Amplio acuerdo para modificar y prorrogar ley para urbanizar barrios populares
La iniciativa propone en algunos de sus puntos prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años, fortalecer el acceso a los servicios públicos garantizando una tarifa social y declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental por el plazo de dos años.
La iniciativa del Poder Ejecutivo obtuvo dictamen de mayoríaen el plenario de comisiones. La iniciativa propone en algunos de sus puntos prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años, fortalecer el acceso a los servicios públicos garantizando una tarifa social y declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental por el plazo de dos años.
Un amplio acuerdo político permitió este miércoles firmar un dictamen de mayoría en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para reformar la ley de integración socio urbana de barrios populares, aprobada en 2018, y prorrogar por diez años la suspensión de los desalojos que vencen el próximo 15 de octubre, lo que permitirá avanzar rápidamente con la sanción de esta iniciativa.
El debate del despacho se realizó en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Hernán Pérez Araujo; de Presupuesto, a cargo de Carlos Heller; y de Legislación General, encabezada por el legislador oficialista Lucas Godoy.
El despacho fue respaldado por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, y Provincias Unidas.
Los detalles del proyecto
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que comenzó a debatirse la semana pasada, propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda), y agilizar los procesos administrativos.
A través de la iniciativa también se busca fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Al abrir el debate, el diputado del Frente de Todos Federico Fagioli (Patria Grande) afirmó que es «indispensable aprobar este proyecto porque necesitamos actualizar, mejorar y profundizar esta ley para poder seguir implementando una política» que «nos ha permitido llevar adelante un proceso de inversiones concretas para resolver algunos de los déficits internos de nuestro país».
En tanto, la diputada de Juntos por el Cambio Silvia Lospennato defendió la iniciativa sancionada en 2018 al sostener que «fue un paso muy importante» en procura de la urbanización de los barrios populares y señaló que «estamos en camino a construir una política de Estado, que deberá sobrevivir muchos gobiernos, ya que la urbanización de estos más de 5.000 barrios populares nos va a llevar unos 20 años».
A su vez, la legisladora del Interbloque Federal Graciela Camaño dijo que es necesario «ratificar una política de Estado para los más desposeídos» y señaló que «entre todos pudimos avanzar en una redacción que nos satisfaga a todos para que pueda llegar a ser algo fructífero».
La legisladora Natalia Zaracho del FDT (Patria Grande), por su parte, aseguró que la ley sancionada en el 2018 «nos permitió tener un certificado de vivienda» y remarcó que «implica que podamos tener un DNI, que el correo llegue a una dirección, que las compañeras que sufran violencia de género puedan pedir un patrullero, que podamos hacer que entre la ambulancia».
En el plenario que se hizo la semana pasada, los diputados recibieron a funcionarios y referentes barriales que explicaron los principales argumentos de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.
En ese encuentro, Fernanda García Monticelli, subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales del Ministerio de Desarrollo Social, recordó que «hasta el año 2016 no existía información oficial sobre la cantidad de barrios populares existentes, las condiciones de vida de sus habitantes y la situación sobre acceso a servicios».
En esa oportunidad destacó que actualmente hay 764 proyectos de integración activos o ejecutados, 11.542 lotes con servicios como parte de la generación de nuevo suelo urbano y 1.437 construcción de viviendas para relocalización. Además, hay más de 670.000 personas beneficiadas con proyectos de integración, generando 163.000 puestos de trabajo.
El proyecto de ley busca actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares, la prórroga de la suspensión de desalojos como garantía para la implementación de la ley y resguardar el derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública (10 años).
Asimismo, la iniciativa apunta a declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.
