¿Qué hacer si no sale el juicio político?
Se encuentra en curso el pedido de juicio político contra los magistrados de la Corte Suprema por mal desempeño en sus funciones.
Se encuentra en curso el pedido de juicio político contra los magistrados de la Corte Suprema por mal desempeño en sus funciones. Los chats sobre el viaje a Lago Escondido encendieron la llama que faltaba para dar cuenta de los vínculos entre el poder político de Juntos por el Cambio y el máximo tribunal del país y, con ello, la violación de la división de poderes que debe respetarse en cualquier democracia.
Claro que el camino no será fácil. Juntos por el Cambio ya dejó en claro que rechaza el pedido de juicio político y que no sólo va a boicotear la iniciativa, sino que no va a acompañar ninguna propuesta legislativa oficialista mientras perduren los intentos de remover a la Corte Suprema. El avance del juicio político parece entonces poco viable ya que el oficialismo no cuenta con los votos suficientes para impulsarlo en soledad. El escenario puede ser aún más complejo luego de las elecciones presidenciales.
Si pensamos en otras vías judiciales (insistir con el juicio por jurados o ir al sistema interamericano) o legislativas (reforma constitucional) son muy difíciles de lograr. Por otro lado, la movilización popular podría ser una opción: grandes marchas como las que obligaron a cambiar el rumbo del 2×1 contra los genocidas podrían ayudar a cambiar el clima político y forzar a Juntos por el Cambio a dar el debate sobre la reforma judicial y la continuidad de la Corte. Sin embargo, pese al escandaloso contenido de los chats entre funcionarios judiciales, empresarios y periodistas, y el viaje a Lago Escondido, la ciudadanía y los movimientos sociales no salieron a las calles. Entre problemas más tangibles como la inflación, las tarifas, los aumentos, la desocupación y la vida diaria, sumado al bloque mediático que hace más foco en “el caso de los rugbiers” o en el hackeo que en el contenido de los chats, no es fácil convocar a movilizaciones por cuestiones aparentemente remotas como la imparcialidad judicial, la división de poderes y la necesidad de una reforma.
¿Y entonces? Si el cambio no viene desde vías legales “desde arriba” ni de movilización popular “desde abajo”, en un escenario que parece de imposible resolución, una vía de escape podría venir en la forma de una iniciativa legal desde abajo: la iniciativa popular. Esto pasó el año pasado en Alemania: frente a la falta de viviendas y la inacción del gobierno, en una situación que se viene discutiendo hace años y en la que no parecía haber solución al alcance, organizaciones civiles juntaron las firmas necesarias para demandar a todo el arco político la urgente necesidad de debatir la expropiación de todas las grandes corporaciones inmobiliarias.
El artículo 39 de la Constitución Nacional Argentina establece la iniciativa popular y dice: Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses. La Ley Reglamentaria 24,747 establece que si lxs ciudadanxs reúnen al menos 1.5 % del padrón electoral correspondiente a la última elección de diputadxs nacionales y representando al menos a seis distritos electorales, el Congreso tiene que darle curso a la iniciativa (art. 4). Las últimas elecciones del 2021 contaron con un padrón de 34.332.992 personas, con lo que se requerirían 514.995 firmas para exigir al Congreso que debata una reforma judicial y la ampliación de la Corte Suprema.
Reunir estas firmas requerirá de un trabajo desde los activismos populares ya que la ley prohíbe contar con financiación privada anónima o con contribuciones superiores a 30.000 pesos (art. 12). Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, ello puede ser el gran objetivo de la iniciativa popular, incluso cuando termine por no ser exitosa (ya sea por no reunirse las firmas o por no aprobarse en el Congreso). Si recordamos el proceso de debate de la ley de medios, comenzó como una cuestión que no era de suma importancia para la ciudadanía. Fue gracias al debate colectivo en mesas de discusión en universidades, centros culturales, centros cívicos, escuelas y organizaciones barriales en todo el país que lxs argentinxs pudimos encontrar un espacio para reflexionar sobre cómo se produce y recibe la información. Es más, aún con la ley de medios bastardeada, la batalla cultural fue un éxito y hoy, de uno y otro lado, es claro que los medios de comunicación no son objetivos y que representan intereses políticos y económicos.
En la Argentina, ya tuvimos algunas experiencias de iniciativas populares como el Hambre más urgente. Hoy, ante un debate parlamentario bloqueado y con pocas expectativas de que la reforma judicial se convierta en un reclamo popular espontáneo, la iniciativa popular puede ser un camino para llevar el debate a todos los rincones del país y abrir un canal para que este cambio urgente sea posible.
Por Valeria Vegh Weis
