Un asamblea masiva en defensa del INTI
Más de 300 profesionales se movilizaron para rechazar la resolución del gobierno de Milei que puede dejar a 700 personas en la calle.
Más de 300 profesionales se movilizaron para rechazar la resolución del gobierno de Milei que puede dejar a 700 personas en la calle.
“Están a tiempo de frenar una decisión absolutamente equivocada”, advirtieron desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), frente a una resolución de las autoridades que busca dar de baja 1000 servicios del organismo, lo que decantaría en 700 despidos y lo dejaría al borde de su disolución. En la mañana del martes, más de 300 profesionales participaron de una asamblea en el comedor de la sede central, en el parque tecnológico Migueletes, y después se movilizaron hasta la entrada del instituto para mostrar su rechazo.
Desde la Asamblea Multisectorial tomaron la iniciativa de movilizarse y además convocaron a una conferencia de prensa para el martes 21 de abril a las 10 horas, donde trabajadores del ámbito científico, educacional y político explicarán las repercusiones que la pérdida de los servicios del INTI tendrán sobre la población argentina. Giselle Santana, trabajadora del departamento de Calidad del organismo, explicó que el Estado se encarga de realizar controles en alimentos, ascensores y preservativos, entre otros productos. “Hay una enorme lista y son mil los servicios que se darían de baja”, afirmó.
La medida de ajuste promovida desde el Gobierno apunta a desarmar los centros de Investigación y Desarrollo, por lo cual laboratorios enteros quedarán sin funcionar. Durante la asamblea también acordaron un estado de alerta permanente y una campaña de comunicación que se extenderá durante toda esta semana.
El lunes se conoció la existencia de un expediente que circulaba entre los directivos, pero que aún no cuenta con las firmas necesarias para ser publicado. De concretarse, cesarían servicios que hoy se prestan a la industria de todo el país. Dejarían de garantizarse “certificaciones y calidad de productos manufacturados, de origen industrial, que después consumimos todos y todas”, explicó Santana a Página/12.
Este es un caso más en donde el Gobierno de Javier Milei planea la retirada del Estado para hacerle lugar a la gestión privada. Para los profesionales del organismo, ninguna entidad privada puede garantizar imparcialidad en este tipo de labores porque su enfoque principal es la ganancia. Santana sostuvo que quien se supone que “tiene la responsabilidad mínima de cuidar a la población es el Estado, y esperamos que las autoridades tomen nota de esto”.
La profesional del Centro de Tecnología de Gestión y Conocimiento Yamila Mathon relató que dentro del INTI se instaló un destacamento de gendarmería, con alrededor de 40 efectivos que deambulan por el lugar. “Entendemos que esta política de militarización tiene que ver con amedrentar, hostigar, generar una situación de malestar para los trabajadores, y poder reprimir nuestros reclamos”, dijo Mathon. Aún así, los trabajadores y trabajadoras indicaron que están dispuestos a defender sus labores en favor de “la soberanía tecnológica, la industria nacional, y el desarrollo que se puede hacer en este país y para el país, por el cuidado de la población”.
Mediante el decreto 462, el año pasado el gobierno libertario intentó, en palabras de Mathon, reducir el INTI a una mera oficina técnica. Los trabajadores del organismo, mediante acciones de comunicación, protestas, y con el apoyo de ambas cámaras legislativas, lograron revertir la medida. “Sin la posibilidad jurídica y legal de disolvernos, el Gobierno persigue el objetivo de vaciarnos”, dijo la profesional. Aún están a tiempo de impedirlo, y con mucha preocupación los profesionales llaman a la ciudadanía a proteger las funciones del Instituto.
