El sistema previsional que viene
El sistema futuro tendrá que alejarse de una forma puramente contributiva ya que los altos y persistentes niveles de informalidad no permiten asegurar una protección amplia e inclusiva
El sistema futuro tendrá que alejarse de una forma puramente contributiva ya que los altos y persistentes niveles de informalidad no permiten asegurar una protección amplia e inclusiva
Por Sergio Rottenschweiler y Alejandro Calabria
Lo que queremos (¿o podemos?)
Por Sergio Rottenschweiler*
El sistema previsional ha sido siempre un elemento central en las discusiones políticas, sociales y económicas en la Argentina en la medida que sobre él se presentan tanto demandas a nivel individual como a nivel colectivo. Las personas esperan que los haberes jubilatorios tengan cierta capacidad de sustitución del salario, pero el Estado debe también velar por alcanzar una elevada cobertura previsional que sea sustentable fiscalmente, entre otros objetivos que se pueden presentar en términos distributivos o macroeconómicos.
En la actualidad, las distintas reformas que se han realizado en el presente siglo han dado como resultado una configuración del sistema que dista de ser estable. Una muestra de esto es cómo, en estos dos meses y medio del gobierno de Alberto Fernández, se han implementado modificaciones importantes que parecieran ser el comienzo de un proceso de transformación en la seguridad social. En este punto, una pregunta importante que nos podemos hacer es qué sistema previsional queremos (¿o podemos?) tener, sabiendo que eso puede implicar una fuerte discusión del statu quo.
La tensión entre lo que queremos y lo que podemos tener es el meollo de la cuestión. En efecto, las restricciones fiscales que se han hecho presente en la Argentina en los últimos años implican que tengamos que debatir a fondo el sistema previsional. De hecho, las primeras medidas fueron destinadas a apuntalar las cuentas de la Anses: suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, congelamiento de la reducción de contribuciones patronales y creación del impuesto PAIS del cual una parte está afectado específicamente al organismo. Sin embargo, el aumento otorgado a los jubilados (suma fija de 1.500 pesos más 2,3 por ciento) en reemplazo de lo que hubiese dado la movilidad jubilatoria (11,56 por ciento) permite ver otra cosa: el objetivo de “achatar” la pirámide de haberes. En la misma línea se encuentra el proyecto de ley que busca eliminar (o atenuar) los regímenes especiales en la Argentina.
La próxima ley de movilidad jubilatoria seguramente sea menos “generosa” que la aplicada tanto por la gestión de Mauricio Macri como por la de Cristina Kirchner. Ambas presentaban el mismo problema desde el punto de vista fiscal, que era la indexación de gasto previsional a la inflación pasada. Con un gasto previsional de 12 por ciento del PBI y que representa más del 25 por ciento del gasto público consolidado no hay lugar para una fórmula que logre mejorar los haberes (al menos no para todos) en términos reales en el corto plazo. Probablemente, la nueva fórmula intentará ser más prospectiva (mirar la inflación futura y no la pasada), además de combinar los aspectos de las fórmulas anteriores que reducían el impacto fiscal, como los aumentos divididos en un mayor número de cuotas (movilidad vigente en 2018-2019) y el tope de aumento anual relacionado con la evolución de los recursos de la Anses (movilidad del período 2009-2017).
¿Se buscará cambiar una de las lógicas más arraigadas de la seguridad social, como la promesa de cierta sustitución del haber? Quizás sí, con el establecimiento de sumas fijas, pero esto puede generar problemas desde los incentivos a aportar al sistema de seguridad social, además de la posible judicialización. Esta amenaza no es menor, ya que los intentos de establecer reformas muchas veces han sido frenados y afectados por decisiones judiciales, como el llamado Caso Badaro, que fue el que llevó a la aprobación de la ley de movilidad jubilatoria de 2008.
Algo es seguro: el futuro sistema previsional tendrá que alejarse de una forma puramente contributiva ya que los altos y persistentes niveles de informalidad no permiten asegurar una protección social amplia e inclusiva en un grupo etario vulnerable. Esto lleva a pensar qué nivel de prestaciones se puede prometer y qué financiamiento se puede tener para ello, y esa discusión debe ser clara y sincera. Seguramente estos temas estarán presentes en el debate de una futura reforma previsional.
* Economista del equipo de Seguridad Social del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento
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Mitos de la seguridad social
Por Alejandro Calabria *
La seguridad social, por los cuantiosos recursos que implica, como por la amplia cantidad de personas a las que abarca, es un tema de debate cada vez con mayor gravitación en las discusiones que se debe dar una sociedad. Nuestro país, donde la construcción de consensos, incluso los más básicos, siempre fue muy costosa, no es la excepción. Resulta menester entonces esbozar los principales “mitos”, falacias o errores que suelen empañar la discusión.
