La crisis de Luján de Cuyo estalló hasta en la casa del Gobernador
Los municipales decidieron pasar a la acción e hicieron un piquete en el ingreso al barrio donde vive el Gobernador. Luego, tomaron el edificio municipal. Prometieron pagarles.
La crisis financiera que atraviesa la provincia y algunos departamentos tenía que explotar en algún lado y Luján de Cuyo estalló. Más de un centenar de trabajadores municipales se manifestaron en dos sitios distintos de ese departamento: en la entrada del barrio Miraflores de Carrodilla, donde vive el gobernador, Francisco Pérez, y en la sede municipal; este último edificio directamente fue tomado por los empleados.
El reclamo era simple: querían cobrar el sueldo de octubre, que hasta ayer a la mañana no había sido depositado en las cuentas sueldo.
Ayer al mediodía el secretario de Hacienda del municipio, Mario Granado, decía que en el transcurso de la tarde de ayer y la madrugada de hoy estarían depositados los salarios de todos los trabajadores de las clases A a la I (la totalidad del escalafón municipal) y que quedarían sin cobrar los funcionarios que revistan en las conocidas como clases fuera de nivel, es decir los cargos políticos tanto del Ejecutivo municipal, como del Concejo Deliberante.
La jornada tuvo momentos de tensión en Luján. A primera hora de la mañana un grupo de trabajadores con el secretario general de los municipales Fabián Barahona a la cabeza, llegaron a la entrada del barrio Miraflores, un conjunto habitacional semiprivado que mantiene una consigna policial y un vallado en el frente por el vecino ilustre que se aloja en una de las viviendas: Francisco Pérez.
Los municipales llegaron, dispusieron cubiertas y una camionada de basura en la calle de ingreso al barrio y lo prendieron fuego. Obviamente que el piquete desató momentos de tensión entre los vecinos del Gobernador y los trabajadores amotinados.
Minutos después otro grupo llegó a la sede comunal. Desalojaron a todos los empleados y dieron por tomado el edificio: “Aquí nos quedamos hasta que nos acrediten el sueldo” juraban los trabajadores.
“Aún estamos en el plazo legal para depositar sueldos (del 1 al 10 de cada mes). Esto sucedió porque la oposición crea un clima hostil y genera miedo”, decía Granado. El funcionario y hombre de confianza del intendente Carlos López Puelles había sido visto en Casa de Gobierno el lunes por la mañana, rondando la oficina del ministro de Hacienda, Juan Gantús. El motivo de la visita era claramente la búsqueda de recursos. El mismo que llevó ayer al propio intendente a la Gobernación.
Consultado por Los Andes al respecto, Granado dijo que no consiguió del Gobierno los recursos para empezar a acreditar los salarios, sino que fue un adelanto financiero de 20 millones de pesos otorgado por el agente financiero de Luján, el Banco Supervielle.
Dardos opositores
El concejal Facundo Terraza (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) respondía a la distancia que estos problemas financieros se debían al “despilfarro de plata en la campaña y en Santa Elena”.
Para aclarar, Santa Elena es una empresa que cubre el servicio de recolección de residuos en tres distritos de la comuna y que tiene un contrato millonario que fue denunciado por los concejales de la oposición, particularmente el edil demócrata Sebastián Bragagnolo, sobrino del intendente electo, Omar De Marchi.
Desde otro lugar de la oposición, aunque también parte de Cambia Mendoza, como el PD, la concejal radical Gisela Amorós decía que el problema del municipio no era salarial sino “que no se pagan otro tipo de servicios básicos y fundamentales. Hay 400 millones de pesos de deuda por servicios que no se pagan. La recolección de residuos está resentida porque no hay nafta para los camiones. En el cementerio las máquinas no tienen combustible para hacer los cavados de entierro. No se han pagado las facturas de teléfono”.
Luján viene viviendo días difíciles. Problemas con el pago de proveedores (la comuna admite un atraso de tres meses), problemas con la recolección de residuos y un atraso de tres meses en el pago de sueldos a concejales y algunos empleados del Concejo Deliberante.
El secretario de Hacienda, Granado, ayer decía que los trabajadores de toda la comuna han cobrado todos los meses. “Dijimos a los concejales que íbamos a priorizar a los trabajadores que prestan servicios directos. Los que no cobran son los ñoquis. El sueldo de los concejales y asesores nos cuesta 3 millones de pesos más cargas patronales por mes, cerca de 50 millones en total”.
Pasado el mediodía, los trabajadores se mantenían en el edificio municipal, pero el clima ya era otro. «Nos vamos a quedar hasta que nos acrediten, pero ya nos dijeron desde el banco que en el transcurso de la tarde nos van a acreditar», decía el secretario adjunto de Municipales, Carlos Jofré, dejando traslucir cierta esperanza.
La interna gremial, al rojo vivo
El clima tampoco es el mejor entre los trabajadores. Durante las manifestaciones hubo momentos de tensión entre los propios municipales; algunos forcejeos, que no pasaron a mayores, desnudaron cierta disputa interna.
No sólo se trata de la vieja interna entre ATE y Municipales, que ayer también se notó, porque estaban los dos grupos bien identificados, sino que parece haber una divergencia al interior del segundo gremio, un grupo que pretende disputar el liderazgo a Barahona.
Desde este sector, aparece un trabajador llamado Luis Arce, que también se dejó ver ayer y acusa a Barahona de ser muy cercano al intendente Carlos López Puelles.
De Marchi: “Final anunciado”
El intendente electo Omar De Marchi aún no asume, pero se muestra preocupado. “Esto es un final anunciado”, dice y empieza a enumerar deudas que la comuna tiene no sólo con empleados sino también con otros organismos como Irrigación, siete meses de alquileres de inmuebles en los que funcionan reparticiones municipales, cinco meses de personal con contratos de locación.
“Esto explota cuando no se pagan los sueldos. Lo que hay es un virtual abandono de la gestión; eso es vox pópuli en Luján”, describió el macrista.
Luego se le indica que tantas deudas son síntoma de un problema financiero grave y De Marchi responde: “No es financiero. Es un problema económico estructural, provocado por los derroches enormes. Vamos a tener que intervenir para ordenar. Hoy hay 60 direcciones en la comuna, cada una con su caja chica; se han gastado en ocho meses el combustible previsto para todo un año”.
