Hidrovía: cambio de nombres pero no del plan
El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, tomó la decisión de transferir la asesoría a la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, tomó la decisión de transferir la asesoría a la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
El Ministerio de Transporte disolvió la Unidad Ejecutora Especial Transitoria Hidrovía, órgano creado especialmente para asesorar al ministro de Transporte en el proceso de licitación pública para la explotación de la vía navegable Paraguay-Paraná. Ahora, la tarea será responsabilidad de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables que forma parte del organigrama del ministerio.
La Resolución publicada en el Boletín Oficial bajo la firma del flamante ministro de Transporte, Alexis Guerrera, estableció que Puertos será el órgano continuador de la Unidad Ejecutora creada a principios de enero. De este modo, la autoridad portuaria nacional deberá asistir y asesorar al ministro de Transporte en lo vinculado a la elaboración del o los pliegos para la Licitación Pública Nacional e Internacional para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal Paraguay-Paraná.
Al momento de su creación, fue designado como titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Hidrovía el abogado especialista en derecho comercial Pablo Carlos Barbieri. Durante los meses que duró en el cargo, se encargó de coordinar reuniones analizando la evolución de la confección de pliegos licitatorios que finalmente culminaron en la extensión precaria y temporal por 90 días a la concesión que mantiene la sociedad Hidrovía S.A.
Quien a partir de hoy se encargará de seguir de cerca el proceso licitatorio de la red troncal Paraguay Paraná es el uruguayo y uruguayense Leonardo Esteban Cabrera Dominguez, un hombre de larga trayectoria en el sector. Cabrera nació en Uruguay pero se radicó y desarrolló su carrera profesional en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Al momento de ser designado como subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante en marzo del 2020, medios entrerrianos cuestionaron su designación por acusarlo de tener vínculos estrechos con las empresas agroexportadoras. Es que el subsecretario ocupó hace más de veinte años un puesto directivo en la multinacional Dreyfus. Ejerce cargos en la administración pública desde hace 25 años: estuvo al frente del puerto de Concepción del Uruguay y a cargo del Ente Administrador de Puertos de la Provincia de Entre Ríos.
Al ser consultadas por Página 12, fuentes del sector portuario que incluso fueron críticas con las medidas que tomó el gobierno nacional con respecto a la licitación de la vía navegable, calificaron como «correcta» la decisión de transferir la responsabilidad de la licitación a la Subsecretaría de Puertos. «No me da la impresión de que, por más que tenga vínculos y relaciones, incline sus intereses hacia una cuestión sectorial», explicaron, aunque remarcaron que «hay que esperar a ver qué pasa».
Desde el Ministerio justifican esta medida de unificar las acciones e intervenciones vinculadas con el procedimiento en función a «criterios operativos y de gestión de celeridad, economía, sencillez y eficacia», de acuerdo a lo que se expone en la resolución.
Hidrovía S.A.
La empresa Hidrovía S.A. administra, explota y controla desde hace 25 años la navegación de la principal puerta de entrada y salida de los granos (sobre todo soja) y materias primas que comercializa Argentina. Al igual que con las autopistas, las empresas de servicios públicos, YPF, y muchos etcétera, Carlos Menem y Domingo Cavallo privatizaron la obra permitiendo a las empresas concesionarias cobrar peaje por tonelada transportada a cambio del mantenimiento del dragado y balizado.
Se estima que se comercializan casi 100 millones de toneladas anuales y que la empresa belga Jan de Nul, asociada a la local Emepa de Gabriel Romero, factura 300 millones de dólares por año. En el Paraná también operan puertos privados de las principales empresas exportadoras de granos, como Vicentín. El Estado no controla.
El contrato venció el 30 de abril último, y se estableció una prórroga de 90 días que sostuvo en funciones al consorcio presente, pero a la espera de que se abra un nuevo proceso licitatorio.
