Desarrollo económico y soberanía. Por Fernanda Vallejos
POR FERNANDA VALLEJOS*
Nuestra historia puede ser leída como la disputa entre un proyecto de país que aspira a la consolidación del desarrollo económico y social de la Nación, y aquel otro que resiste la remoción de un orden de privilegios, encarnados en una minoría intensa y poderosa, articulado con las relaciones de explotación de nuestra economía que el poder económico mundial ha intentado imponer. Muy ilustrativo de esto último resulta el caricaturesco editorial que hace algunos días publicara The New York Times, en el cual no se dejan dudas del lugar que el bloque dominante asigna a nuestra economía, al señalar: “Había tanto para ser saqueado, tantas riquezas en grano y ganado…”. No sorprende, habida cuenta de tal concepción del mundo, la injuriosa crítica hacia nuestro país.
Es que la Argentina desafía –económica, política y culturalmente– una vez más, desde hace ya once años, el mandato hegemónico. “Inventó su propia filosofía política”, sostiene el mismo editorial, para cargar luego contra el peronismo. Tal vez lo único en lo que acierta el diario estadounidense es en identificar al peronismo –y por ello lo aborrece– como el momento histórico de consagración del proyecto nacional-popular que desechó la “Teoría de las Ventajas Comparativas” con la que se ha pretendido relegar a nuestro país a un papel de dependencia, de sumisión a una matriz económica primarizada, soslayando la limitación básica de un modelo que no puede emplear a más de un tercio de la población. ¡Curiosas ventajas, que implican condenar a dos tercios de nuestros compatriotas a la exclusión! Por esas mismas razones se explican las encendidas críticas que aquel y otros órganos de inoculación del pensamiento dominante han desplegado contra el kirchnerismo que, como sostuvo la Presidenta en su discurso frente a la Asamblea Legislativa, “yo no sé si kirchnerismo y peronismo son lo mismo, pero se parecen bastante”.
Lo cierto es que, sobre las cenizas de un país arrasado por el neoliberalismo, la Argentina está reconstruyendo una soberanía que había sido pisoteada y que, en su versión siglo XXI, tiene nombre propio, en clave de desafío: Soberanía Industrial. Los avances del ciclo de once años, iniciado en 2003, son indiscutibles. Sin abundar en datos, bastará señalar que la industria se expandió un 106,4% (por encima del promedio de la economía), que la tasa de desocupación cayó desde el 25% hasta el 6,4%, que la participación de los salarios en el ingreso, según estimaciones propias, creció desde el 34% hasta el 47% y que el coeficiente de Gini (indicador sintético de desigualdad) mejoró desde 0.54 hasta 0.41, según el Banco Mundial. Sin embargo, el camino hacia el desarrollo no es un lecho de rosas. La Argentina se encuentra en un momento de bisagra histórica: tiene frente a sí antiguos desafíos que deberá superar para consolidar, definitivamente, un desarrollo económico y social de largo alcance.
El primero es ese viejo talón de Aquiles, la restricción externa. El escenario de escasez de divisas encuentra razones estructurales en la expansión de la economía y de la industria que, con un proceso de sustitución de importaciones inconcluso, genera tensiones dada la relación entre crecimiento y demanda de bienes importados, a la vez que presiona sobre la mayor demanda de energía. En igual sentido, el desendeudamiento ha sido otro determinante. El sendero de soluciones va en la dirección correcta. De un lado, con la recuperación de YPF, hacia la reconstrucción del autoabastecimiento energético; a lo que se suma el reciente acuerdo con Repsol, clausurando los litigios contra el país y despejando el camino a nuevas inversiones estratégicas para poner en valor las enormes reservas que existen. Del otro, con metas de industrialización sustitutiva, agregación de valor en producciones primarias y de economías regionales, y mejora de la performance exportadora. Seguramente, un desempeño superador de los bloques industriales estará vinculado a la autoridad del Estado que, así como ha generado las condiciones macroeconómicas y los estímulos para su expansión, deberá ejercer una firme conducción de una etapa de profundización y planificación del desarrollo industrial. La conveniencia de orientar la renta extraordinaria de la tierra en pos del desarrollo nacional, también invita a pensar otros modelos de participación del Estado en el mercado granario.
El segundo desafío puede definirse como la restricción distributiva. Tras el inocultable fracaso de la “teoría del derrame” predominante en la década del noventa, que propugnaba la conveniencia de la concentración del ingreso en una cima desde la cual derramaría hacia las bases (permítaseme reconocer la habilidad creativa del neoliberalismo para convalidar sus intereses a través de teorías a la medida), hoy existe un consenso bastante generalizado respecto de la correlación virtuosa entre igualdad distributiva y desarrollo económico. Este proceso que, en nuestro país, se cristalizó a través de la dinámica de creación de empleo y mejora de los salarios reales, consolidando la demanda efectiva –tractor de la inversión y la expansión de la economía– de la mano con otras políticas de inclusión implementadas por el Estado (AUH, política previsional, Plan Progresar), hoy enfrenta tensiones. La intensificación de la puja distributiva, manifiesta en la dinámica de los precios, puede interpretarse como el límite que los sectores concentrados pretenden poner al proceso redistributivo en marcha. En este sentido, la problematización de la tasa de ganancia empresaria, como determinante esencial en el proceso de formación de precios, hasta ayer invisibilizada por el pensamiento económico convencional, resulta crucial. Es condición necesaria para el empoderamiento popular, así como para avanzar, según señaló la Presidenta al inaugurar el 132º periodo de sesiones legislativas, en el perfeccionamiento de las potestades jurídicas del Estado para intervenir en el conflicto distributivo y poner límites al abuso de los actores con posición dominante, tal como prescribe la Constitución Nacional.
Nótese que ante cada uno de los puntos que se listaron como desafíos para el despliegue definitivo del desarrollo económico y social de la Argentina, surge un elemento gravitatorio: el Estado. Por eso, no es casual que tenga tanta centralidad en el debate económico. Denostado con denuedo por quienes defienden un orden de cosas en nombre de la “libertad de mercado” o, sin eufemismos, del accionar sin restricciones de un conjunto de actores que detentan el poder de mercado. Reivindicado por quienes rehusamos dejar la economía en manos de las corporaciones, mientras aspiramos a consolidar una dimensión económica de la democracia.
En última instancia, el ejercicio de una soberanía plena, con el objetivo de erigirnos en Nación desarrollada, también dependerá de no sucumbir ante los cantos de sirena de los que históricamente se han opuesto a nuestro desarrollo –de adentro y de afuera– y fortalecer, con herramientas jurídicas y legitimidad social, al Estado nacional, como instrumento efectivo de la soberanía popular. Porque, como dijo Néstor Kirchner en aquel lejano 2003, y recordó Cristina el sábado pasado: “Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad: a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionados, a los usuarios, a los consumidores”. Pero también “un cambio que pueda consolidarse necesitará de (…) un compromiso activo de la sociedad…”
*Economista de La Gran Makro.
