El derecho a la identidad y la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia
La conmemoración del día de la identidad, una vez más, es motivo del anuncio de una política pública inédita y específica (recordemos que la Argentina ha sido vanguardia a la hora de lograr incorporar a la Convención de los Derechos del Niño, en los artículos 7, 8, gracias a la inmensa lucha de las Abuelas de plaza de Mayo).
La conmemoración del día de la identidad, una vez más, es motivo del anuncio de una política pública inédita y específica (recordemos que la Argentina ha sido vanguardia a la hora de lograr incorporar a la Convención de los Derechos del Niño, en los artículos 7, 8, gracias a la inmensa lucha de las Abuelas de plaza de Mayo). Qué mejor homenaje a esa lucha por la identidad de los niños, niñas y adolescentes, que sacar del limbo identitario a miles de personas que todavía son NN, con un sistema de identificación. Es decir, hacerlos personas, dignificarlos a través del Certificado de Pre-identificación para que puedan acceder a sus derechos más básicos.
Cuando a principio de año, un simple vecino de la localidad de San Miguel, Julián López, se decidió a grabarle un video por twitter al presidente Alberto Fernández, contándole su situación, ni se imaginaba que meses después, su caso iba a ser el “caso testigo” de miles de personas que, en nuestro país no pueden acceder a una asignación por carecer de DNI.
El caso de Julián, es en realidad el caso de Olga Elizabeth Argañaraz, su pareja, una joven ama de casa, que nunca tuvo documentos en sus 26 años de vida y, por lo tanto, ni siquiera podía hacer el trámite para que sus cuatro chicos recibieran la Asignación Universal por Hijo.
Cuenta Olga: «Nunca tuve DNI, mi mamá falleció cuando tenía 9 meses y mi papá cuando tenía 7 años», explica ella. Julián sintetiza el periplo de esta familia: «Como no tiene documentos, tampoco puede buscar trabajo. Lo tramitamos hace 7 años. ¿Cómo puede ser que una argentina ó argentino tarde muchos años para acceder a una identidad? Es inexplicable».
Lo inexplicable, hasta ahora, era que un papá o una mamá NN, como en este caso Olga, que tuviera varios hijos que si cuentan con DNI, no podían acceder a la Asignación para ellos, en tanto el Estado, a través de ANSES debía corroborar las identidades (solo a través del DNI) de los progenitores para asegurarse que se trataba de sus hijos o personas legalmente a cargo.
Pero en el fondo, el problema es que para un/a NN mayor de edad, que nunca tuvo DNI, lidiar con el sistema de justicia y registros civiles, es una cuestión Kafkiana; y hasta que el trámite de inscripción tardía ante los estrados llega a su fin, existe un limbo en el que el Estado no hace nada, y la persona puede estar años hasta que un juez se digne a dictar sentencia y un registro civil la inscriba otorgando el bendito DNI.
Más allá de los motivos que hicieron que Olga nunca fuese inscripta, lo cierto es que ella sí había iniciado el trámite ante la justicia. Pero ese trámite quedó en la nada. Este es el dato clave, que me parece debemos tener en cuenta: ella era NN, porque la justicia por alguna razón burocrática del proceso, no modificaba su estado.
Según cálculos oficiales, son NN entre el 0,5 y el 2% de los más de 45 millones de habitantes que, antes del censo que debía realizarse este año y se postergó por el coronavirus. Es decir, en Argentina hay entre 225 mil y 900 mil personas indocumentadas. Pero esos datos están inevitablemente conectados a los obstáculos de acceso a la justicia que son una de las principales razones que impiden inscribir un estado y registrarlo debidamente, y hacen que la persona continúe siendo NN.
En efecto, se estima que los juzgados civiles y de familias de las provincias, cuentan con muchísimas trabas en todo el país. Retardo excesivo, pero además se exige patrocinio jurídico, algo que personas en situación de vulnerabilidad no pueden acceder sin dejar de mendigar en Colegios de Abogados, defensorías oficiales abarrotas o simplemente excluyentes. La mayoría de las causas de “inscripción judicial tardía” quedan paralizadas y archivadas sin impulso. Y el resultado: personas NN que se cansan de trajinar por los pasillos judiciales (recordemos que el trámite judicial exige presentación de testigos, documentación, etc)
De allí que este tipo de políticas que anuncia el gobierno debe, inevitablemente, venir de la mano del impulso por parte de los poderes judiciales locales (los Supremos Tribunales Provinciales) de un análisis (cuali y cuantitativo) bastante riguroso, de la cantidad de causas de “inscripción tardía” (en trámite, suspendidas y paralizadas), para determinar que esas personas puedan tener -en el mientras tanto-, su sistema de Pre-DNI. Pues el sistema que acaba de anunciar el gobierno fracasaría, si esas causas siguen durmiendo el sueño de los justos, y las sentencias no recaen para inscribir de una vez, el definitivo DNI.
Pero para esto, será necesario impulsar una política nacional y provincial de acceso a la justicia que fortalezca en el llano los procesos de acceso a la jurisdicción, removiendo las trabas burocráticas y permitiendo que la administración de justicia más conservadora (que suele ser la civil y de familia) se adapte a pautas más flexibles. No olvidemos que el Certificado de Pre-identificación dura un tiempo y queda supeditado a las resultas de la inscripción judicial final.
Es evidente que este tipo de políticas, muestran a las claras que el cambio de gobierno en diciembre de 2019, implicó volver a políticas de ampliación de derechos interrumpidas en diciembre de 2015. Un paso que puede ir aun más allá, deberá tener en cuenta el rol de la justicia en las inscripciones tardías, y la necesidad de que ese poder facilite el acceso a personas que hoy ni cuentan con esa posibilidad. Caso contrario, los Certificados de Pre-identificación se van a vencer y la persona volverá a ser un NN.
Por Julián Axat
