El gobierno brasileño admite las protestas «como un hecho natural de la democracia» y busca superar la crisis
La declaración se produjo tras la tercera serie de manifestaciones masivas contra el gobierno de Brasil, ocurrida ayer, aunque con un número menor de adherentes que las anteriores.
La tercera serie de manifestaciones masivas contra el gobierno de Brasil, ocurrida ayer, aunque con un número menor de adherentes que las anteriores, fue admitida como «un hecho natural dentro de la normalidad democrática» por la presidenta Dilma Rousseff, quien hoy se reunió con sus ministros para mantener el curso de las medidas económicas con las que confía en superar la situación crítica actual y profundizar el diálogo político, dijo una fuente oficial.
El anuncio fue hecho por el ministro de la Secretaría de Comunicación Social, Edinho Silva, luego de ese encuentro, cuyo desarrollo no detalló, mientras en paralelo el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la principal fuerza opositora, sacudía el escenario político reclamándole a Rousseff un «gesto de grandeza».
«Si la propia presidenta no fuera capaz de tener un gesto de grandeza -renunciar o aceptar que estuvo equivocada- asistiremos a la desarticulación creciente del gobierno», afirmó Cardoso en una escueta evaluación de las movilizaciones y los intentos de la oposición por llevar a Dilma a un juicio político.
Las manifestaciones, que tuvieron lugar en Brasilia y en las capitales de 24 de los 27 estados federados, reunieron alrededor de 800.000 personas, según estimaron la Policía Federal y los organizadores, respectivamente, por debajo del 1,7 millón de personas congregadas en marzo pasado.
En ellas, los ciudadanos reclamaron la salida del gobierno de la presidenta y del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), y las críticas alcanzaron también con fuerza al líder de la agrupación y predecesor de Dilma, Luiz Inácio Lula da Silva.
Respecto de las medidas económicas que el gobierno pretende aprobar en el Congreso y otras ya puestas en práctica, el ministro Silva consideró: «Las condiciones que estamos pasando son de dificultad, pero vivimos en un país con todas las condiciones de superación. En breve, estaremos recogiendo los frutos de las medidas que fueron tomadas. Este es el centro de la atención del gobierno: recuperación del crecimiento económico y de la generación de empleos».
«Reconocemos la importancia de la movilización de ayer, pero el gobierno continuará trabajando, construyendo su agenda; el gobierno cree que las medidas económicas, que en gran parte ya fueron tomadas, crean condiciones para que Brasil retome, en un corto espacio de tiempo, el crecimiento», dijo.
Al respecto, el diario británico Financial Times evaluó hoy en un editorial que pese a las manifestaciones de ayer Rousseff debe permanecer en el cargo. «Aunque Dilma sea removida, ella probablemente será sustituida por otro político mediocre que, enseguida, intentaría implementar la misma estabilización económica que ella está intentando».
«Las razones para la precariedad de su posición son claras. Un escándalo de corrupción propagado en Petrobras. Además de eso, hay un lamentable desempeño económico. La economía se estancó, y se prevé que la recesión pueda durar hasta 2016, por lo menos», enumeró el diario.
Brasil vive una situación crítica en lo económico que el gobierno espera revertir con una batería de medidas que se encuentran actualmente en el Congreso y que la oposición considera como políticas de ajuste, a lo que se suma un gigantesco escándalo de corrupción detectado en la petrolera estatal Petrobras que alcanza a amplios sectores de la clase política y empresarial.
Por esta causa, la justicia federal de Paraná condenó hoy al ex director de Petrobras Nestor Cerveró; al lobbysta Fernando Soares, conocido como Fernando Baiano, y al empresario Júlio Camargo, quien acusó en delación premiada al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de haber recibido cinco millones de dólares en sobornos.
Las sentencias fueron firmadas por el juez Sérgio Moro -vivado en algunas de las manifestaciones de ayer-, responsable por los procesos de la operación Lava Jato (nombre con el que se conoce a la investigación).
Cerveró fue considerado culpable de los delitos de corrupción y lavado de dinero, que le valieron una condena a 12 años, tres meses y diez días de detención. Baiano fue condenado a 16 años, un mes y diez días. Júlio Camargo, el único de los tres que está en libertad, fue condenado a 14 años, pero por haber firmado un acuerdo de delación premiada, cumplirá cinco años en régimen abierto, que incluye la prestación de servicios comunitarios.
