Amnistía: “La peor crisis de DDHH desde la dictadura de Pinochet”
La organización propinó un duro golpe a la imagen del gobierno de Piñera, al señalar la cantidad de abusos cometidos por el Estado en 2019.
La organización propinó un duro golpe a la imagen del gobierno de Piñera, al señalar la cantidad de abusos cometidos por el Estado en 2019.
Amnistía Internacional (AI) propinó un nuevo golpe a la imagen internacional del gobierno del presidente de Chile, Sebastián Piñera, al denunciar que el país cerró 2019 “con la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)” y remarcar un “drástico aumento” del número de abusos cometidos por el Estado.
“Las fuerzas del Estado chileno intentaron justificar su uso de la violencia contra manifestantes alegando que tales medidas eran necesarias para proteger las infraestructuras y la propiedad privada frente a daños y vandalismo”, denuncia un fragmento del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en América difundido por la ONG.
“Estos abusos pasan desde el uso de armas letales contra los manifestantes, uso de munición potencialmente letal y de gases lacrimógenos “de manera injustificada, generalizada e indiscriminada”; ataques contra periodistas y violencia contra personas a las que ya se había arrestado”, agregó.
El informe se sumó a una larga lista que incluye el de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en diciembre, el Human Rights Watch (HRW) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en noviembre, que, en duros términos, denunciaron los alarmantes niveles de abusos cometidos por la Policía durante la represión de las protestas.
Amarga semana
La denuncia de Amnistía Internacional se produjo en una semana repleta de tragos amargos para el Gobierno chileno que no pudo evitar -pese a un inusual despliegue policial e inéditas medidas de seguridad- que el estallido social y las protestas se filtraran en cada rincón del Festival de Viña, evento que siguen por televisión alrededor de 250 millones de personas en todo el mundo.
Varios artistas del certamen, entre ellos el puertorriqueño Ricky Martin y la chilena Mon Laferte, expresaron sin tapujos su apoyo a las protestas opositoras que desde el 18 de octubre reclaman cambios profundos al modelo económico e institucional heredado de la dictadura de Pinochet, además de una nueva Constitución que remplace la impuesta por el dictador en 1980.
El pronunciamiento de los artistas recalentó aún más la atmósfera política, la misma semana en que arrancó oficialmente la campaña para el Plebiscito 2020, convocado para el 26 de abril, en el que los chilenos decidirán si quieren o no una nueva Constitución, así como la composición del organismo que se encargará de redactarla.
Amnistía Internacional, que envió una misión de observación a Chile a mediados de noviembre, aseguró que durante los diez días en los que rigió el estado de emergencia y en los que los militares estuvieron a cargo de la seguridad, “aumentó drásticamente el número de abusos cometidos por el Estado” y que a finales del año “las víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo a manos de los Carabineros (policía nacional), se contaban por miles”.
Más represión
La Policía chilena reprimió anteayer una nueva manifestación pacífica en la Plaza Vergara, en el centro de la costera ciudad de Viña del Mar, por considerar la protesta contra el Festival Internacional de la Canción, que se celebra esta semana en la urbe, como “no autorizada”.
Unas 400 personas se congregaron por una jornada más en las cercanías de la Quinta Vergara, lugar donde se celebra el certamen musical chileno, en el que anoche actuaban el español Pablo Alborán y el argentino Luciano Pereira.
Pacíficamente, aunque muy reivindicativos, los manifestantes se mantuvieron por horas en la plaza homónima al recinto del festival, apenas a una distancia de dos calles, justo en el acceso por donde el público iba llegando, según caía la noche.
Pese a no cortar el tránsito ni generar disturbios, la fuerza de Carabineros realizó diversas incursiones en la plaza para, en un primer momento, realizar controles de identidad a las personas congregadas, en su mayoría jóvenes, y posteriormente para disolver la protesta.
“Esta protesta no está autorizada”, se escuchó en reiteradas ocasiones en los altavoces de los carros lanza-gases que merodeaban los alrededores.
Acto seguido, centenares de agentes del Estado invadieron la zona realizando detenciones arbitrarias a diversas personas en el lugar.
Además, los uniformados utilizaron contra los manifestantes el carro lanza-aguas, popularmente conocido como “guanaco”, a pesar de que estos estaban sin realizar altercados, únicamente gritando desde el interior de la plaza.
A pesar de que las protestas en Viña del Mar no cesan, la cantidad de personas que acuden se ha reducido hasta casi desaparecer.
Bachelet pide identificar a responsables de abusos
La alta comisionada de Naciones Unidades para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, pidió mayor atención a la desigualdad y fijar responsables por violar derechos humanos en el marco de las diferentes protestas sociales en Chile.
La ex presidenta chilena afirmó que existe la necesidad de “garantizar que se fijen responsabilidades por las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas”, en referencia a las más de 12 mil personas que recibieron atención médica, según el informe de la ONU.
Bachelet recordó que su oficina envió misiones de investigación tras las el inicio de protestas en diferentes países de la región, y, en el caso de Chile, se emitió un informe de 35 páginas en diciembre con 21 recomendaciones al Estado de Chile.
Dentro de estas recomendaciones, Acnudh instó al gobierno de Sebastián Piñera a “asegurar que las personas puedan, durante las manifestaciones, ejercer sus derechos de reunión pacífica y a la expresión, sin restricciones ni riesgos innecesarios y desproporcionados para su integridad física y otros derechos humanos”.
En el caso del accionar de los organismos de seguridad del Estado, el informe recalcaba que estos deben “asegurar efectivamente que las fuerzas del orden público sigan las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en todo momento”.
En relación a estas recomendaciones, una misión canadiense de observación de derechos humanos en Chile, señaló que existía preocupación debido a que se han ignorado “las recomendaciones de las Naciones Unidas o de otros organismos”.
