comunas, dirigidas por juntas vecinales de siete miembros, elegidas cada cuatro años por los vecinos, mediante listas proporcionales (artículo 127 de su Constitución de 1996, reglamentado por ley 1.777, de 2005, y sus límites se fijaron en 2008 por ley 2.650).
Las primeras elecciones se realizaron el 10 de junio de 2011. Esta descentralización ocurrió a pesar de que el territorio de la Capital Federal sólo tiene 200 kilómetros cuadrados (Córdoba tiene 547 kilómetros cuadrados) y apenas “100 barrios porteños” (Córdoba tiene 430, si contamos los cerrados y los de la zona rural), aunque allí viven tres millones de personas (el doble de en nuestra ciudad).
Para descentralizar Córdoba, hay que modificar su Carta Orgánica, lo que se puede hacer convocando a una convención constituyente o a través de una enmienda aprobada por dos tercios de votos en el Concejo Deliberante, y que sea ratificada luego por un referéndum.
De aprobarse, las comunas podrían tener por sede las actuales oficinas de los 12 CPC. Habría que reglamentar sus competencias, asignarles presupuesto, fijarles sus límites territoriales y el de la zona central y elaborar los padrones electorales de cada una de ellas, para así poder convocar a elecciones.
Nuestro proyecto también propuso que hubiera un defensor de los vecinos, por ser más necesario que el defensor del Pueblo provincial, por la infinidad de problemas que nos acucian, pero tampoco conseguimos que fuera aprobado.
Lo que sí se sancionó fue el voto de preferencia, para que los electores podamos indicar en las boletas los candidatos a concejales que deseamos que encabecen la lista, cuando se distribuyan los cargos según la proporción de votos obtenidos. Pero al reglamentarlo, se dispuso que para que un candidato pudiera desplazar a otro o a otros en la boleta necesitaba tener el tres por ciento de preferencias. Esto hizo que en las campañas electorales ningún candidato tratara de mostrarse mejor que sus compañeros de lista, ni ningún sufragante en los comicios indicara sus preferencias.
Ahora que se quiere hacer la “equiparación de géneros”, sería bueno que los vecinos pudiéramos elegir a las mejores mujeres y varones, suprimiendo ese absurdo mínimo del tres por ciento.
Es de esperar que el debate planteado por Miguel Siciliano y el actual intendente, Ramón Javier Mestre, nos permita reformar el ineficiente Gobierno que la ciudad tiene.
* Abogado, exconvencional constituyente municipal en 1995 y profesor emérito de la UNC y de la UCC
