El foco puesto en el Presupuesto 2022
Un análisis de la evolución de gastos y ingresos de acuerdo a las proyecciones formuladas por el Ministerio de Economía. ¿Cómo podría influir el acuerdo con el FMI?
Un análisis de la evolución de gastos y ingresos de acuerdo a las proyecciones formuladas por el Ministerio de Economía. ¿Cómo podría influir el acuerdo con el FMI?
Debatir la reforma tributaria
Por Julieta Izcurdia (*)
La presentación del presupuesto para 2022 es una nueva oportunidad para discutir cómo se recaudan y distribuyen los fondos públicos. Las proyecciones del gasto para 2022 nos muestran que es un 9,5 por ciento más alto que el presupuestado originalmente para este año (ajustado por la inflación estimada por el gobierno para 2021: 45,1 por ciento). Sin embargo, si se lo compara con el presupuesto vigente para el mes de septiembre -después de hacer modificaciones al presupuesto sancionado el año pasado-, la asignación para el año próximo cae un 3,7 por ciento.
El mayor porcentaje del gasto está destinado a servicios sociales (66,6 por ciento), una tendencia que se sostiene a lo largo de los años y había sido profundizada en 2021. Para 2022 vemos un aumento del 14 por ciento en servicios de la deuda pública con relación al presupuesto vigente de 2021 y una reducción del 2 por ciento en servicios sociales. Dentro de esta finalidad, hay caídas de más del 20 por ciento en las funciones Salud y Trabajo, y aumentos similares en Agua Potable y Alcantarillado (29,8 por ciento) y en Ciencia y Técnica (17,5 por ciento).
Dos de las partidas más importantes en materia de protección social, la AUH y la Tarjeta Alimentaria, se mantienen con asignaciones similares al monto vigente en 2021, mientras que se observan reducciones significativas en políticas como Acciones de Empleo (-59,6 por ciento), Seguro de Desempleo (-28,3), Complemento Alimentario (-58,4), Comedores Comunitarios y Merenderos (-33,8), Abordaje Integral de Barrios Populares (-26,9), y partidas destinadas a atender el Chagas (-20,8 por ciento), entre otras. Estas reducciones son preocupantes porque se trata de políticas relevantes para garantizar los derechos de personas en situación de vulnerabilidad.
Además de las proyecciones de gasto directo, en el Proyecto enviado al Congreso se estiman los gastos tributarios o indirectos, es decir, los recursos que el gobierno dejará de percibir al otorgar beneficios impositivos a ciertos sectores. La estimación de estos beneficios es de 1.587.258 millones de pesos: más de cuatro veces la inversión en la AUH, que alcanza a más de 4 millones de niñas y niños en situación de pobreza. De ese monto, que equivale al 2,6 por ciento del PBI y el 12 por ciento del gasto, la mitad se explica por deducciones y exenciones en el cobro del IVA y un quinto por el Impuesto a las Ganancias, como la injusta exención a jueces y juezas (con una pérdida de 72.914 millones de pesos, más de lo que invirtió hasta ahora el gobierno en vacunas para enfrentar la Covid-19). Un décimo de los gastos tributarios son resultado de beneficios por el Impuesto sobre los Combustibles y el resto por regímenes especiales, como el de promoción de la actividad minera.
A pesar de ser muy costosos, estos beneficios fiscales no se discuten en profundidad como sucede con los programas de gastos directos, sino que se informa al Congreso de su existencia y, con suerte, se ofrece una estimación de sus costos, porque para algunos ni siquiera se informan estos datos. El bajo nivel de debate explica que muchas veces se conviertan en privilegios para sectores económicos poderosos. A diferencia de los programas de gasto directo, para los que contamos con datos sobre sus fundamentos, costos, personas beneficiarias e instancias de control y rendición de cuentas.
En un país en el que el 20 por ciento más rico acumula la mitad del ingreso total y más del 40 por ciento vive en la pobreza, con apenas el 14 por ciento del ingreso total, no sólo necesitamos un gasto público progresivo, sino también un sistema tributario equitativo. Sin embargo, Argentina recauda más (en términos proporcionales) de los sectores que menos tienen en lugar de hacerlo sobre los de mayores ingresos y riquezas. Ello se debe, entre otros motivos, al fuerte peso que tienen los impuestos al consumo -como el IVA-, al bajísimo peso de los impuestos patrimoniales -que gravan la riqueza acumulada de las personas que más tienen, pero representan menos del 1 por ciento de la recaudación nacional-, a los elevados gastos tributarios y a los débiles mecanismos para controlar la evasión.
