Incendios: los countries y el negocio del fuego intencional
“Schiaretti vive en Altos del Chateau, un country que está cerca (del centro capitalino) y que tiene ingreso a pocos metros del Complejo Ferial" (frente al estadio mundialista Mario Alberto Kempes), detalló un periodista vecino a la zona.
“Schiaretti vive en Altos del Chateau, un country que está cerca (del centro capitalino) y que tiene ingreso a pocos metros del Complejo Ferial» (frente al estadio mundialista Mario Alberto Kempes), detalló un periodista vecino a la zona. “La protección de las especies autóctonas en ese barrio es impecable, imaginate… Pero seguramente deben haber desmontado cuando eso se hizo. Altos del Chateau está a muy pocos metros de la Reserva (ecológica) San Martín que ha sido afectada por algunos incendios hace unos cinco años. Mirá, la verdad es que la Reserva está bastante vapuleada, rodeada por countries y bastante amenazada por los emprendimientos inmobiliarios”. Al final de dos semanas de incendios que consumieron 43 mil hectáreas de bosques autóctonos, y que los bomberos y ambientalistas calificaron de “intencionales”, el colega describió para Página/12 el country donde vive el gobernador Juan Schiaretti.
“Hay barrios de éstos (cerrados) que han respetado la naturaleza para construir, y otros que construyeron llamativamente después de que esos terrenos fueron prendidos fuego una y otra vez”, afirmó el naturalista Guillermo Galliano tras la denuncia que hizo esta semana. “Hay que decirlo: quemaron el pulmón verde provincial. Ya van 20 años de fuego sistemático, de destruir la fauna y la flora para seguir con sus agro-negocios o para hacer más barrios cerrados. Nos queda un 3 por ciento de lo que había”, apuntó. “Los incendios también afectan nuestra reserva acuífera, ya que las quemas en Alta Cumbres, donde tenemos el nacimiento de los ríos, el 70 por ciento del agua que va a los diques y de ahí a nuestras casas, el agua que tomamos arrastrará las cenizas y detritos (barro) del suelo que además de la contaminación, provoca más desertificación”.
En diálogo con este diario, el abogado ambientalista Darío Avila, coincidió con el diagnóstico de Galliano. Veterano en batallas contra las fumigaciones en el barrio Ituzaingó Anexo y querellante en los juicios de los familiares de los muertos y afectados por cáncer; Avila dice que “los fuegos que arrancaron en Villa La Albertina pudieron ser detenidos si había intención de detenerlos antes de este nuevo Ecocidio. Esos fuegos siguieron por Ischilín y se comieron las sierras Chicas y ahora Punilla» (coronada por el Cerro Uritorco).
-¿Qué opina de la política ambiental de Córdoba?
-¿Qué política? Lo que hay en esta provincia es una no política ambiental. Dejan hacer. Y después mandan a los bomberos que tienen que poner el cuerpo, exponer sus vidas. Está claro que se privilegia al sector agro-industrial, desarrollistas, que financia las campañas (políticas del Cordobesismo) en detrimento de los ecosistemas, de los bosques y los animales. Desde el ’95 que arrancaron con la soja transgénica en la Argentina, el avance de la frontera agropecuaria, el desarrollo inmobiliario y la ganadería intensiva, los fuegos se fueron comiendo los bosques. Y con ellos su fauna. En lo climático a lo global se le suma lo local: en verano tenemos temperaturas altísimas y hasta tormentas de arena como en los desiertos en una provincia que era muy verde, serrana, de clima casi privilegiado.
Para Guillermo Galliano la batalla por preservar el medioambiente arrancó cuando “Schiaretti quiso tratar la reforma de la Ley de Bosques sin dar participación a las organizaciones o especialistas. Quiere sólo legisladores. Y en esa modificación “hasta proponían hacer desmontes químicos, algo que es matar directamente la naturaleza. Nos opusimos. Así nacieron las marchas”.
