La deuda del agua: en 2023 llevarán el servicio a ocho barrios y 1.800 familias rosarinas
La provincia firmó un convenio con Nación por 282 millones de pesos. El 98 por ciento de las más de 35 mil familias que habitan las más de cien barriadas de la ciudad no tiene acceso al servicio más elemental
La provincia firmó un convenio con Nación por 282 millones de pesos. El 98 por ciento de las más de 35 mil familias que habitan las más de cien barriadas de la ciudad no tiene acceso al servicio más elemental
Rosario concentra el 40 por ciento de las familias de toda la provincia que habitan los barrios populares, donde en el 98 por ciento de los casos las conexiones para llevar agua a las viviendas son de «todo tipo, tamaño, forma y color», como lo admite la ministra de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Silvina Frana.
Prácticamente en ningún caso se trata de la red de agua potable que asiste al resto de la ciudad. Con ese saldo deudor por parte del Estado y un proyecto cerrado con Nación de más de 282 millones de pesos, la provincia se propone avanzar en la extensión de la red de agua a ocho barrios del oeste rosarino y alcanzar así a por lo menos 1.800 familias.
Se trata de los barrios El Sol, Amistad, La Cava, Libertad, La Tacuarita, Quinta, Moderno (también llamado Vía Honda 2) y Roca, asentados en la zona oeste, en el sector delimitado por Circunvalación, bulevar Seguí, Avellaneda y las vías del ferrocarril.
Todos estos barrios están incluidos en el convenio que Santa Fe rubricó en la última semana con Nación, en el marco de un proyecto para la integración socio urbana de los barrios populares, a partir del cual se financiará una obra de 282,3 millones de pesos que permitirán la extensión de la red de agua para llegar a los barrios y la concreción de las conexiones domiciliarias de las 1.800 viviendas.
«El agua potable es una prioridad, porque además está asociada a la higiene y la salud de la población», dijo la ministra de Infraestructura santafesina y señaló que «de los servicios, el agua es un derecho humano y la pandemia dejó ver a las claras la importancia que estas obras van a tener en la población, lo que también se va a potenciar cuando esté terminada la obra del Acueducto del Gran Rosario, que impactará positivamente en toda la provincia».
El mapa de los barrios populares
La posibilidad de avanzar con las obras de infraestructura en los sectores más vulnerables, donde casi la totalidad de las 87.500 familias que los habitan en toda la provincia y las 35 mil de Rosario lo hacen sin conexiones formales de agua ni luz, tiene su origen en la ley de nacional de barrios populares sancionada en 2018 a partir de la cual se llevó adelante un registro en todo el país y diferentes acciones sobres esas zonas.
Justamente el Censo de Barrios Populares realizado a nivel nacional fue la herramienta que mostró que en Santa Fe son 408 las barriadas y que allí viven más de 87.500 familias, con un promedio de entre 4 y cinco integrantes cada una, una población que en una proporción del 40 por ciento se concentra en cien barrios de Rosario y en las más de 35 mil familias que los habitan.
Si bien hacia afuera de esos sectores y tomando el mapa total de la ciudad la cobertura de la red de agua, de acuerdo a los datos oficiales de Aguas Santafesinas SA (Assa), alcanza a más del 99 por ciento de la población y la de cloacas al 90 por ciento, los números cambian brutalmente cuando la lupa se pone sobre las barriadas.
«En esos barrios el 96 por ciento no tiene acceso formal a luz eléctrica y el 98 no tiene acceso a la red de agua, aunque existan conexiones de todo tipo, tamaño, color y forma para poder llevar el agua a las viviendas», indicó Frana.
En ese contexto es que la provincia en colaboración con la Universidad Nacional de Rosario (UNR), vienen trabajando en el desarrollo de un conjunto de proyectos que se están presentando en la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para poder «realizar diferentes tipos de intervenciones en estos barrios», explicó Frana.
«El objetivo es que esta primera obra venga acompañada de otros proyectos de energía eléctrica y trabajos de urbanización», señaló la funcionaria, aunque dejó en claro que para lograr el acceso a los fondos de Nación, cada una de las iniciativas «demanda tiempo».
Los plazos
La ministra explicó que «el proyecto ejecutivo está hecho y los trámites avanzados en la Secretaría de Integración» de la Nación, aunque así y todo queda un trecho por delante de trabajo conjunto con Assa y el llamado a licitación de las obras.
Frana anticipó que la intención de la provincia es tener la obra ya iniciada para diciembre de este mismo año, aunque no dejó de referir «el difícil contexto que atraviesa el país y lo complejo que se hace establecer fechas».
Lo cierto es que con esa estimación y un plazo de trabajo previsto en el mismo convenio de 12 meses, las extensiones y conexiones deberían estar terminadas para finales del 2023.
