Silencios y omisiones políticas
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aunque mutilada por el macrismo y el mileismo, sigue vigente. Quince años después de su aprobación son casi inexistentes las voces que debaten el tema y lo ponen en agenda.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aunque mutilada por el macrismo y el mileismo, sigue vigente. Quince años después de su aprobación son casi inexistentes las voces que debaten el tema y lo ponen en agenda. Mientras tanto, la falta de normas en la materia perjudica no sólo al campo democrático de la comunicación, sino a la democracia como tal.
El sentido último de la democracia está dado por la búsqueda, que debe ser incesante, de la vigencia integral de derechos. En términos pragmáticos se puede argumentar que resulta imposible alcanzar la integralidad de derechos, pero en el marco de los valores democráticos nunca se debe renunciar a ese propósito. Por más utópico que el mismo resulte.
En materia de comunicación tenemos un ejemplo cercano muy ilustrativo. Lula y su gobierno le torcieron el brazo a Elon Musk y a la red X, en Brasil. No quisieron someterse a las leyes brasileñas y finalmente, en defensa de la soberanía y del derecho a la comunicación, el gobierno de Lula, a través de la Justicia, logró que lo hicieran.
¿Los motivos? Alguien podrá decir que Musk cedió para garantizar el ingreso de Starlink a Brasil, Starlink es su negocio… o uno de sus negocios. Es verdad. Pero lo que haga tendrá que ser siguiendo las normas y las reglas de juego del gobierno de Brasil.
En Argentina, en cambio, renunciamos a nuestras reglas, dejamos todos los caminos abiertos y en nombre de “la libertad” no defendemos ni siquiera nuestra soberanía… y siguen sin llegar las inversiones anunciadas.
La comunicación forma parte de los derechos humanos y esto ha sido ampliamente reconocido social, cultural y políticamente. Si bien ya no es motivo de discusión teórica su aplicación en la mayoría de las sociedades actuales está lejos de plasmarse en hechos. Y salvo excepciones tampoco hay –como sí sucede en otros temas- acciones positivas de los estados y de los gobiernos para advertir sobre las violaciones y promover garantías para su cumplimiento.
Esto a pesar de que el derecho a la comunicación debe comprenderse como un “derecho llave” en tanto y en cuanto resulta habilitante del conjunto de los derechos humanos; siempre y cuando se entienda que la mención a la comunicación no puede limitarse apenas al uso de los medios y de las tecnologías para transmitir, difundir o divulgar. La comunicación en su sentido integral supera largamente una operación técnica o tecnológica, para situarse en la trama de la práctica histórico-social de las personas que viven en comunidad. Es decir que la comunicación es parte integral de la vida ciudadana y no se puede comprender por fuera de las prácticas sociales que protagonizan los sujetos en la historia.
Pero esa misma complejidad es la que convierte al escenario comunicacional en un ámbito atravesado por las disputas de poder y por las luchas económicas, políticas, sociales y culturales. De tal manera que la defensa de este derecho en democracia requiere de acciones constantes y renovadas, la mayoría de las veces plagadas de las mismas dificultades y resistencias que enfrentan otros ejes constitutivos de la democracia.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (20522 del 10.10.2009) logró plasmar varias de las cuestiones más importantes del debate comunicacional que se venía dando en la sociedad y advertir sobre cuestiones centrales. Fue una herramienta importante aunque se le puedan anotar limitaciones. Precisamente por su valor en materia de restitución de derechos fue una de los primeros objetos de mutilación legal por parte del macrismo en cuanto asumió la presidencia en el 2015 y ahora por parte del gobierno de Milei.
Hoy, quince años después de su promulgación, pocos la recuerdan y gran parte de la dirigencia política rehúye de manera sistemática los debates estructurales y de fondo sobre la comunicación vinculada lo ciudadano y a la participación, porque hacerlo es enfrentar factores de poder.
Poco y nada hizo en la materia el gobierno del Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández. No basta con denunciar “campañas mediáticas” o “noticias falsas”, si no se generan medidas destinadas a facilitar el acceso plural a todos los escenarios y plataformas comunicacionales por parte de los diversos actores ciudadanos sin distinción alguna y no se enfrentan de manera decisiva los poderes de todo tipo en los que se asienta una comunicación desigual y a todas luces opuesta a los valores democráticos.
Los poderes corporativos en América Latina, también en Argentina, han logrado una doble victoria en materia de comunicación: usar todo el sistema comunicacional para operar a favor de sus intereses globales y evitar que la sociedad debata sobre las cuestiones de comunicación, sacar a la comunicación de la agenda.
Mediante operaciones comunicacionales, los mismos grupos de poder manipulan de distintas maneras las agendas, para así establecer de qué se puede hablar y qué hay que omitir. Lo que ha salido de la agenda es el debate sobre la importancia de la comunicación en la vida política y en la democracia de nuestros países. No lo hacen –por razones obvias- quienes se ven favorecidos por la situación actual del escenario comunicacional. Pero de manera mucho más sorprendente, tampoco lo intenta la dirigencia política hoy perjudicada por el manejo de la comunicación actual; apenas lanzan quejas o reproches esporádicos que luego no van a las raíces del problema y, mucho menos, se traducen en iniciativas eficaces para cambiar la situación.
Por Washington Uranga
