San Pedro: Declaran la Emergencia Administrativa y recortan hasta teléfonos de funcionarios
Complicado por falta de recursos, el intendente Pablo Guacone decretó la reducción de gastos en distintas áreas. Disminuyó horas extras, recortó los teléfonos de funcionarios y autorizó la revisión de todos los contratos vigentes, entre otros aspectos.
En una medida de última instancia, el intendente K de San Pedro, Pablo Guacone, dictó este viernes la Emergencia Administrativa en el municipio con el objetivo de salir de la grave situación económica, fin para el que recortó horas extras, gastos de representación para la planta política y hasta los teléfonos para funcionarios.
De acuerdo al decreto, la Emergencia, dictada hasta el 31 de diciembre de 2014, se sustenta en un “desequilibrio estructural en las cuentas públicas” del municipio, provocado, según consigna, “por la falta de ingresos suficientes para alcanzar cubrir los costos de prestación de los diversos servicios a los contribuyentes”.
Como argumento de la Emergencia, se cita entre otros fundamentos, el rechazo de la última rendición de cuentas correspondiente al Ejercicio 2013 y el déficit que arrastra el municipio “de ejercicios anteriores” a partir de distintos endeudamientos, una forma de apuntar a su antecesor Mario Barbieri, hoy opositor desde el radicalismo.
La Emergencia suma un nuevo capítulo en la realidad política de San Pedro. Guacone se mantiene en el cargo a partir de una medida cautelar que frenó en 2013 la Comisión Investigadora conformada en el Concejo Deliberante, que lo investigaba por una treintena de irregularidades en la función pública.
A esa situación se le suma la falta de una fuerza propia en el Concejo a partir del distanciamiento con gran parte de los ediles kirchneristas y la mala performance electoral el año pasado, una posición que lo alejó de los primeros puestos y que marcó una suerte de vacío de poder.
En medio de un panorama que no mejoró desde entonces, el jefe comunal utilizó la Emergencia Administrativa para avanzar con recortes que incluso alcanzan a su planta política, que verá reducida en un 20% las bonificaciones por Gastos por Función y Representación, además de los servicios de telefonía móvil, que se transferirán a nombre los funcionarios asignados “oportunamente”.
No obstante, tiene medidas aún más controvertidas. Por la Emergencia, Guacone autorizó a la Secretaría de Hacienda a “revisar” las condiciones de la “totalidad de los contratos referidos a compras y contrataciones de bienes, suministros y locaciones de obras y/o servicios, vigentes y que se encuentran en curso de ejecución”
La revisación implica la suspensión, modificación, anulación, rescisión de las contrataciones en cuestión, “en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la Asesoría Letrada”.
A su vez, mediante la Emergencia, el municipio limitará “hasta un máximo de doce (12) horas semanales y/o cuarenta y ocho (48) horas mensuales, la cantidad de horas extras a autorizar por agente”, y restringirá en un 30% la cobertura de vacantes generadas por renuncias, jubilación o fallecimiento de agentes municipales.
Por otro lado, hay también repercusiones en los servicios médicos, con la estipulación de topes máximos “de guardias a liquidar para determinadas cargas horarias”. “Con 24 Horas semanales: 5 Porcentajes de Guardias Mensuales, Con 36 Horas Semanales: 8 Porcentajes de Guardias Mensuales, Con 48 Horas Semanales: 10 Porcentajes de Guardias Mensuales”.
De todas maneras, en el decreto, se hace especial hincapié en que están exceptuadas las horas extras y guardias “que se deban realizar para la prestación de servicios esenciales los días feriados y asuetos”.
El ajuste también prevé la suspensión del otorgamiento de las Licencias sin Goce de Haberes, y fija un plazo de 30 días para que la Secretaría de Gobierno analice la situación de los agentes que actualmente perciben ese beneficio y se decida su mantenimiento.
También se suspende la contratación y/o renovación de contratos de locación de servicios, “aún aquellos que sean erogados con fondos afectados” y “toda ejecución presupuestaria de gastos”, a excepción de aquellas “que tiendan a dar continuidad a la prestación de los servicios públicos municipales esenciales”.
En ese sentido, el decreto de Emergencia remarca que las medidas tomadas por la Emergencia son de carácter “preventivo” y tienen como fin conservar los servicios municipal y retomar una normalidad en el funcionamiento “sin problemas de financiamiento”.
