Un fallo de la Corte de Brasil pone en aprietos a Milei: ¿entregará a los prófugos bolsonaristas?
Esta semana, Alexandre De Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó la extradición de más de 60 condenados que se encuentran prófugos, entre ellos los que pidieron asilo en la Argentina
17/10/2024 EL MUNDOEsta semana, Alexandre De Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó la extradición de más de 60 condenados que se encuentran prófugos, entre ellos los que pidieron asilo en la Argentina y el bloguero Oswaldo Eustáquio, que está en España. Aún no hubo aviso en la Embajada argentina pero ya empezaron las dos posibles hipótesis: respaldar al ultraderechista o bien, hacer las pases con el actual mandatario.
Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil pidió la extradición de los bolsonaristas que se encuentran prófugos en la Argentina, acusados de haber participado del asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, en el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva.
En junio pasado, el gobierno argentino le entregó a Brasil una lista con los nombres de 40 bolsonaristas condenados que ingresaron al territorio nacional. Según investiga la policía brasileña, a la Argentina también habrían ingresado otros 50 seguidores de Bolsonaro, pero de forma irregular: en baúles de autos, con documentos falsos o cruzando por distintas vías sin pasar por Migraciones.
Esta semana, Alexandre De Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó la extradición de más de 60 condenados que se encuentran prófugos, entre ellos los que pidieron asilo en la Argentina y el bloguero Oswaldo Eustáquio, que está en España.
La resolución de Alexandre De Moraes fue enviada al Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del ministerio de Justicia de Brasil, que deberá evaluar si el caso cumple con los acuerdos establecidos en los tratados internacionales.
De ser así, se enviará la orden al Ministerio de Asuntos Exteriores, que deberá notificar a la Cancillería argentina y al Ministerio de Justicia de Argentina con las pautas a cumplir.
Según publicó La Política Online, Cancillería aún no recibió ninguna notificación. “Apenas lleguen los pedidos de extradición serán enviados a la cancillería argentina y, después, irán a la justicia argentina”, explicó a La Nación Julio Bitelli, embajador de Brasil en Buenos Aires, quien consultado sobre si la cartera de Diana Mondino responderá dentro de los plazos habituales respondió: «No hay ninguna razón para que no pase eso”.
Las especulaciones en torno a la reacción de Mondino responden a que, además del pedido de extradición por parte de la Justicia de Brasil, existe un pedido de asilo político de varios de los bolsonaristas que actualmente están en la Argentina, pedido que está en la órbita de la Comisión Nacional de Refugiados, que puede demorar un largo tiempo en responder.
Además, existe una tensión entre la amistad de Javier Milei con los Bolsonaro y la histórica buena relación entre Argentina y Brasil, que está siendo sostenida en la actualidad gracias al buen vínculo que Mondino mantiene con su par Mauro Vieira y el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, pese a los constantes insultos que Milei le dirige a Lula da Silva.
Según Bitelli, «hasta ahora, la manera que el tema se viene llevando en Argentina es absolutamente correcta. Es lo mismo que hubiese pasado en Brasil. La ley en Brasil como en Argentina dice que la persona que pide ser considerado un refugiado desde el momento que lo pide tiene toda la protección».
«Es una decisión que le toca a la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) que está analizando. Desde la perspectiva de Brasil no hay ninguna disconformidad respecto a como se están llevando adelante esos pedidos. Estamos esperando», señaló el embajador brasileño.
Hasta el momento, la Justicia de Brasil condenó a más de 200 personas que participaron en los actos vandálicos del 8 de enero, por los delitos de asociación criminal armada, daño cualificado, deterioración de patrimonio histórico, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho e intento de golpe de Estado.