Cuidacoches: desde el Concejo Municipal rosarino advierten que «el camino es la regulación»
La edila Fernanda Gigliani evaluó que la situación es peor que en 2022 y denunció que muchos trabajadores informales "fueron expulsados de sus zonas por otros que ejercen violencia"
La edila Fernanda Gigliani evaluó que la situación es peor que en 2022 y denunció que muchos trabajadores informales «fueron expulsados de sus zonas por otros que ejercen violencia»
El Concejo Municipal reinició sus actividades tras el receso de verano y se volvió a instalar el debate sobre la actividad de los cuidacoches en la ciudad. La concejala justicialista María Fernanda Gigliani, integrante de la comisión de Obras Públicas, uno de los ámbitos donde se discute el tema de los «trapitos», consideró que la situación “se agravó con respecto al año pasado”, y remarcó que el camino “es la regulación”.
“Desde el año pasado, antes del receso de invierno, planteamos la necesidad generar una audiencia con los protagonistas, con varios cuidacoches que trabajan en distintas zonas. En ese momento, nos planteaban que los medios hablaban de ellos y el Concejo legisló sobre ellos, pero que nunca se los escuchó y querían ser expresarse”, sostuvo Gigliani.
En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la edila afirmó que “lamentablemente, la situación del año pasado se agravó al día de hoy». Amplió: «Muchos de estos cuidacoches que pretendían ser escuchados ahora tienen temor a ser escuchados en el ámbito público del Concejo. Muchos de ellos fueron expulsados del lugar donde trabajaban por otros cuidacoches que ocuparon ese lugar y que ejercen extorsiones y violencia, también contra los vecinos”.
“Estoy convencida que el camino es la regulación. Pero no para instituir el trabajo de cuidacoches, sino para crear un padrón de todos esos trabajadores informales que le permita al estado ir construyendo con cada uno de ellos una alternativa de inclusión socio laboral diferente. Ese es nuestro planteo”, afirmó.
La legisladora justicialista sostuvo que “hay un universo de gente que está organizada para cometer delitos como lo es una extorsión, pero también hay otro grupo de trabajadores y trabajadoras informales que hace muchísimos años que llevan adelante esta actividad y que lo hacen de manera honesta, no son violentos, solicitan contribución voluntaria y si el vecino no la da y entrega poco dinero no se violenta. Una posible regulación serviría no sólo de protección a los vecinos, sino también para cuidar a los cuidacoches que trabajan en forma honesta”.
“Lo que se aprobó en el Código de Convivencia, que nosotros votamos en contra, no sirve. Esa norma establece cobrar multas a quien extorsione en la vía pública. La pregunta sería ¿cuántas multas se cobraron por eso en la ciudad? El problema no se resolvió y tampoco lo resolverá la prohibición de la actividad. Creo que hay más coincidencias que diferencias en ese sentido. En la próxima reunión de comisión trabajaremos en varios puntos: ¿cuál es el ámbito de aplicación? La contribución tiene que ser voluntaria o tarifaria?”, subrayó.
