El crecimiento de la venta callejera
Las recurrentes crisis económicas han llevado en los últimos años a un crecimiento de la venta informal. ¿Cómo se debe posicionar el Estado frente a esta situación? ¿Declararla ilegal y perseguirla es la solución?
Las recurrentes crisis económicas han llevado en los últimos años a un crecimiento de la venta informal. ¿Cómo se debe posicionar el Estado frente a esta situación? ¿Declararla ilegal y perseguirla es la solución?
Rebusque en tiempos de crisis
Por Mariano Perelman (*)
¿Qué es la venta callejera? y ¿qué la diferencia de los demás tipos de venta? Para definirla existe un trabajo de demarcación -que se disputa continuamente- donde se recorta una práctica dentro de una larga cadena de relaciones. En este ejercicio de demarcación parecería que la venta callejera se limita al producto final expuesto sobre mantas, puestos o simplemente colgando del brazo de alguien. Sin embargo, los productos que se ofrecen en la vía pública pasan por decenas de manos y son muchos los actores que forman parte de este circuito.
La caracterización de “ilegal” de la venta callejera tiene su contrapunto: al “ilegalizar” algunas actividades, se legalizan otras. Cuando ello ocurre, no solo se recorta la cadena, sino que, al mismo tiempo, suelen ocultarse las prácticas “ilegales” de la “economía formal”. La economía informal no puede verse como contrapunto de la economía formal sino que es parte de un continuum de prácticas constituida por procesos legales e ilegales. La legalización e ilegalización son parte de usos de la ley para establecer límites. Lo que se pone en juego son a veces las personas, a veces los productos, a veces los espacios.
La venta callejera como venta “venta ilegal” -forma en la que suelen referirse ciertos grupos- remite, sobre todo, a un modo de ver el mundo. Y para ello se hace uso del discurso de la “ley”. No estoy marcando aquí un uso maniqueo. Existen valoraciones de ciertas actividades y formas económicas como “legítimas” mientras que otras no. Quizás el ejemplo más claro hoy sea el “dólar blue” que algunos llaman “dólar libre” mientras otros “dólar ilegal”. Los mismos actores que acusan de ilegal ciertas prácticas construyen a una práctica “ilegal” en legítima. Las prácticas pueden legalizarse o ilegalizarse. Una actividad que antes era ilegal puede pasar a ser legal o viceversa. Antes que la mano invisible del mercado aparece la ley -pero no de forma abstracta sino concreta- como constructora de la “economía”.
Es innegable que en la última década la venta ambulante ha adquirido notoriedad pública. En parte se debe al crecimiento tanto en “facturación” como de personas que compran y venden. Este crecimiento se ha mantenido durante épocas de crecimiento económico como los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner como contracción económica como en el de Macri. En parte se debe al modo en que la venta callejera se configuró como un problema público. Por ejemplo, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios hace un relevamiento sobre la cantidad de “puestos” de “venta ilegal callejera”. La lectura de informes (que se encuentran en la página web). En 2015, por ejemplo, relevaban 2455 puestos promedio mensuales. En 2019, 534 (un 150 % más que en 2018). Estos registros sin embargo miden “puestos”. Esto no nos habla tanto de la dimensión de la venta callejera sino de la forma de medirla y de la posibilidad de localizar “puestos” en los relevamientos. Estos datos poco nos dicen del funcionamiento de la “economía” informal / formal y del modo en que se configuran diferentes mercados de consumo.
El crecimiento o disminución no tiene una sola “causa”. Por un lado, la mejora económica de todos los sectores sociales generó las condiciones para un mayor consumo que se expresó tanto a nivel formal como informal. Pero también la venta informal ha sido un rebusque en momentos de crisis. No debemos dejar de lado que una misma actividad puede significar cosas diferentes en momentos distintos. Lo mismo ocurre con las personas que la realizan. Dentro de la venta existe una multiplicidad de grupos sociales que reconocen su tarea de manera diferente: algunos lo ven como un rebusque temporal, otros como un oficio.
