Tarifas: segmentación en el horizonte
Luego de haber autorizado un aumento de 9 por ciento en la tarifa eléctrica, el gobierno trabaja en alternativas para dejar de subsidiar a todos los usuarios indiscriminadamente.
Luego de haber autorizado un aumento de 9 por ciento en la tarifa eléctrica, el gobierno trabaja en alternativas para dejar de subsidiar a todos los usuarios indiscriminadamente.
Buscar alternativas superadoras
Por Julián Grancharoff (*)
Los últimos días estuvieron cruzados por un fuerte debate al interior del Frente de Todos sobre los subsidios energéticos en el 2021. A modo de (breve) contextualización, los subsidios energéticos alcanzaron su máximo valor como porcentaje del PIB en el año 2014 (2,8 por ciento), en 2015 se redujeron a 2,3 por ciento y en 2019 se ubicaron en el 1,1 por ciento. Desde abril de dicho año las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas por lo que, con una inflación del período del 115 por ciento, los subsidios energéticos el año pasado ya habían crecido al 1,7 por ciento del PIB. Y, según calculamos en el OCEPP, los aumentos tarifarios de este año deberían ser del 35 por ciento para que el ratio de subsidios sobre el PIB se mantenga constante en 1,7 por ciento -tal como lo afirma el Presupuesto 2021-, algo que no sucedería tampoco en el caso de que el ministro Guzmán gane la pulseada y concrete los dos aumentos del 9 por ciento.
Ahora bien, las consecuencias de estos aumentos de subsidios son, a priori, dos: un aumento del gasto público y un congelamiento del precio de energía que pagan personas y empresas. A su vez, en un contexto de fuertes restricciones financieras y colocaciones de deuda (en pesos) insuficientes para cubrir la totalidad del déficit fiscal, la contracara del aumento del gasto público es más emisión monetaria. Por su parte, un menor costo de la energía implicaría un mayor consumo de un bien que actualmente estamos importando, en un contexto de falta de divisas sustantiva para nuestro país.
Estos dos aspectos implicarían mayor presión sobre los tipos de cambio. Por un lado, incrementos en la emisión monetaria (y sobre todo en un contexto de tasas de interés reales negativas o reducidas) pueden traducirse en presiones sobre la brecha cambiaria al igual que en el 2020 lo cual, a su vez, presiona sobre el tipo de cambio oficial. Por el otro lado, subsidiar el consumo de un bien que importamos empeora el balance energético en un contexto de escasez de reservas internacionales. A modo de ejemplo, para el año 2013 el déficit energético alcanzó los 7 mil millones de dólares (cifra similar a las reservas netas actuales en el BCRA). Así, un salto cambiario sería letal para el rumbo (des)inflacionario y más que tiraría por la borda un cierto efecto anti-inflacionario del congelamiento de tarifas.
El presupuesto aprobado contiene una erogación de 623.682 millones de pesos de transferencias corrientes al sector energético, monto que será incrementado en al menos un 30 por ciento dados los aumentos tarifarios menores a los pensados por Guzmán. Es una inversión de dinero muy importante para un Estado con poquísimos recursos por lo que deberían ser utilizados de la forma más progresiva posible, sobre todo en un escenario de incrementos fuertes tanto de la pobreza como de la brecha de pobreza. Por lo tanto, subsidiar tarifas sin segmentación no parece la mejor opción dado que dichos subsidios son pro-rico, es decir, se destina un monto mucho mayor a los deciles más elevados de la pirámide social.
Así, esquemáticamente se abren tres alternativas superadoras: 1) avanzar hacia una segmentación de los subsidios que se concentren en los y las que más lo necesitan, es decir, vía una reasignación de lo ya presupuestado (se podría pensar en incluir a ciertas empresas exportadoras para ganar en competitividad), 2) segmentar y mantener los subsidios solo para los deciles más bajos lo que implicaría menores erogaciones fiscales o más recursos para otras partidas, 3) quitar (casi) todos los subsidios y utilizar todo ese dinero para otras partidas destinadas exclusivamente a los sectores más necesitados, más que compensando el encarecimiento de la energía. A modo de ejemplo, el monto de subsidios equivale a más de cinco veces el de la Asignación Universal por Hijo. Cualquiera de las tres alternativas pareciera ser una mejor estrategia dado que la actual política tarifaria es ineficiente y muy costosa tanto en términos de pesos como de dólares. Los recursos son muy escasos y las necesidades son múltiples.
