Lucha sin tregua en Rosario de Lerma contra las antenas de telefonía móvil
Una ordenanza obliga a reubicarlas fuera de la zona urbana y en espacios estatales. Quieren que las compañías paguen impuestos.
El Concejo Deliberante de Rosario de Lerma aprobó una ordenanza que obliga a retirar las antenas de telefonía móvil del casco urbano de la ciudad y prohíbe instalar estas estructuras en predios privados en toda la jurisdicción.
Así, ningún particular podrá emplazar en terrenos de su propiedad ninguna estructura que emita radiofrecuencia. Sólo se podrá usar para tal fin espacios públicos, siempre y cuando las antenas sean ubicadas a más de mil metros del centro urbano.
«Por un negocio de unos cuantos, se perjudican todos. Las compañías de telefonía celular no tributan en los municipios y para colmo instalan sus antenas en cualquier lugar, sin importar su cercanía con una escuela u hospital. Debemos comenzar a ordenar esta situación, que ya trajo muchos problemas en otras localidades de la provincia» contó a El Tribuno Edith De Pauli, una de las concejales que junto a sus pares Sandra Guaymás y Sara Geréz presentaron la iniciativa.
El municipio ahora deberá promulgar o vetar la ordenanza. Como tuvo un amplio respaldo político y apoyo social, se da por sentado que el Ejecutivo comunal apoyará la iniciativa.
Esto quiere decir que las empresas que tienen las tres antenas funcionando en el radio urbano de la ciudad deberán desmantelarlas en un plazo de noventa días y reubicarlas en otros sitios, que no sean privados.
Así, Rosario de Lerma se unió a Gemes y Quijano, donde se judicializaron los reclamos contra estas cuestionadas antenas de telefonía móvil que presumiblemente causan efectos nocivos en la salud de la población.Las derivaciones económicas
Según se supo, las empresas pagan en dólares por el alquiler de los terrenos donde se levantan las antenas. La edil De Pauli hizo referencia a que se paga entre 12 mil a 14 mil dólares por año a los particulares dueños de los terrenos.
Hoy no hay espacios públicos adecuados para levantar estas estructuras. Las compañías buscan esquivar estas responsabilidades sociales con amparos judiciales y estudios que acusan de irracional las ordenanzas de los concejos deliberantes. Para los concejales lo ideal sería permitir la instalación de estas antenas en lugares aislados, como la ribera del río Carabajal o en proximidades de la planta de áridos.
