Pese al anuncio del Presidente, Larreta va en busca de un nuevo favor de la Corte Suprema
Lo hizo bajo el argumento de que hasta este lunes el gobierno porteño no recibió los fondos coparticipables correspondientes al nuevo porcentaje que, desconociendo la ley de presupuesto del Congreso, estableció en su fallo del miércoles la Corte Suprema.
Lo hizo bajo el argumento de que hasta este lunes el gobierno porteño no recibió los fondos coparticipables correspondientes al nuevo porcentaje que, desconociendo la ley de presupuesto del Congreso, estableció en su fallo del miércoles la Corte Suprema. Además, anticipó el rechazo a la utilización de bonos TX31 como forma de pago.
Pese a que el presidente Alberto Fernández comunicó este lunes que pagará con bonos los fondos de coparticipación reclamados por CABA, el gobierno porteño volvió a acudir a la Corte Suprema en busca de un nuevo favor y presentó una denuncia bajo el argumento de que el gobierno nacional está incumpliendo el fallo del máximo tribunal.
La presentación, a cargo de la Procuración de la Ciudad, reclama que “se arbitren los medios necesarios” para el cumplimiento del fallo y señala que el planteo se formula «tras acreditar que en los dos días hábiles bancarios de la semana pasada y este lunes la Ciudad recibió del Banco Nación fondos coparticipables por el porcentaje de 1,4%, cifra que revirtió el fallo de la Corte Suprema».
Es decir, a la fecha «no se registró la modificación ordenada por la Corte» que llevaba dicho porcentaje a 2,95%, dijeron fuentes del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Con el planteo presentado este lunes, «se hace conocer el hecho de que la sentencia fue notificada hace tres días y no fue cumplida, generando un perjuicio a las arcas de la Ciudad», añadieron.
“El fallo se está incumpliendo más allá de lo que se diga, seguimos con los pasos previstos”, insistieron las fuentes pasado el mediodía, luego del anuncio de Alberto Fernández sobre la modalidad de pago que llevará adelante para abonarle a CABA.
La estrategia jurídica, encabezada por el procurador de la Ciudad Gabriel Astarloa y el ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D’Alessandro, fue delineada durante el fin de semana.
Según trascendió, incluye la posibilidad de hacer una denuncia penal contra el Presidente, contra el ministro de Economía Sergio Massa, y contra los funcionarios que integran el directorio del Banco Nación, aunque esa presentación todavía se estaría redactando.
Por otra parte, el gobierno porteño anticipó su rechazo a la utilización por parte del Gobierno nacional de bonos TX31 para el pago al indicar que «los recursos de la coparticipación son extrapresupuestarios, se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento».
El anuncio de Alberto Fernández
Este lunes, el presidente Alberto Fernández comunicó que el Estado nacional «ha sido notificado de la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires» y, en ese marco, anunció las medidas que tomará el Gobierno ante el fallo que ordena pagarle a CABA unos 180 mil millones de pesos más de los que ya percibe por coparticipación.
«Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional», expresó el mandatario desde su cuenta de Twitter.
Sin embargo, aclaró, «las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas», por lo que aseguró haber dispuesto «el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley».
El Presidente anunció que instruyó al Procurador del Tesoro a presentar un recurso de revocatoria “in extremis” contra la decisión de la Corte Suprema.
También ordenó recusar a los Jueces del máximo tribunal. «Habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas», aseguró.
Instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a reasignar «los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA». Informó que para ello se utilizarán bonos TX31, que ya fueron aceptados por la Corte para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe. «Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda», disparó.
El Presidente precisó que la transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, «a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes».
Por último, informó que instruyó al Ministerio de Economía a enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias en el que se prevean presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la cautelar. «Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce», aclaró.
El conflicto por la coparticipación
En enero de 2016 Macri firmó el decreto 194 que elevaba del 1,4% al 3,75% la participación que le corresponde a CABA por la coparticipación federal de impuestos. El texto no explicaba las razones de semejante suba, algo que planteó el Estado Nacional ante la Corte. Luego, el decreto 257/2018 bajó el porcentaje a 3,5 y recién entonces se explicó que la suma respondía al “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas» en CABA.
En 2020, en el contexto de un conflicto salarial con la policía de la provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández redujo el porcentaje en cuestión a 2,3. Como respuesta, el gobierno de Rodríguez Larreta se presentó ante la Corte contra el decreto del gobierno nacional y la ley 27.606 que lo convalidó en diciembre de ese año. Hubo audiencias de conciliación entre el Estado Nacional y la Ciudad pero todas fracasaron. En ellas, la Ciudad nunca explicó cómo es que necesitaba 112 mil millones de pesos para una policía de 19.000 agentes, mientras que la Policía Federal recibe 70.000 millones para 32.000 policías.
Este miércoles, en un fallo firmado por todos los integrantes del alto tribunal (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), se ordenó al Gobierno Nacional pagarle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.
Aunque no es el porcentaje que pedía Larreta, quien reclamaba 3,50%, y no tiene aplicación retroactiva, lo cierto es que con el fallo de este miércoles la Suprema Corte se entrometió en decisiones políticas y legislativas. Opinó que el reclamo de Rodríguez Larreta tiene «verosimilitud» y «peligro en la demora» y justificó su decisión haciendo un repaso de la historia de la Ciudad para cuestionar que aún no tiene autonomía financiera porque nunca se consensuó una ley de coparticipación federal.