Una de ellas, la que se califica de “histórica”, ocurrió en diciembre de 2016: por el centro de la ciudad y en una siesta ardiente, marcharon más de 10 mil cordobeses encabezados por Doña Jovita, el personaje de José Luis Serrano. El actor y militante ambiental vive en Traslasierra y conoce como pocos la geografía y especies silvestres que la habitan. Su compromiso le acarreó una denuncia judicial tan absurda como artera. Ocurrió que para un movilero de la radio más escuchada de la provincia, Cadena 3, esa tarde “había sólo unas 300 personas que crearon caos en el centro”. Cuando Serrano cuestionó la mentira, Andrés Carpio (que así se llama el reportero) le entabló un juicio “por calumnias e injurias”. Un juicio que perdió, ya la jueza Raquel Villagra de Vidal falló en su contra en marzo, arguyendo que “el cronista faltó a los mínimos preceptos de la ética periodística y tal vez fue cómplice de un intento por parte de las más robustas estructuras del poder político-económico provincial- para acallar las voces que se oponían a los desmontes de más bosques en la provincia.
El lamento de los inocentes
A las noches de las sierras en llamas, los días de ceniza y el dolor por los habitantes de las localidades serranas, se sumó el espanto de los caballos quemados y la convocatoria de veterinarios para intentar salvar a los que apenas sobrevivieron.
“Esto se tiene que terminar de una vez –siguió Darío Avila—no pueden seguir con eso de que una persona con dos encendedores en el bolsillo es la culpable de todo. Desde hace años se sabe de gente con tierras, con poder que queman o mandan a quemar”.
El periodista Daniel Díaz Romero, lo denunció en una nota que circuló por las redes “Los caballeros de la quema” que relata, entre otros casos, el de dos hermanos de apellido Berrotarán, en Altas Cumbres, vecinos al Parque Nacional Quebrada del Condorito; que “en cuatro años (2015 a 2019) iniciaron (u ordenaron encender) 208 quemas de pastizales en dos estancias: 170 incendios en Paso de las Piedras y 38 en San Alejo”. Díaz Romero refrendó su escrito ante la consulta de este diario, y ante la pregunta de cómo lograron tanta cobertura político-judicial, admitió desconocer la raíz de tanta supuesta impunidad. Aunque el apellido de los terratenientes se emparente tanto con el comercio ganadero; como otros negocios y raigambre tribunalicia.
El intendente del Parque Nacional, Germán Jaaks, denunció ante la justicia que “el último de los 208 incendios provocados intencionalmente en estas dos estancias demandó más de 2 millones de pesos provenientes de fondos públicos para financiar el operativo de dos días en el que debieron participar bomberos voluntarios de diferentes regionales (…) incluído un avión hidrante (…) también efectivos policiales, ya que los bomberos deben ingresar a los campos contiguos de la familia Becerra con escolta policial debido a las amenazas recibidas”. Siempre según el colega en su nota, “disparos al aire para intimidar”. ¿Quién o quiénes protegen a los incendiarios? ¿Y quién responde por a un empleado de salud de Cruz del Eje que fue detenido y encarcelado tres días en la comisaría de La Cumbre sólo por tener dos encendedores en el bolsillo a metros de los brigadistas?
Hoy a pesar de las bajas temperaturas y el enorme esfuerzo de los bomberos comandados por el brigadista Diego Concha (tal vez el hombre que más merezca su ministerio) el cordón serrano sigue humeante. Hiede no sólo por el aire en cenizas y los animales que con sus vientres hinchados y sus patas elevadas al cielo son testigos del infierno en que fueron quemados vivos (y a propósito); sino por el hedor que desprenden el desprecio a la vida de corporaciones inmobiliarias, algunos miembros de la Sagrada Familia Judicial (los apellidos de los dueños de los campos dicen mucho) y una política ambiental que podría resumirse en una frase del geógrafo Pablo Sigismondi, que citó el médico Raúl Ernesto Giménez: “En Córdoba hay 200 aviones fumigadores y 40 para apagar el fuego”.
Por Marta Platía