En diciembre pasado el gobierno suspendió la ley de movilidad que actualizaba trimestralmente las jubilaciones, pensiones y asignaciones para, en el plazo de 180 días, sancionar una nueva fórmula. La primera falacia en la que muchos incurrieron al afirmar que esto implicaba un congelamiento de las prestaciones. Sin embargo, recientemente se anunció que a partir de marzo todas las jubilaciones y pensiones tendrían un aumento de suma fija de 1500 pesos más un porcentaje del 2,3 por ciento, mientras que las asignaciones para niños se incrementarán un 13 por ciento. Se derrumba entonces nuestra primera falacia, pero, casi en la inmediatez, surge la segunda: “esto es un ajuste”.
El mencionado aumento implica que el 74 por ciento de los beneficios previsionales reciban un aumento mayor al que preveía la suspendida ley (11,56 por ciento) y aproximadamente un 88 por ciento obtenga un incremento mayor al de la inflación proyectada para el trimestre. Directamente se torna imposible contemplarlo como un ajuste al observar que, sumando los dos bonos de 5.000 pesos para beneficiarios del haber mínimo, y el de 2.000 pesos para niños que perciben la AUH, las erogaciones son mayores a las que hubiese habido si no se aplicaba ningún cambio. Además, la medida no debe analizarse aisladamente, sino que está acompañada de otras políticas que, implican una mejora en los ingresos disponibles de los adultos mayores y familias con niños (tarjeta Alimentar, vademécum de 170 remedios gratuitos, baja de tasa de los créditos ANSES, etc).
Bonos, mayores aumentos que al resto, tarjetas de alimentos. ¿Por qué tantas medidas adoptadas para los jubilados y niños de más bajos ingresos? Porque fueron los grandes perdedores de los últimos cuatro años y entre los niños la situación es de extrema gravedad: más de la mitad de los menores de 14 años están en la pobreza. Deben ser la prioridad número uno. Si bien la seguridad social en su conjunto se vio deteriorada en el período 2016-2019, las pérdidas no fueron soportadas de forma homogénea por todos los beneficiarios del sistema. Así, nos encontramos que, en el mencionado período, los dos quintiles de beneficiarios previsionales con ingresos más bajos (es decir, el 40 por ciento de los jubilados que menos cobran) y la AUH perdieron un 18 por ciento en términos reales, mientras el quintil con ingresos más altos, Reparación Histórica mediante, ganó un 1 por ciento.
Tampoco debe omitirse en el análisis que todas estas medidas, lejos de adoptarse en un marco de abundancia, deben tomarse en el contexto de una Anses que fue desfinanciada con medidas como el mínimo no imponible (MNI) a las contribuciones patronales y cuyo Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) perdió gran parte de su valor y en un país heredado en virtual default y prácticamente sin posibilidad de acceder a financiamiento externo. La parcial suspensión del MNI y la creación del impuesto PAIS, cuyo 70 por ciento se destinará a la seguridad social, la moratoria lanzada por la AFIP y una paulatina recuperación del mercado laboral, deberían ser los pilares para una, seguramente lenta pero esperemos constante, mejora de la situación fiscal del organismo que nuclea la seguridad social en nuestro país.
Todos alguna vez escuchamos a alguien decir “el problema es que se jubilaron personas que nunca trabajaron”. Esta premisa es falsa pues claramente que alguien no tenga aportes no implica que nunca trabajó. Muchas personas que se jubilaron a través de una moratoria se desempeñaron como trabajadores informales o realizaron trabajos no remunerados como tareas hogareñas o de cuidado. Afortunadamente, y luego de un extenso debate, la deconstrucción se logró y la mayor parte de la sociedad comprendió esta cuestión, pero el mito no desapareció, sino que mutó. En los últimos años creció, el mito de que “por más que hayan trabajado, en el mercado o en el hogar, nunca aportaron al sistema”. La seguridad social dejó de ser meramente contributiva desde hace muchos años. Actualmente, solo la mitad de los ingresos de la Anses provienen de aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, el resto se obtiene, principalmente, de recursos tributarios como el IVA, impuestos al combustible, al cigarrillo y a débitos y créditos bancarios. Es decir, absolutamente todos contribuimos al sistema independientemente de los años de aportes que hayamos acumulado al final de nuestra vida laboral. Por último, considero que la mayor legitimidad a las más de tres millones de personas jubiladas con moratorias (y aplicaría también a los cuatro millones de niños que perciben la AUH) la otorga el hecho de que el sistema previsional argentino sea público, solidario y de reparto, lo cual no solo implica una transferencia intergeneracional (activos financian a pasivos) sino también una intrageneracional, es decir, el sistema debe contribuir a disminuir las desigualdades inherentes al mercado laboral y a construir, por ende, una sociedad más justa y distributiva para todos.
* Licenciado y master en Economía.
