Varios Intendentes Mendocinos del PJ quieren reunirse con la Suprema Corte
EL GOBERNADOR JUNTÓ A SU GABINETE Y A TODOS LOS INTENDENTES JUSTICIALISTAS EN SAN RAFAEL.
“Vamos a tener que presentarnos como terceros perjudicados”, dijo Emir Félix.
Los municipios justicialistas tienen previsto reunirse con los miembros de la Suprema Corte de Justicia para saber si la medida que le impidió al gobierno de Francisco Pérez tomar nuevo endeudamiento para tapar los baches financieros afectará la obra pública municipal en la que la Provincia tiene comprometidos aportes.
En caso que sea así, “vamos a tener que presentarnos como terceros perjudicados en esta causa, porque estamos siendo afectados”, adelantó el intendente Emir Félix en la reunión realizada el martes a la noche en la Cámara de Comercio de San Rafael.
Ese encuentro, similar al del viernes pasado en Casa de Gobierno, fue convocado por el gobernador, acompañado por el ministro Marcelo Costa (Hacienda) y Marcelo Barg (Agroindustria), para explicar ante dirigentes empresarios y ruralistas locales e intendentes del Sur y de Valle de Uco los alcances de la medida de la Corte y detallar la actual situación financiera de la provincia.
Félix consideró que “la Corte está determinando una situación sin evaluar que hay terceros perjudicados, por lo tanto hemos pedido esa reunión porque no tenemos notificación porque no somos parte”.
Explicó que existen obras realizadas a través de convenios entre municipios, Provincia y Gobierno nacional, donde cada parte hace su aporte, como es el caso del Promeba, y que si la provincia tiene dificultad para cumplir la suya, “nos pondrían en problemas en el desarrollo normal de la obra, resultando esto en un problema grave para el empleo en San Rafael, que tuvo un año muy difícil con la fruta y hoy la construcción de la obra pública esta tomando mucho empleo”.
En similar situación estaría Malargüe. Según su intendente, Juan Agulles, se verían afectadas obras en marcha como el Promeba u otras en proceso de licitación como las cloacas. “Si no tenemos la contraparte provincial, que es el financiamiento que se está pidiendo, difícilmente se puedan lograr, entonces esto genera no sólo un atraso en obras de infraestructura sino también en mano de obra”.
Evalúan propuesta radical
El gobernador dijo que “nosotros no podemos suspender ni despedir personal ni tampoco reducir salarios, esto agravaría la situación social, además iríamos a una pelea judicial innecesaria que la perdería el Estado por la estabilidad del empleado público, con lo cual en la estructura de costos tenemos que provocar una recesión en la obra pública”. Se mostró esperanzado que la Corte revea su medida tras un “pedido de aclaratoria” realizada en el máximo tribunal y “podamos salir adelante”.
Sobre la propuesta alternativa de la UCR, que incluye un fideicomiso de 800 millones de pesos para financiar obra pública, abrir una discusión del presupuesto en la Legislatura y la toma de algunos créditos, Pérez dijo que “nosotros la vamos a evaluar con el equipo de gobierno y también con las 3 personas que he instruido para seguir la negociación”, que son el vicegobernador, Carlos Ciurca; el ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla, y el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Jorge Tanús.
