Tiempos difíciles
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento el DNU 846/2024 que, de ser ratificado, habilitaría al gobierno a reestructurar deuda sin pasar por el Congreso y sin necesidad de mejorar dos de los tres requisitos que se establecen por ley: montos, plazos y/o tasas de interés.
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento el DNU 846/2024 que, de ser ratificado, habilitaría al gobierno a reestructurar deuda sin pasar por el Congreso y sin necesidad de mejorar dos de los tres requisitos que se establecen por ley: montos, plazos y/o tasas de interés. De este modo, el Ejecutivo intenta tomar para sí una facultad que es del Congreso.
El contenido de la iniciativa es idéntico al que ya estaba incorporado en el proyecto de ley Bases y es lo mismo que está incluido en el proyecto de Presupuesto. Es decir: el gobierno insiste por varias vías en simultáneo con el mismo o similar proyecto. En el caso del DNU, lo que no se comprende es su necesidad ni su urgencia. Es lo de siempre: la actitud reiterada del gobierno de subestimar el rol del Parlamento y de aspirar a tener las manos libres para hacer lo que le plazca. El Congreso debería rechazar este decreto como anteriormente rechazó el que pretendía otorgar 100.000 millones de pesos en gastos reservados a la SIDE.
Los DNU son un procedimiento que le permite al Poder Ejecutivo avanzar en la construcción de textos legales. Pero para quedar firmes tienen que ser ratificados por el Parlamento. Alcanza con que una de las dos Cámaras lo haga. En la misma línea, si ambas Cámaras lo rechazan, los DNU se caen. Desde luego que el gobierno puede jugar con los tiempos, porque mientras el Congreso lo trata probablemente ellos lleven adelante alguna negociación y busquen generar un hecho consumado. Sería gravísimo que suceda.
Está claro que la administración libertaria no tiene los fondos para pagar lo que tiene que pagar y trata de conseguirlos a toda velocidad. Los plazos ya están encima: tiene desembolsos en enero y en febrero y ya estamos en el final de septiembre. Por eso, intenta generar condiciones para ofrecer un canje generoso. Lo central para ellos es lograr nuevos plazos y en lo posible incrementar el monto. De allí la funcionalidad del DNU: le permitiría al gobierno avanzar en un canje de deuda sin cumplir las condiciones de la Ley de Administración Financiera. Puede ofrecer, por ejemplo, pago de tasas más altas a cambio de mayores plazos para salir del ahogo financiero en el que se encuentra.
Los y las integrantes de los bloques de diputados y senadores de Unión por la Patria nos pronunciamos en contra del DNU 846 y afirmamos que vamos a desconocer cualquier canje que se realice en el marco de este decreto. Además, pedimos conformar la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa y reclamamos la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el Congreso para que dé explicaciones sobre los 81.000 millones de dólares en que se incrementó el endeudamiento público del país en los primeros ocho meses del actual gobierno. Este aumento de la deuda pública no es consecuencia de los préstamos que recibimos sino un producto de refinanciaciones y de una dinámica particular: el endeudamiento en pesos del Estado en reemplazo de la deuda que tenía el Banco Central. Cuando el Presidente dice “hemos saneado el balance del Banco Central” debería agregar que ello sucedió a costa de aumentar el endeudamiento del Tesoro nacional. Transfirieron las deudas de un lugar a otro.
Hay también una anomalía en el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas. El diputado Diego Giuliano planteó que no se podía presentar porque no es posible tratar por segunda vez un tema rechazado durante el mismo ejercicio. La mencionada iniciativa estaba en el proyecto de la ley Bases y se la sacó de ese paquete. Es decir: el Parlamento la rechazó. Entonces, volver a presentarla o sacarla por decreto es no sólo desconocer la autoridad institucional del Poder Legislativo sino que también es violatorio de la Constitución Nacional. El artículo 81 de la Carta Magna sostiene que “ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.
Además, hay un cambio nítido del discurso de una parte de los legisladores y legisladoras que han apoyado varias iniciativas gubernamentales. Hay un cuestionamiento más claro a las políticas que el Poder Ejecutivo trata de llevar adelante. Ello debería reflejarse en las votaciones en el Parlamento. Pero, como en el ajedrez, las blancas también juegan: el gobierno trabaja sobre un grupo de legisladores y legisladoras para tratar de sumarlos como apoyo de sus proyectos y evitar que respalden los proyectos de la oposición. En el mismo sentido: los diputados y diputadas de la UCR o de Encuentro Federal pueden votar junto a Unión por la Patria, entre otros bloques, pero puede haber algunos integrantes que voten diferenciados por presión de los gobernadores en línea con las demandas del Poder Ejecutivo.
En otro orden de cosas, el jueves último el INDEC dio a conocer el índice de pobreza: fue del 52,9% para el primer semestre de 2024. Ello significa un incremento de 12,8 puntos porcentuales con respecto a los datos de igual período de 2023 (40,1%). La indigencia, en tanto, pasó de 9,3% en el primer semestre de 2023 al 18,1% en el primer semestre de este año. El informe agrega que, durante los seis primeros meses de 2024, “el 66,1% de los menores de 14 años integraba hogares bajo la línea de pobreza; y de los mayores de 65 años, el 29,7%”. En cuanto a distribución geográfica, la mayor concentración de la pobreza se produce en el Noreste (62,9%) y el Noroeste (57%). Estos números muestran claramente las consecuencias de las políticas que se están aplicando. Ello acontece en un escenario en el que la mayoría de las encuestas comenzaron a detectar caídas de la imagen y de la aprobación del gobierno. Hay un significativo cambio de tendencia entre los que estaban conformes, tenían confianza en el gobierno y creían que el futuro pasaba por implementar con la mayor velocidad posible el modelo de país que proponía La Libertad Avanza. Este cambio en el humor social recién comienza: quedan todavía más de tres años de gobierno. Y un poco más de un año hasta las próximas elecciones legislativas. Además, esa modificación en el humor social viene acompañada de un cambio de actitud de muchos actores de la vida institucional de nuestro país.
Parecen avecinarse más tiempos difíciles. El proyecto que conduce el gobierno se enfrenta con una combinación de problemas externos –vinculados al endeudamiento–y problemas internos –con el deterioro de la mayoría de los indicadores económicos y sociales y, consecuentemente, con el empeoramiento de las condiciones de vida de sectores mayoritarios de la población argentina–.
Por Carlos Heller
* Diputado nacional Unión por la Patria y Presidente del Partido Solidario
