La Nación disolvió programas claves para la producción regional de Río Negro y Neuquén
A través de un decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei cayó la promoción ovina.
A través de un decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei cayó la promoción ovina.
Desde el gobierno nacional se anunció la prosecusión de recortes y ajustes a través del decreto Nº 408. En este caso, se publicó en el Boletín Oficial de la Argentina la disolución de leyes preponderantes vinculadas a la agricultura y ganadería.
Por un lado, se estableció disolver el régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, instituido por el artículo 1° de la Ley N° 25.422 y sus modificatorias. La misma suerte corrió la Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), creada por el artículo 9° de la Ley N° 25.422 y sus modificatorias.
La motosierra también paso por varios planes asistenciales como el Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina, instituido por el artículo 1° de la Ley N° 26.141, y el fin de la Comisión Asesora Técnica (CAT) del Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina, creada por el artículo 9° de la Ley N° 26.141.
Otra ley sensible para la región, y que ya no forma parte, es la N° 27.066, que promovía la Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas.
“Las derogaciones dispuestas en el presente decreto no eximen al Estado Nacional ni a ningún otro sujeto obligado del cumplimiento de las obligaciones válidamente asumidas durante la vigencia de los regímenes o programas que por este acto se deroga”, reza el comunicado firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Y sigue: “Las políticas del Gobierno Nacional se orientan a reducir la intervención estatal y a maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública, se vuelve imperioso revisar aquellas funciones que pudieran resultar redundantes o superpuestas, con el fin de asegurar una asignación más racional, eficiente y focalizada de los recursos públicos”.
