Intendentes de América apoyan al alcalde destituido de Bogotá
Gustavo Petro, alcalde Bogotá, destituído por la Procuraduría
Los gobiernos de Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro y La Paz, entre otras ciudades, emitieron un comunicado en el que alertan ante una situación «peligrosa» para la democracia; Eurodiputados expresaron su «profunda preocupación».
Los alcaldes e intendentes de la Red de Ciudades Suramericanas (Redcisur) –entre ellos, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri– ofrecieron su apoyo y solidaridad a su par bogotano, Gustavo Petro, destituido e inhabilitado el lunes para ejercer funciones públicas. Es una decisión «peligrosa» para la democracia, dice el texto, firmado en una jornada en la que el gobernante de la capital colombiana recibió también el respaldo de un grupo de eurodiputados que reclamaron la «revisión de la preocupante medida».
«Consideramos muy grave este hecho que asesta un duro golpe a la gobernabilidad de nuestra hermana ciudad de Bogotá y significa una peligrosa señal para nuestras democracias», señalan los firmantes de la carta, divulgada en Bogotá. La misiva está firmada por Macri y los alcaldes o intendentes de Lima, Susana Villarán de la Puente; Río de Janeiro, Eduardo Paes; La Paz, Luis Revilla; Santiago de Chile, Carolina Tohá; Montevideo, Ana Olivera; Asunción, Arnaldo Samaniego, y Quito, Augusto Barrera.
En su documento, los alcaldes expresan su preocupación por la inusual sanción impuesta a Petro por un funcionario administrativo, por un caso de supuesta mala gestión. «Cuestionamos de igual forma que una acción de una autoridad administrativa destituya a un gobernante elegido por voto popular, de manera legítima», agrega el mensaje.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó a Petro porque consideró que actuó contra la ley, al no renovar los contratos que otorgaban a un grupo de empresas privadas la recolección de los residuos de la ciudad. El alcalde devolvió esas tareas a las empresas estatales, por lo que se preguntó si su delito había sido el de «desprivatizar» la limpieza. En su fallo –apelable sólo ante sí mismo– Ordóñez dijo que el alcalde había degradado la seguridad jurídica y había atentado contra la propiedad privada.
«Esperamos que, una vez apelada, la decisión sea revertida, restituyendo la tranquilidad y el respeto al buen gobierno de una de nuestras ciudades miembro, que ha sido colocada en una situación de riesgo e incertidumbre», concluye la declaración de los alcaldes suramericanos. La Redcisur, de la cual forman parte 15 grandes ciudades, tiene como objetivo promover un espacio de integración en el continente y fue creada justamente por iniciativa de Petro, elegido alcalde de Bogotá en las elecciones de 2011.
Mientras tanto, en Bruselas, sede del Parlamento Europeo, una veintena de eurodiputados se valió de una carta abierta para expresarle al presidente Juan Manuel Santos su «profunda preocupación» por la decisión de Ordóñez y reclamarle una urgente revisión de esa medida tomada contra «quien fue elegido por una mayoría de votos y tiene un mandato popular en la ciudad más importante de Colombia». Los eurodiputados destacaron que en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos «no es posible que un funcionario administrativo destituya a un gobernante elegido popularmente». «
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, apeló su destitución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y le pidió que le recomiende al Estado colombiano que no ejecute la decisión administrativa que lo destituyó e inhabilitó, hasta que el sistema interamericano se pronuncie. Carlos Rodríguez, uno de los abogados que representa a Petro, dijo que el caso fue cursado a la CIDH el 9 de diciembre pasado, horas después de que se conociera la decisión «antidemocrática» tomada por el Procurador general, Alejandro Ordóñez.
Rodríguez dijo que el petitorio se sustenta en una cláusula de la Convención Americana de Derechos Humanos que dice que «los derechos políticos sólo se pueden restringir por sentencia de juez penal, y el procurador es un administrativo, no es un juez penal». La destitución de Petro debe ser ratificada para que el alcalde salga del cargo, lo que podría demorarse varias semanas. Si Ordóñez rechaza una apelación de Petro y ratifica la destitución e inhabilitación por 15 años, el presidente Juan Manuel Santos debe designar a un alcalde interino y convocar nuevas elecciones. Ap
Fuente: Tiempo Argentino