Lo cierto es que abordar la venta callejera como una tarea “informal” y/o “ilegal” no es un acto inocente. No sólo no hace justicia con las maneras en que los procesos sociales realmente ocurren sino que tiene consecuencias profundas en las formas de acceso a recursos, a formas de reconocimiento y a formas de pensar lo que es una vida digna.
(*) Doctor en Antropología (UBA) e investigador del Conicet.
——————————————————————————————-
Un flagelo a erradicar
Por Salvador Femenia (**)
La problemática de la venta ilegal, entendiendo como tal todo formato que no cumple con las reglamentaciones vigentes en cada distrito para la habilitación de un comercio, en la Argentina es de vieja data.
Las entidades gremiales que representamos a la pymes, tanto cámaras locales como federaciones provinciales asociadas a la entidad nacional, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la mayor entidad PyME del país, llevamos a cabo una lucha contra el comercio ilegal que consideramos desigual por el nivel de organización y sofisticación alcanzado por quienes llevan adelante este formato de comercialización verificándose en la actualidad su incursión por redes sociales.
A pesar de ello debemos destacar varios hechos relevantes que han demostrado el poder de nuestras entidades como fue la sanción por el parlamento de la Provincia de Buenos Aires en el año 2012 de la llamada ley de “saladitas” en referencia a los paseos y/o ferias de compras no artesanales por iniciativa de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia de Raúl Lamacchia y con el apoyo de sus cámaras de base; el desmantelamiento de buena parte de ”La Salada” en el Partido de Lomas de Zamora considerada la feria más grande de Sudamérica que se transformó en el paradigma del comercio y que fue la culminación de un largo proceso donde se articularon acciones de Nación, Provincia, Municipios y entidades pymes como la Cámara Regional de Comercio e Industria de Lomas de Zamora, FEBA y CAME, el desalojo de los manteros del Once por una fuerte decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fuerte respaldo de CAME y FECOBA, además de destacadas acciones de cámaras de comercio locales a lo largo y ancho del país.
Aún así, en los últimos años se verifica que, lejos de disminuir este flagelo se ha ido extendiendo producto de las recurrentes crisis económicas y los insuficientes controles por partes de los gobiernos locales destacando varios distritos donde se comprueba una fuerte decisión política de ir contra este formato de comercio. Al mismo tiempo las pymes que cumplen con todos los requisitos de funcionamiento, pagan impuestos y tasas y deben afrontar el costo de empleados y de estructura se ven sometidas a una cada vez mayor presión tributaria consolidada (Nación, Provincias y Municipios), que en este proceso de recuperación de la economía es altamente perjudicial.
El comercio ilegal significa un fuerte perjuicio al tejido social, menor recaudación impositiva, trabajo ilegal, explotación de personas por parte de verdaderas organizaciones delictivas, falta de seguridad en productos de consumo humano y medicamentos, violación de derechos de marca y de propiedad intelectual y afectación a la producción local por efecto del contrabando de mercaderías.
La gran presión tributaria antes mencionada y la gran cantidad de regulaciones existentes para generar un emprendimiento es una invitación a la informalidad, ya que buena parte de iniciativas destinadas al autoempleo en la mayoría de los casos cuentan con escaso capital.
Nuestras entidades gremiales PyMES tienen la convicción de que debemos continuar bregando por la erradicación del comercio ilegal en todos sus formatos ya que como se ha mencionado solo trae perjuicios a la sociedad en su conjunto, a la economía y al Estado, condenando a su vez a millones de personas a la marginalidad para la obtención de su sustento. Esto no será posible si todos los actores públicos y privados no actúan en la misma dirección y con la suficiente determinación para terminar definitivamente con este flagelo.
Pretendemos y estamos convencidos que el crecimiento de la economía debe concretarse por el lado de la legalidad y para ello deberán encararse todas las reformas necesarias y cambio de regulaciones que además de los inconvenientes y la inversión de tiempo para su cumplimiento no resulte en una excusa para operar fuera del sistema. Será el mejor camino para la inclusión y la equidad social.
(**) Directivo de CAME.
