La motosierra de Caputo y Milei
El recorte del gasto total llega al 30 por ciento respecto a los niveles de 2023. Bajo la narrativa del déficit cero, la gestión asfixia la actividad económica y desintegra el tejido social. La supervivencia de instituciones como Instituto Malbrán o la ANMAT pende de un hilo.
El recorte del gasto total llega al 30 por ciento respecto a los niveles de 2023. Bajo la narrativa del déficit cero, la gestión asfixia la actividad económica y desintegra el tejido social. La supervivencia de instituciones como Instituto Malbrán o la ANMAT pende de un hilo.
Los números oficiales muestra la cara del plan económico que el Gobierno nacional intenta vender como una “normalización” de la economía. Al cierre de marzo de 2026, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) revela un recorte real del 30 por ciento en el gasto total respecto a los niveles de 2023. No se trata de un castigo a la casta ni de un sacrificio para que llegue algo mejor, es directamente el retiro del Estado en sus funciones básicas. Salud, educación y seguridad, entre las más afectadas por la motosierra.
Bajo la narrativa del déficit cero, la gestión de Javier Milei, que tiene como principal operador al ministro de Economía, Luis Caputo, asfixia la actividad económica y desintegra el tejido social. Sin embargo, el apretón no es parejo para todos. Mientras los jubilados, los docentes y los pacientes de hospitales nacionales ven cómo sus partidas se evaporan, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que depende directamente de la Presidencia, goza de una primavera financiera con un incremento real del 35 por ciento en su ejecución.
Los datos se desprenden del último reporte del Centro de Economía Política (CEPA) con indicadores disponibles a marzo que permiten dar cuenta del “sesgo del gasto”, sostiene el informe.
La salud y la ciencia, en el corredor de la muerte
El desmantelamiento de las políticas sanitarias alcanza niveles de crueldad estadística. La Superintendencia de Servicios de Salud sufrió un recorte del 61 por ciento, mientras que los hospitales nacionales registran caídas de hasta el 52 por ciento. Programas críticos de prevención y atención sanitaria fueron directamente borrados del mapa con ejecuciones del 0 por ciento. Antes que inflación 0, se está llegando a presupuestos 0. En este desierto, la supervivencia de instituciones como el Instituto Malbrán (-35 por ciento) o la ANMAT (-33 por ciento) pende de un hilo, hipotecando la soberanía sanitaria del país.
La ciencia y la tecnología, otrora orgullo nacional con fuerte financiamiento, atraviesan serias dificultades. El CONICET (-32 por ciento) y la CONAE (-59 por ciento) son testigos del desprecio oficial por el valor agregado y el conocimiento. El Programa de Promoción de la Investigación fue virtualmente aniquilado con una caída del 83 por ciento.
El Gobierno, con esta ejecución presupuestaria mínima en ejes estratégicos para el desarrollo, parece decidido a que el país regrese a un modelo de exportación primaria, donde el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son lujos prescindibles.
El hambre como variable de ajuste
Donde la motosierra se vuelve más dolorosa es en el área social. En un contexto de crisis profunda, el Ejecutivo decidió “ahorrar” a costa de los que menos tienen. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia sufrió un hachazo del 77 por ciento. Las cifras de los programas alimentarios son aún más alarmantes: la asistencia a comedores comunitarios y merenderos cayó 69 por ciento, mientras que la Prestación Alimentar se contrajo un 41 por ciento.
El Gobierno levanta las banderas de la libertad mientras reduce 94 por ciento el apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y 99 por ciento el Plan de Protección Social. Libertad para los mercados, pobreza y deuda para cada vez más grupos de la población. El programa de Economía Social, por su parte, se desplomó 100 por ciento.
Con estos números, para esta gestión, la justicia social no es solo una aberración teórica, sino un gasto a eliminar por completo de la planilla de Excel.
Educación e infraestructura: un país con Milei, sin futuro
El apagón educativo es total. El Fondo Nacional de Incentivo Docente y el programa Conectar Igualdad registran una ejecución nula (-100 por ciento). Las becas para estudiantes cayeron 82 por ciento y la infraestructura escolar 96 por ciento. No se construyen aulas, no se arreglan techos y no se forman docentes. La educación superior, aunque con bajas más moderadas (-31 por ciento), resiste en un esquema asfixiante que compromete el ciclo lectivo vigente.
En materia de obra pública, el freno es absoluto. Puentes, túneles, pavimentación y obras de cuencas presentan caídas del 100 por ciento. Este parate no solo destruye el empleo en la construcción, sino que condena a las provincias y municipios a un deterioro estructural irreversible. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires fue eliminado, evidenciando que el presupuesto se utiliza también como un garrote político para disciplinar a las administraciones opositoras.
Deuda y prioridades
Mientras el Estado se retira de las escuelas y los hospitales, los Servicios de la Deuda Pública ya devoran el 13 por ciento del gasto total ejecutado. Un ajuste brutal sobre el consumo interno y la inversión pública para garantizar el flujo de fondos hacia los acreedores financieros.
La magnitud de los recortes plantea un interrogante sobre la sostenibilidad social de elegir un país de servicios financieros e inteligencia estatal, dejando a la deriva a la salud, la educación y la producción.
En marzo de 2026, el “superávit” no se celebra en las calles, sino que se padece. El ajuste ya no es una promesa de campaña para afectar a la casta, es un desguace planificado contra la sociedad.
