Tartagal: El drama de la Comunidad Yariguarenda para evitar la venta de sus tierras
A pocos kilómetros de la ciudad de Tartagal, el Banco Nación amenaza con vender el territorio ancestral de la comunidad originaria que lo habita desde 1908, obviando a la consulta previa e informada y a la ley Nº26.170.
A pocos kilómetros de la ciudad de Tartagal, el Banco Nación amenaza con vender el territorio ancestral de la comunidad originaria que lo habita desde 1908, obviando a la consulta previa e informada y a la ley Nº26.170.
Por detrás, se teje una trama de intereses económicos que utiliza a las instituciones y la difamación como herramientas, en un conflicto que lleva varios meses.
Nuevo Diario se contactó con Ángel Valdez, cacique de la Comunidad Yariguarenda. En dicho diálogo, Ángel contó cómo es la historia de las tierras y los fundamentos que pretende utilizar Banco Nación para apropiarse de ellas y venderlas: «Había una cierta cantidad de hectáreas de tierra que pertenecían a un finquero que plantaba toda clase de verduras, todo esto sucedió en los 80′. Este finquero de nombre Francisco Martín sacó un préstamo al banco y puso como garantía de pago esas tierras. Este hombre contrató a un capataz de apellido Caucote para que dirigiera el cultivo de las tierras, como Martín le debía dinero, le pasó partes de las tierras al capataz, pero parece que no le dijo el préstamo que tenían con el banco. Con el tiempo, Caucote falleció y el banco embargó esas tierras, pero nunca hubo una notificación a las personas de allí».
La comunidad se expandió a estas hectáreas hace más de una década. «A partir de 2012, la comunidad entró a recuperar tierras porque ya había crecido suficiente y no había espacio físico para establecer a nuevas familias de jóvenes. A partir de ese año, con el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y la ley Nº 26.170 (de emergencia de la posesión de tierras originarias debidamente registradas). Hicimos relevamiento territorial de la comunidad, con todo lo legal, y entonces esas tierras quedaron dentro del relevamiento territorial de la Comunidad Yariguarenda, mediante dicha ley», explicó.
Días atrás, la comunidad emitió un comunicado por la paz y la unidad, donde remarcaron que se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas con la personería jurídica Nº0213. «Este es un reconocimiento legal de nuestra preexistencia como parte de la Nación Guaraní que habita estas tierras desde antes de la Conformación del Estado Argentino», destacaron.
El conflicto territorial surgió cuando el Banco Nación anunció la venta de estas tierras, limitando el acceso a 11 hectáreas que se encuentran dentro del relevamiento territorial realizado. «El banco debería hacernos una consulta, no se llegó a eso y directamente se sacó a la venta, no les importó nada. A través de nuestra abogada, presentamos los recursos para que se frene esa venta, porque también efectuamos nuestro derecho como comunidad a que nos tengan en cuenta. Entonces, primeramente, se presenta a nivel federal, y de ahí el juzgado federal saca una medida cautelar diciéndole al banco que suspenda esa venta de tierras porque no se notificó a la comunidad y porque ya esas tierras por ley nos pertenecen», dijo.
A pesar de esas acciones judiciales, los originarios continúan en juicio con el banco que aún no reconoce a la comunidad.
Los verdaderos intereses
También se conoció una disputa con el padre franciscano Sica. Sobre ello, Valdez comentó que un grupo de la comunidad empezó a trabajar en la creación del turismo rural comunitario. Al no contar con un espacio físico, solicitaron al sacerdote utilizar una casa abandonada que se encontraba en las afueras del Santuario de la Virgen de la Peña.
«Empezaron a trabajar y fueron creciendo con financiaciones para el turismo comunitario. Con el paso de los años el padre les dijo que desocupen, porque eso era parte del santuario. Entonces, el grupo comenzó a trabajar más abajo desde cero, pero lograron continuar con la financiación de distintas organizaciones. ¿Y qué hace este franciscano? Una denuncia con demanda de desalojo que se retrotrajo.
“Andan diciendo que no somos originarios”
«Nosotros debemos defender estas tierras que pertenecen tradicional y culturalmente a estas familias. Andan diciendo que no somos originarios, nos sacan de nuestra existencia. Estamos establecidos desde hace mucho, hay abogados que han verificado que estamos a partir de 1908, no solo desde que tenemos la personería jurídica», expresó el cacique.
La comunidad entiende que las amenazas que acusa la iglesia se deben a una respuesta al ver frustrado el avance de la venta de las tierras. «Mi visión es que aquí, al ver frustrado el proyecto turístico, salen a ensuciarnos, La comunidad es tranquila, no hay odio hacia nadie. Nosotros trabajamos tranquilos y de la iglesia nunca hemos recibido nada, aunque en su comunicado digan que han trabajado con la comunidad en educación, salud, viviendas, no, la iglesia nunca aportó nada», agregó. «¿Y usted cree que tiene que ver con el nuevo gobierno?», consultó Nuevo Diario al cacique, quien respondió: «Particularmente creería que por ahí sí, ya está sentado el linaje a nivel nacional, pero también esto del nuevo gobierno puede ser que sí. Que a nosotros no nos reconozca, también es algo terrible», cerró
