Llaryora en su laberinto
Alejado de la arena nacional, el cordobés atiende un caliente frente interno. Conflicto docente prolongado y pelea por la deuda.
Alejado de la arena nacional, el cordobés atiende un caliente frente interno. Conflicto docente prolongado y pelea por la deuda.
La segunda fase del gobierno de Javier Milei también apareja, de manera lógica y obligatoria, una segunda fase en el gobierno de Martín Llaryora en Córdoba. La relación entre ambos, aprobación de la Ley Ómnibus XXS mediante, también ingresó en un nuevo estadío.
Un mes atrás, en la reunión de la Región Centro, el mandatario cordobés daba una muestra de fuerza junto a sus colegas de Santa Fe Maximiliano Pullaro y Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Los tres se unieron para reclamar obra pública y fondos frescos. En ese momento, la respuesta fue el clásico “no hay plata”.
A diferencia de sus pares, que al menos tuvieron un mano a mano con Guillermo Francos antes del relanzamiento de Mauricio Macri, Llaryora tomó distancia de la gestión nacional de la que recibió menos guiños de los esperados tras la firma del Pacto de Mayo el 9 de julio. Pese a las risas y las caras de ocasión, la canilla sigue cerrada.
Esa sequía se hace sentir especialmente en la Caja de Jubilaciones, donde el reclamo es por nada menos que 431.000 millones de pesos a junio de este año. Entre enero y mitad de año, Córdoba reclama 68.000 millones de pesos, mientras que por el período mayo-diciembre 2023 la acreencia asciende a 75.000 millones.
A esto hay que sumarle otros 288.000 millones que están judicializados ante la Corte Suprema y que corresponden a los años 2020, 2021, 2022 y el primer cuatrimestre de 2023. ¿Diferencias?
El entonces presidenciable Juan Schiaretti decidió demandar dos veces a la Anses por los fondos adeudados, mientras que la carta judicial todavía no es una opción cercana para el Panal del Partido Cordobés.
En Córdoba, la jubilación mínima es de 290.000 pesos, merced al último aumento otorgado por la Caja.
Blancas palomitas
Mientras se corría de la escena nacional, y en medio de un viaje de negocios a Corea del Sur, Llaryora observó un crecimiento bastante mayor al esperado en el nivel de conflictividad en el sector público. Más concretamente en el área docente. Mientras se apuraba en informar el cierre de paritarias con distintos gremios públicos, incluido el de Ferroviarios en una provincia donde no hay trenes cordobeses, la tensión con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) tomaba temperatura.
Sin novedades tras la conciliación obligatoria dictada antes del receso invernal, la “oferta superadora” que días atrás presentó el Gobierno implicó un básico de 600.000 pesos, bastante por debajo de la canasta básica alimentaria, que en la provincia supera los 870.000 pesos.
El obvio rechazo motivó que la docencia pública y privada vuelva a las calles, en lo que terminó siendo una masiva marcha la semana pasada en reclamo de una mejora salarial acorde a la pérdida del poder adquisitivo. El paro tuvo 80 por ciento de acatamiento.
En el medio hubo dos detalles que fueron tomados como una provocación para el sector: el otorgamiento por decreto de los aumentos rechazados y el detalle en el recibo de sueldo de los fondos destinados a cada uno de los docentes por el uso del Boleto Educativo Gratuito (BEG).
Instaurado por Schiaretti, se trata de una política social que alcanza a alumnos y docentes que debidamente registrados pueden hacer uso del servicio de transporte público. Sin embargo, nunca antes se había dado “publicidad” a los fondos destinados para su uso. A partir de esto se viralizaron recibos en los que, por ejemplo, se “recordaba” a los docentes que usaron el BEG “solventado por el Estado” por montos variables que dependen de las horas a cargo y de los establecimientos donde dictan clases.
“Una mojada de oreja”, señalan desde el sector.
Oposición a la carta
Como era de esperar, la oposición olió la oportunidad y también se metió en el tema. Mientras sus socios de la UCR definen sus cuitas internas, el senador Luis Juez difundió una “carta” abierta en la que señaló que “estamos dispuestos a acompañar medidas económicas extraordinarias para terminar con el conflicto docente”.
En busca de mantener la centralidad opositora provincial, Juez sostuvo que la oposición respaldaría, si es necesario, “la reducción de gastos de dependencias que aún siendo importantes no son prioridad en un contexto de emergencia o discutir otras maneras de financiar la educación”. O sea un ajuste.
La Provincia estuvo lejos de recoger el guante. Sin embargo, si el conflicto se extiende, el respaldo opositor podría ser de ayuda en términos de crear climas. De hecho, el propio gobernador le adjudicó la falta de acuerdo al accionar de los “sectores de izquierda” del gremio. Sin embargo, la última oferta fue rechazada por la mayoría de la Asamblea Provincial, siendo que la coalición de izquierda está a cargo del departamento Capital.
Nubarrones disipados
La deuda tampoco da respiro. Un informe presentado en junio por la consultora Moody’s reveló que Córdoba tiene un “impacto negativo fuerte” en torno a los vencimientos externos para 2024.
En la actualidad, Córdoba tiene acreencias por 1.800 millones de dólares, de la cual el 98% es moneda dura.
Sin embargo, la semana pasada, Llaryora afrontó el pago de capital e intereses de dos bonos en dólares, “limpiando” el horizonte hasta fin de año.
Se trata de un total de U$S 26,7 millones que vencían el 27 de julio y el 1º de agosto, cuya cancelación significó la erogación de 24.956 millones de pesos.
Un poco de aire, aunque en el Panal saben que toda deuda es política.
