España a un paso de aprobar la polémica «Ley Mordaza» que limita el derecho de libertad de expresión
Las manifestaciones o reuniones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan consideración de infraestructuras críticas, como las centrales nucleares, son consideradas infracciones «muy graves».
La oposición y las organizaciones sociales bautizaron la reforma del derechista Partido Popular (PP) de Rajoy como la “ley mordaza”, al entender que el objetivo es intimidar a la ciudadanía y limitar el derecho de libertad de expresión y manifestación.
La reforma comenzó a delinearse en 2013, en el momento de mayor convulsión social por las protestas contra las políticas neoliberales del Ejecutivo, y sufrió modificaciones sustanciales después de meses de resistencia y de que órganos consultivos del Estado consideraran que varios de sus puntos podían ser inconstitucionales.
No obstante, el texto aprobado siguió generando resistencia, y hoy fue rechazado por la mayoría de las fuerzas políticas opositoras, que prometieron presentar recursos de inconstitucionalidad y derogar la ley cuando cambie la mayoría parlamentaria.
Tras superar el trámite en la cámara baja, la reforma pasará al Senado, y de no sufrir modificaciones, entrará en vigor.
En la víspera de la votación, diputados opositores y organizaciones sociales participaron de una protesta frente el Congreso que escenificó un “cortejo fúnebre” con corona de flores incluida, y que llevaba como lema “Contra la ley mordaza. Democracia, la ciudadanía no te olvida”.
Hoy, durante el debate en el pleno, los grupos opositores coincidieron en señalar que la ley del PP es “innecesaria”, supone “una vuelta al Estado policial”, “una aberración jurídica”, “va en contra de los derechos fundamentales” y “recorta libertades”.
“Si quieren frenar las protestas sociales que tanto les perturban y molestan, rectifiquen las políticas económicas y frenen las desigualdades, pero no conviertan al ciudadano activo y crítico en el enemigo”, afirmó el diputado socialista Antonio Trevín.
“Han recurrido a precedentes que creíamos superados como la Ley franquista de Orden Público. Con él como inspiración diseñaron un régimen sancionador vinculado a la protesta social”, remarcó.
El diputado socialista cuestionó uno de los puntos más controvertidos, la introducción del PP de una enmienda a la ley de Extranjería para dar cobertura a las “devoluciones en caliente”, como se conoce el rechazo automático de los inmigrantes «sin papeles» que saltan las vallas de los enclaves españoles norafricanos de Ceuta y Melilla, fronterizas con Marruecos.
En la misma línea, el diputado de Izquierda Unida (IU), Ricardo Sixto, aseguró que la reforma de la derecha “busca resucitar el viejo tribunal de Orden Público” franquista, poniendo en marcha “una jurisdicción administración penal cuyo magistrado será el Ministro del Interior”.
“Hoy vivimos una jornada infausta para la democracia. No había necesidad de traer esta ley a la cámara”, añadió el dirigente de IU, después de que sus compañeros protestaran desde su bancada, de pie y con una mordaza en la boca.
Y sobre la reforma de le ley de Extranjería indicó que viola la convención de Ginebra e incumple la normativa de asilo.
El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, que estuvo presente durante el debate, defendió hoy la política de inmigración del Ejecutivo con unas declaraciones cínicas que generaron gran repulsión.
«Si me dan la dirección donde a esa pobre gente los podemos trasladar y garantizan su manutención y que les dan trabajo, le aseguro que les enviamos. Pero hay mucha hipocresía», dijo Fernández Díaz en una entrevista en Antena 3 en relación a los migrantes que malviven en el monte Gurugú, frente a la frontera de Marruecos, esperando saltar por la frontera de Melilla.
La nueva norma modifica una ley del año 1992 y se elabora en paralelo a la reforma que endurece el Código Penal español, del que desaparecen las faltas, que se transforman en conductas punibles e infracciones administrativas, que ahora desarrolla la ley de Seguridad Ciudadana.
Uno de los temas polémicos es las cuantías de las sanciones, que para infracciones muy graves prevé multas de entre 30.000 y 600.000 euros, para las graves de 30.000 a 601 y para las leves de 600 a 100 euros.
Originalmente la ley consideraba grave una concentración o manifestación ante el Congreso, Senado o parlamentos regionales que no hubiese sido comunicadas, mientras ahora esto se considera “leve”. Pero si la manifestación no es comunicada y perturba gravemente el orden público, entonces sí se considera una infracción «grave».
Las manifestaciones o reuniones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan consideración de infraestructuras críticas, como las centrales nucleares, son consideradas infracciones «muy graves».
La desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse también se consideran infracciones graves, igual que la negativa a disolver reuniones o manifestaciones o la perturbación del desarrollo de una manifestación lícita. Una cuestión muy controvertida es el hecho de que se le da mayor valor probatoria a las denuncias formuladas por las Fuerzas de Seguridad, es decir, a la palabra de los policías, para dar curso a una infracción o sanción.
También se considera grave la aceptación o solicitud de servicios sexuales en zonas de tránsito o lugares destinados a uso para menores; y el consumo o tenencia de drogas en lugares, vías o establecimientos públicos, aunque no estén destinados al tráfico.
