Ahora,el Intendente de Río Cuarto le reclamó a De la Sota que envíe los fondos
Primero, recurrió a la Nación. Pero, ayer, el Municipio hizo un planteo administrativo ante la gobernación para exigirle que “de manera inmediata y automática” remita los recursos del Fondo Educativo
Después de pedirle al gobierno nacional que le retenga a Córdoba los recursos del Fondo Educativo que le corresponderían a Río Cuarto pero que no están llegando, el intendente Juan Jure le presentó ayer un reclamo administrativo al gobernador José Manuel de la Sota para que “de forma inmediata y automática” le remita los recursos que pertenecen a la ciudad.
Así, el gobierno municipal completó el circuito de presentaciones administrativas en la pelea por los recursos del Fondo Educativo. La primera movida fue la más fuerte: contempló ir ante el Ministerio de Economía de la Nación a denunciar a Córdoba por el supuesto incumplimiento de la ley de coparticipación y pedir que se retengan las partidas directamente en Capital Federal y sean enviadas a Río Cuarto. Ahora, la presentación ante la Provincia apunta a cumplir los pasos necesarios antes de hacer un planteo judicial.
La semana pasada, públicamente el gobierno de Jure señaló que no existen razones para que la Provincia no envíe partidas del Fondo Educativo. El ministro de Finanzas, Ángel Mario Elettore, replicó que la postura de Río Cuarto no tiene ningún sustento legal.
En la presentación formal que ayer hizo el gobierno municipal en el Centro Cívico de la costanera, el intendente Jure se dirige directamente al gobernador. “En tiempo y forma se viene a interponer formal reclamo administrativo en contra del gobierno de la Provincia de Córdoba por la retención indebida de los fondos de Educación que corresponden a la Municipalidad de Río Cuarto, los que debieron, deberían y deberán ser transferidos automáticamente al Municipio conforme la legislación vigente, retención que sin lugar a dudas trae aparejados graves e inminentes daños en la educación que se imparte en la ciudad”, dice el planteo municipal.
En el escrito, el jefe comunal rememora que desde antes de 1983 el gobierno local posee jardines municipales. “Así, este municipio cubre un vacío dejado por la propia provincia de Córdoba en lo que respecta a salas de 3 y 4 años, puesto que en el sistema educativo provincial no existen en la ciudad vacantes suficientes para atender la educación de dichos niños”, se lee en el texto presentado en el Centro Cívico.
Pero, además, destaca la política educativa que decidió poner en marcha el gobierno de Jure y que contempla una inversión anual de 25 millones de pesos. “Es de importancia resaltar que el conjunto de los programas educativos significarán para la Municipalidad un nivel de inversión de 25,3 millones de pesos para el ejercicio 2015, lo cual implica una participación del 3,5 por ciento del gasto social total”, remarca Jure.
Cada vez que el Municipio reclamó el Fondo Educativo, se topó siempre con la misma respuesta: esos recursos sólo les pertenecen, según la Provincia, a las ciudades que tienen escuelas propias en la educación formal.
En el reclamo administrativo, el Municipio señaló que la ley 27.008 establece que debe hacerse un reparto automático a los municipios para cubrir “gastos ligados a la finalidad educación”.
“Es claro entonces que, por aplicación de esa ley, el Municipio reclamante debería haber recibido y estar recibiendo en forma automática los fondos que cubran los gastos que el Municipio realiza y que se vinculan directa y exclusivamente con la finalidad educativa”, dice el intendente.
A continuación, el texto de queja califica de “absurdo” el argumento esgrimido por las autoridades del gobierno de De la Sota, que limita el reparto a la educación formal.
“Ello resulta en la praxis una interpretación caprichosa y sesgada de la norma que pretende darle un sentido sin que la misma se lo dé. La interpretación que hacen las autoridades provinciales resulta contradictoria con la Ley de Educación. Asimismo, vale resaltar que los argumentos vertidos por las autoridades provinciales además resultan contradictorios con los propios instrumentos que tiene la provincia de Córdoba”, se lee. Es que la gobernación considera como gastos educativos los mismos que les niegan a Río Cuarto.
