El colapso municipal en Catamarca
La tensión política e institucional que atraviesan en plenas vacaciones estivales algunos municipios del interior anticipa el clima que se instalará en la mayoría de ellos cuando se reactive la discusión salarial y comiencen las definiciones en el orden provincial. Es la historia de todos los años: las mejoras salariales que fija la Provincia disparan la presión en las comunas por una equiparación. Este año, sin embargo, la situación ofrece dificultades objetivas más complejas. La pulseada entre el Gobierno y la pléyade de organizaciones sindicales del sector público se da en un contexto signado por una caída real de los ingresos públicos que hace imposible generalizar el aumento del 44% que se dio a los policías, logrado, por otra parte, no en mesa de paritarias sino con un ilegítimo motín. Como ya se ha consignado en reiteradas oportunidades, las dificultades económicas de la coyuntura se profundizan por los obstáculos que interpone una gestión oficial que no avanzó sobre los bolsones de privilegio que hay en la administración pública, que benefician tanto a la casta política como a amplios sectores en varias áreas donde el trabajo efectivo no tiene relación alguna con el volumen de las remuneraciones que se reclaman. La gobernadora Lucía Corpacci, en este sentido, ha anunciado la implementación de medidas de restricción del gasto público que empezarán con la depuración de los «puntos índice». Esto, adelantó, como primer paso de una reforma más profunda de la estructura estatal.
No se sabe aún cuál será el impacto económico de esta primera señal política de disposición al ajuste de gastos. Las rebeliones de municipales en el interior indican que la evaluación gubernamental sobre los efectos que tendrá el desenlace de las negociaciones salariales provinciales en las comunas. Sin tener en cuenta los eventuales aumentos, hay varios municipios en situación de quiebra, porque tienen comprometidos más recursos que los que reciben en concepto de coparticipación municipal para el pago de salarios. En tal circunstancia se combinan desmadres heredados y deficiencias de gestión de los herederos. Estas comunas sólo pueden abonar los sueldos con el auxilio mensual del Tesoro de la Provincia. Entre ellas se encuentra la de Valle Viejo, que comanda la oficialista Natalia Soria.
Es previsible que, apenas se produzcan definiciones en el orden provincial, los intendentes caerán en manada a pedir asistencia del Gobierno para trasladar las mejoras a sus distritos. Esta es la distorsionada concepción de la autonomía que rige en Catamarca: se trata de ser autónomos para gastar, pero dependientes para pagar. Así como la crisis puede ser una oportunidad para que el Gobierno avance en una reforma del sistema de la administración pública si no quiere precipitarse en la cesación de pagos, también puede servir para plantear una reformulación del sistema municipal que incluya responsabilidades concretas y parámetros para la administración de los recursos. Con la mecánica en vigencia, los jefes comunales trasladan sus conflictos al Gobierno provincial, a cuyo auxilio condicionan las soluciones. En ningún caso se proponen la modificación de sus estructuras ni la revisión de sus aparatos. No se da sólo con los conflictos salariales. Incluso para afrontar los costos de los litigios judiciales que se disparan por medidas que toman sin medir consecuencias, o para pagar deudas por servicios como la luz, recurren a la Provincia. El gasto público de los municipios también tiene que estar en la mesa de discusión de la reforma del Estado, al margen de las filiaciones políticas que tengan los circunstanciales intendentes. De lo contrario, continuará la cómoda autonomía que se aplica actualmente, esgrimida por los caciques territoriales únicamente cuando se pretende establecer algún control sobre sus administraciones, como bien quedó demostrado con el despilfarro de las regalías mineras.
Fuente: El Ancasti