(*) Economista (UBA), Magíster en Finanzas (UTDT) y miembro del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP).
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Evitar saltos bruscos
Por Marcelo Galvano (**)
La incidencia de las tarifas de los servicios públicos en el nivel general de precios se debe a su condición de precio relativo, puesto que incrementos en las tarifas no solo impactan en los costos de producción de todos los bienes y servicios de la economía doméstica, sino también en la distribución del ingreso. De modo que, incrementos en las tarifas de los servicios públicos afectarán de manera directa sobre la tasa de inflación, la actividad económica y la distribución del ingreso.
Dado que la actividad económica y los salarios registraron fuertes caídas en el último trienio, es de vital importancia que el aumento de tarifas se encuadre en un nivel que no supere el dígito a fin de no empeorar aún más la distribución del ingreso y no ralentizar la incipiente recuperación económica de los últimos meses. Asimismo, las grandes distribuidoras de energía eléctrica en los últimos años tuvieron ingresos exponenciales sin que ello redunde en una mejora de la calidad del servicio, por ello, todavía tienen márgenes suficientes para absorber parte del aumento de los costos experimentados en el último bienio.
Al respecto, la decisión de la actual administración de congelar las tarifas de los servicios públicos durante el año pasado fue pertinente, ya que la crisis iniciada en el segundo trimestre del año 2018 y profundizada por la aparición del coronavirus demandó medidas que atenuasen las consecuencias económicas de la irrupción de la pandemia. Cabe destacar, que el congelamiento llevado adelante por la gestión Cambiemos no se enfocó en preservar el poder adquisitivo de los ciudadanos ni la actividad económica, sino que fue con fines electorales.
Durante el gobierno de la alianza Cambiemos se llevó a cabo una política de reducción de subsidios con el argumento de que el déficit fiscal descendería al igual que la tasa de inflación. Sin embargo, en la etapa gobernada por la administración anterior se registraron baja proporción de subsidios energéticos con respecto al producto y alta inflación. El debate actual sobre el nivel de las tarifas radica principalmente en su carácter distributivo. Si bien, los subsidios energéticos experimentaron subas durante la vigente administración, en la actualidad se encuentran en un nivel bajo en relación con el PBI. En el supuesto de efectivizarse un aumento de tarifas menor al 10 por ciento, el peso de los subsidios energéticos sobre el PBI representaría menos del 2 por ciento.
Evitar saltos bruscos en los precios de los servicios radica en la necesidad de mantener el equilibrio entre cuidar los salarios evitando, a su vez, aumentar el «ticket» para el Estado. De este «callejón sin salida», se escapa a mediano plazo a través de la segmentación. La estrategia implicará distinguir entre el consumo de grandes usuarios (industrias y comercios de porte, además de residenciales con altos ingresos) de aquellos sectores con ingresos bajos y medios. Evitar encarecer los costos sobre las familias, pero sin incrementar la cuenta de subsidios para el Estado. En este aparente «juego de suma cero», los proveedores de servicios también deberán poner su parte. Parte de los márgenes de ganancia en algunos eslabones de la cadena de valor energética ya fueron recompuestos con los mega tarifazos de 2016 a 2018. A pesar del congelamiento del último año y medio, algunas empresas siguen teniendo colchón suficiente para funcionar normalmente sin incrementos significativos.
En definitiva, en un escenario de alta inflación e incipiente recuperación económica es de vital importancia no modificar de manera brusca el nivel de los precios relativos a fin de evitar incrementos en la tasa de inflación. Al mismo tiempo, es necesario que la actual gestión de señales de previsibilidad para que los diferentes sectores productores de bienes y servicios puedan llevar adelante sus proyectos de inversión sin experimentar aumentos bruscos de sus costos de producción. Asimismo, es menester que los salarios no continúen perdiendo capacidad de compra para preservar el tamaño del mercado interno.
(**) Economista UNdAv.
