Una operación de gato por liebre
El pasado 24 de julio, el Gobierno dictó el decreto 683/18 que modificó el 727/06, reglamentario de la Ley de Defensa.
El pasado 24 de julio, el Gobierno dictó el decreto 683/18 que modificó el 727/06, reglamentario de la Ley de Defensa. Básicamente: (a) estableció que la función primaria de las Fuerzas Armadas consistía en responder a las agresiones externas en un sentido lato, eliminando la especificación establecida por aquel, de que debían ser de origen estatal. Abrió así las puertas a diversas formas de actuación militar; y (b) habilitó la posibilidad de que dichas fuerzas intervinieran en asuntos de seguridad interna, violando diversas disposiciones tanto de la Ley de Defensa como de la Ley de Seguridad Interior, lo que ha dado lugar a denuncias en sede judicial y a la movilización del propio Congreso.
Exactamente una semana después dictó también el decreto 703/18 que estableció una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, sustitutiva de la sancionada durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Es copiosa en páginas y proclive a la ostentación: tiene 39 carillas. Se pasea no sin cierta liviandad sobre diversos temas: la escena global, la regional, la ciberdefensa, el narcotráfico, el terrorismo internacional, la crisis del multilateralismo, la Cuestión Malvinas. Se preocupa –y se contradice al mismo tiempo– por la posibilidad de ataques externos aunque ha dicho casi al comienzo que América del Sur se ha consolidado como una zona de paz. A partir del Capítulo III empieza una navegación sobre ondas de futuro: el instrumento militar desarrollará en tiempos de paz la vigilancia y control de los espacios soberanos, la protección de objetivos estratégicos, el apoyo a la política exterior y a la política de seguridad, etc., y fortalecerá sus capacidades para controlar el espacio aéreo, el marítimo y el terrestre. Agrega una perla: proveerá apoyo logístico en zonas de frontera “para asegurar una adecuada sinergia con las fuerzas de seguridad”. Y llega a una primera, sensata y fundamental conclusión: “El Poder Ejecutivo Nacional deberá proponer un plan para reformar el Instrumento Militar a fin de recuperar la capacidad de cumplir con su misión principal”. ¿Qué quiere decir esto? Que dicha misión sólo puede ser desempeñada hoy en una mínima medida pues las capacidades militares de nuestro país están extremadamente menguadas, como bien se sabe. De lo que surge inevitablemente una pregunta: ¿no habría que haber empezado por aquí en lugar de atosigar con la hojarasca?
Pero, claro, buscar la manera de enfrentar las falencias actuales con los escasos recursos militares disponibles en el terreno propiamente de la defensa, que es el que compete a los hombres de armas, no está en la agenda gubernamental. Por el contrario, su prioridad está en aplicarlos a la seguridad interior tratando de que no se perciba que esta decisión choca explícitamente contra el marco legal vigente y además menoscaba la función militar. Para lo cual desde hace tiempo ya viene midiendo oportunidades y lanzando sucesivas cortinas de humo. Se trata, en última instancia, de que una cosa parezca otra, de un latino quid pro quo o de hacer pasar gato por liebre, como se dice en buen castellano.
El gobierno de Mauricio Macri ha alcanzado un entendimiento con los Estados Unidos. Se trata de acomodar a la Argentina bajo el ala del águila americana, en función de lo cual se ha establecido un canje. Nuestro país se hace cargo de la preocupación norteamericana en materia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional y, a la recíproca, EE.UU. se interesa en apoyar nuestra agenda económica. Esto fue revelado –quizá inadvertidamente– por el embajador argentino en Washington, Oris de Roa, hace un par de meses, y por el entonces secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, inmediatamente después de haber visitado Buenos Aires, en febrero de este año.
¿Cuál es el principal motivo gubernamental que promueve esta operación de gato por liebre? La sustitución de gendarmes por soldados permite incrementar el número de efectivos propiamente de seguridad disponibles para actividades de control y represión de la protesta social. Una muestra de lo que está dispuesto a hacer el Gobierno en este plano se vio, en Buenos Aires, en las jornadas del 14 y del 18 de diciembre del año pasado. Hay también otras preocupaciones: cuidar las propiedades de Benetton o grandes emprendimientos público-privados como Vaca Muerta, o custodiar la reunión del G-20 que se hará también en CABA hacia fin de año, que son sólo ejemplos entre otros.
Esta operación ya comenzó hace muy pocos días con el despliegue de fuerzas militares en la frontera norte: 450 efectivos del Ejército, 40 de la Fuerza Aérea, 8 helicópteros y 2 aviones A4AR fueron desplazados en esa dirección. Y continúa en desarrollo. Los militares de tierra y los aeronáuticos probablemente lo están lamentando, pues han iniciado así el camino hacia una función subordinada: la de rueda de auxilio.
Por Ernesto López
* Sociólogo; ex embajador en Haití y Guatemala.
