La derecha chilena se niega a firmar un documento que condena el golpe de Estado de Pinochet
También se opone a la agenda legislativa que propuso el Gobierno de Boric en materia de derechos humanos en el marco de la conmemoración.
También se opone a la agenda legislativa que propuso el Gobierno de Boric en materia de derechos humanos en el marco de la conmemoración.
La derecha chilena presentó este miércoles una declaración propia por los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende, en rechazo a la firma de un documento promovido por el gobierno de Gabriel Boric cuya intención es condenar el golpe con todos los partidos y actores políticos y sociales del país.
El escrito
“Este año se cumplen 50 años desde el quiebre de la democracia que, en septiembre de 1973, marcó la culminación de una profunda fractura social y política que afectó gravemente nuestra convivencia, con efectos cuya huella pesa hasta hoy en nuestras relaciones y confianzas”, comienza el texto firmado en la sede del Congreso Nacional de Santiago por autoridades de los partidos Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli, unidos en la alianza Chile Vamos.
La declaración habla de una renovación en la postura de la coalición y añade siete compromisos: el compromiso con la democracia, la Constitución y leyes, Derechos Humanos, la paz y buena convivencia, promoción de la dignidad humana, libertad de pensamiento y expresión, y el compromiso con la seguridad del país y su población. También plantea no imponer verdades únicas sobre el golpe de Estado, “respetando las diferencias y las historias propias, sin pretender imponer verdades”. En ese sentido, a lo largo del texto se evita la denominación «golpe», al igual que alusiones directas a las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante la asonada y la posterior represión.
En el cierre se hace un llamado directo a Boric, sobre su rol como presidente de cara al aniversario que se cumple en cinco días. “Invitamos al Gobierno, y en particular al presidente Boric y su equipo, a promover un mensaje convocante, que enfatice los aspectos que nos unen, sin odio ni resentimiento, velando porque el próximo lunes 11 de septiembre quede atrás la violencia política y sea una jornada pacífica y segura para todos”, subraya el escrito.
Al término de la lectura en el Congreso, el presidente de RN, Francisco Chahuán, manifestó: “Hoy día se requiere más que nunca hacer los esfuerzos por empatizar para aquellos que perdieron un ser querido, este es el momento para entender que el fortalecimiento de nuestra democracia implica condenar toda forma de violencia”. En esa línea, Chahuán afirmó que Boric «será el responsable si tendremos una jornada pacífica o violenta” el día de la conmemoración.
La negación de la derecha
El rechazo a firmar el documento propuesto por el mandatario chileno no es la única iniciativa a la que se opuso la derecha en el marco de la efeméride. Este miércoles varios parlamentarios de la oposición abandonaron la Cámara de Diputados, en el medio del homenaje que desde la institución se rindió a tres legisladores que fueron detenidos y hechos desaparecer durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La decisión del sector fue criticada incluso por los integrantes de su propia coalición: “Tenemos un clima en la Cámara y el país muy áspero. No hubo espacio para el entendimiento y lamento que así sea, porque mal que mal quienes fueron homenajeados hoy, fueron parlamentarios al igual que nosotros”, expresó el diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de RN.
Un día antes, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, presentaron la agenda legislativa del Gobierno en materia de derechos humanos, que prevé el levantamiento parcial del secreto de testimonio de víctimas de la dictadura con fines investigativos, al igual que la tipificación de delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal; un plan nacional de memoria y patrimonio; y la eliminación de la restricción de información sobre leyes dictadas bajo carácter secreto, reservado o de circulación restringida.
Diputados de derecha criticaron las medidas por entrar «en temas sensibles» como son los testimonios que se quieren levantar parcialmente. «El secreto por 50 años del informe Valech fue para proteger a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura en Chile. El presidente, al querer terminar con ese secreto sin cumplirse el plazo establecido, demuestra su ánimo divisorio y su poca sensibilidad con temas tan complejos», expresó el diputado Jorge Guzmán, de Evópoli.
Por su parte, la diputada Catalina del Real –ex militante de Renovación Nacional– cuestionó que el Gobierno siga «poniendo todo su esfuerzo en esta conmemoración de los 50 años». «Lo único que lograron es seguir causando división entre compatriotas, y si esta agenda legislativa va en la lógica contraria a la reconciliación y el reencuentro, difícilmente va a encontrar el apoyo en el Congreso», adelantó la diputada.
El interés por el aniversario
Según un estudio difundido recientemente por la Fundación Activa, un 56 % de los chilenos dicen no estar interesados en el 50 aniversario del golpe de Estado. La encuesta fue realizada en las últimas semanas de agosto a través de 1.076 entrevistas en 180 provincias a nivel nacional.
Un 32,8 % de los chilenos están a favor del golpe y creen que fue necesario, dice el estudio, antes de destacar que esta opinión la defienden de manera mayoritaria los encuestados varones mayores de 51 años con una tendencia política de derecha. En cuanto a la responsabilidad de los hechos, un 39,6 % culpa al propio presidente Salvador Allende, elegido en las urnas, y a su Gobierno de coalición conocido como Unidad Popular; un 30,8 % a los comandantes de las Fuerzas Armadas y de orden de la época, y un 30,6 % a Estados Unidos por medio de la CIA.
La mayoría de los encuestados coinciden en que las diferencias y divisiones que genera el golpe nunca se superarán. El 76,5 % señala, a este respecto, que prefiere un sistema democrático como fórmula de gobierno, mientras que un 43,7 % justifica un golpe de Estado dependiendo de “las condiciones que viva un país”. Pese a esto, la mayoría de los chilenos coinciden en que el comienzo del régimen autoritario supuso violaciones a los derechos humanos, práctica de torturas, exilios y desaparecidos.