Los impuestos son las herramientas más sostenibles y eficaces para obtener recursos. Al recaudar, el Estado puede redistribuir la riqueza y reducir la desigualdad, pero eso sólo podremos lograrlo si nos tomamos en serio el compromiso de avanzar hacia una sociedad más democrática e igualitaria. El proyecto de presupuesto para el año próximo muestra un intento tímido en este sentido al aumentar levemente la recaudación en Ganancias (0,61 por ciento) y en Bienes Personales (0,19 por ciento).
Para contar con fondos suficientes que permitan enfrentar la crisis y sentar las bases para revertir la desigualdad estructural en que vive la mitad de la población, en lugar de seguir sosteniendo el injusto patrón de recaudación actual, el Estado debe redistribuir la carga impositiva hacia los sectores más ricos y eliminar los privilegios fiscales. En un contexto de fuertes discusiones por las restricciones externas y las negociaciones con el FMI, hoy más que nunca deberíamos dar el postergado debate hacia una reforma tributaria progresiva.
(*) Abogada y coordinadora del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
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¿No hay alternativas?
Por Martin Burgos (**)
En los análisis posteriores a la derrota electoral del oficialismo en las PASO, se apuntó a la política económica como uno de los elementos explicativos de la situación, poniendo en tensión los equilibrios internos de la coalición gobernante. Si bien fueron ratificadas las autoridades responsables en la materia, el envío del presupuesto al congreso dio pie a numerosos comentarios respecto de la existencia de un ajuste fiscal en el último año.
Si consideramos el ajuste como una reducción de gastos públicos, en los datos esto no se verifica ya que se incrementaron en términos reales este año respecto del anterior, y tampoco se nota una subejecución presupuestaria en términos generales. A su vez, el incremento de la recaudación se debió a la mejora de las condiciones económicas y al ingreso extraordinario por el Aporte Solidario, lo que explica el cuasi equilibrio fiscal actual (1 por ciento de déficit primario).
Pero si consideramos el ajuste como una reducción de salarios, en ese caso hay que buscar el responsable por el lado de la política cambiaria más que fiscal. En efecto, uno de los principales efectos del incremento del dólar oficial de 60 pesos por dólar en diciembre 2019 a 100 pesos en abril 2021 es generar una inflación de más de 3 por ciento mensual que sobrepasó las proyecciones del presupuesto de este año. De esa forma, luego de 3 años de caída de salarios, el presupuesto indica que en el primer semestre de 2021 el salario real se incrementó 0,8 por ciento, confesión que releva de cualquier otra prueba.
En una situación social compleja, sumada a los fantasmas políticos de vuelta del macrismo en 2023, desde varios espacios de la coalición gobernante se habla de un “ajuste”. La crítica apunta a poner en dudas los objetivos de un sobrecumplimiento del equilibrio fiscal dado el deterioro de la situación social en un año electoral. En efecto, llama la atención que el déficit fiscal previsto para este año era mayor (4,2 por ciento) del que tendremos, sin contar gastos por la Covid-19. ¿No será más útil usar ese espacio fiscal para redistribuir el ingreso hacia las clases populares?
A esto se le suma un presupuesto 2022 similar al que se votó para 2021, tanto en el espíritu como en las partidas, dando muestra de una continuidad en la senda fiscal. Con razón, la política pide volver a plantearse como prioridad frente a la economía: de nada sirve un Acuerdo con el FMI si se pierden las mayorías en el Congreso en el cual se deberá debatir para su aprobación. La paradoja es que ese Acuerdo probablemente condicione algunas partidas presupuestarias en los años futuros, o comprometa el Congreso a la aprobación de ciertas leyes, como el Fondo estila en estos casos, devolviéndoles a los economistas su preponderancia sobre la política.
Esa paradoja es tal vez la que explica que, si el resultado electoral fue provocado por los factores socioeconómicos, ningún funcionario del área haya sido removido. Pareciera que la política se encontró sin respuestas ante la situación heredada por el macrismo, y se encuentra encerrada en una ecuación en la cual es necesario redistribuir para sostener el buen funcionamiento democrático, y la existencia de fuertes restricciones derivadas del pago de la deuda externa.
Es conocido que el presupuesto en Argentina conoce una gran flexibilidad por la estimación de la inflación y el crecimiento, a lo que se agrega el supuesto sobre la Covid-19, y para el 2022 la incertidumbre respecto del acuerdo con el FMI. En el proyecto de presupuesto se hace el ejercicio de cuales recortes se debería hacer en el gasto público si se pagará la deuda con el FMI tal como fue pautada por Macri, pero no se realiza ningún supuesto respecto de cómo afectarían los gastos un Acuerdo con el Fondo. Y esa gran incógnita es el elefante blanco del cual no se habla en Argentina: ¿Cómo vamos a pagar la deuda externa? Esa parece ser el laberinto en el cual se encuentra la coalición gobernante, entre una deuda impagable cuya negociación tendrá seguramente más puntos negativos que positivos, y la necesidad política de darle un futuro a nuestro país.
(**) Coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación.
