Ambientalistas exigen al intendente que revea el decreto sobre el uso de agroquímicos en Rosario
Las organizaciones ponen bajo la lupa la reglamentación firmada por el intendente. Presentaron una nota ante el Concejo y este martes lo harán en el Palacio de los Leones.
Las organizaciones ponen bajo la lupa la reglamentación firmada por el intendente. Presentaron una nota ante el Concejo y este martes lo harán en el Palacio de los Leones.
Los mismos ambientalistas que hace más de una década participaron en el Concejo Municipal del debate que dio como resultado la ordenanza para el uso de fitosanitarios en la ciudad y que esperaron pacientemente por más de una década la reglamentación de esa normativa, exigen tanto a los concejales como al intendente Pablo Javkin que revea justamente el decreto que firmó en el inicio de este año. Ya en enero, Eduardo Rossi, técnico químico e integrante de la organización ecologista Equística, había considerado la letra chica firmada por el intendente como «una reglamentación lavada, que deja huecos y artículos sin reglamentar» e incluso en algunos aspectos la consideró «regresiva». Ahora enmarcados en la Multisectorial Paren de Fumigarnos elevaron el pedido formal a los ediles para que revisen el decreto y este martes presentarán la misma solicitud ante el intendente.
Además de la prohibición del uso de glifosato establecida en 2017 y aún vigente, Rosario debatió fuerte en 2011 en el Concejo Municipal el uso de fitosanitarios, una discusión que quedó plasmada ese mismo año y con la participación de organizaciones no gubernamentales en la ordenanza Nº 8.871.
Recién en enero de este año, esa normativa vigente desde entonces cuenta con un decreto reglamentario que fue varias veces reclamado por los ambientalistas y que lleva la firma del intendente Pablo Javkin. Allí, se establece la llamada “frontera agronómica”, es decir las distancias para el uso de fitosanitarios en las zonas no urbanizables de la ciudad que se utilizan para el cultivo.
Para los actores del Ejecutivo municipal, es una herramienta sumamente necesaria para la fiscalización y desarrollo del proyecto de agricultura agroecológica que Rosario ya lleva adelante con productores del cinturón verde; sin embargo, los ambientalistas -con mayor o menor énfasis- no dejan de hacer observaciones a la letra chica del decreto y ahora incluso, piden tanto al Concejo como a la Intendencia que ese decreto sea revistado.
Un pedido formal
Si bien tras varios años de reclamo para que la reglamentación se concrete, las primeras apreciaciones de los ambientalistas a los pocos días de conocido el decreto no ahorraron críticas, en las últimas horas, las organizaciones que forman parte en la provincia de la Multisectorial Paren de Fumigarnos cursaron el pedido de revisión formal al Concejo y este martes lo harán a la Intendencia.
«Es sabido que dicha ordenanza pregona la protección de la salud, el ambiente y la producción», recuerda la nota rubricada por las ONG y hace una pequeña historización de lo que fue el debate sostenido en 2011.
«En su momento con mucho esfuerzo y discusión constructiva se tomó como base la prohibición de la aerofumigación-pulverización de agrotóxicos y prohibición de las fumigaciones-pulverizaciones terrestres de dichos venenos a 1000 (mil) metros alejados de los rosarinos», recuerda el texto, que sin embargo también hace hincapié en que a «ultimo momento, fuera de lo estipulado científicamente con total impunidad, se determinaron distancias mínimas irrisorias que no ayudan ni a la salud pública ni a la producción sana de los rosarinos».
Ya con ese marco previo, la multisectorial remarca que «la regresión» que viene a significar la reciente reglamentación.
«Ahora con asombro vemos su reglamentación por decreto N°0070 de enero 2022 que fija una zona regresiva, violatoria e irrisoria de tan solo de 50 metros cuando queda claro que para hacer una agricultura agroecológica y orgánica debe contemplarse mayores distancia», agrega el texto y se refiere además a los cursos de agua.
«Retroceder arbitrariamente de mínimos 100 metros a 50 metros va en contra también de mayor protección de los vecinos como de los espejos de agua de los arroyos Ludueña y Saladillo generando además plena violación a la ley general del ambiente», detalla entre los fundamentos de la solicitud para pedir la revisión de la normativa.
