San Luis: Un 70% de los beneficiarios de viviendas deben cuotas

Las deudas corresponden a distintos planes de viviendas tanto de los actuales como los de gestiones anteriores.

Las deudas corresponden a distintos planes de viviendas tanto de los actuales como los de gestiones anteriores.

Equivale a más de 39 mil personas de las 55 mil que aún pagan sus casas sociales. La deuda totaliza 400 millones de pesos.

Un 70% de los beneficiarios de las viviendas sociales son deudores de cuotas, según explicó Cecilia Badaloni, directora Provincial de Ingresos Públicos. La cifra representa a 39.494 personas, de las 55.474 que aún pagan sus casas (tanto planes actuales como de gestiones anteriores). Según dijo la funcionaria, titular del organismo que desde octubre del año pasado se encarga de cobrar las cuotas de las casas sociales, unas diez mil personas deben más de cien meses, es decir, están atrasadas unos ocho años. Esto equivale a unos 400 millones de pesos que le adeudan al Estado.

“El concepto es que el pago de la cuota es un círculo virtuoso, porque abonándolas permito que otra gente tenga una casa”, comentó Badaloni. En este último tiempo censaron a los deudores y ya llevaron cinco casos a juicio de vecinos que pertenecen al barrio Los Lapachos, en La Punta. “Hemos empezado a analizar sectorialmente barrios en particular. En esta primera etapa se hizo un estudio en Los Lapachos, que posee una cuota diferencial e iba dirigido a profesionales. Ahí, al ser más caro el pago mensual, la deuda acumulada era mucho más alta. Fue muy bueno el resultado de la gestión, porque un alto porcentaje refinanció su deuda y hoy están pagando como corresponde”, expresó. De doscientos deudores, sólo cinco no aceptaron el plan de pago y pasaron a una instancia judicial. Esa agrupación de viviendas, ubicada en cercanías de la Universidad de La Punta, tiene un valor de cuota mensual que ronda los $600.

“Lo primero que se hace es notificar al beneficiario de la deuda y se lo invita a adherirse a un plan de pago para su cancelación. Si no se tiene respuesta de la notificación lo que se hace es citarlo a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, se le explica la situación y se le ofrece el plan de regularización normado por una resolución general del Ministerio de la Vivienda. Si no tenemos respuesta en función de esa citación, se le hace una nueva advertencia y si continúa sin responder se le emite la boleta de deuda y se manda a juicio”, indicó Badaloni. “Ese es el procedimiento, no es que va a juicio directamente. Hay una gestión prejudicial bastante importante donde se le avisa al beneficiario que tiene que mostrar voluntad de pago. Muchas veces no pueden pagar, entonces se les pide que abone la cuota corriente y una vieja, o que hagan la refinanciación del saldo. No obstante, por más que desadjudiquen a la persona de su vivienda, la deuda le pertenece”, agregó.

Los próximos barrios a analizar serán AMPPyA, UOCRA (San Luis y Villa Mercedes), 140 Viviendas y algunos de Juana Koslay “Estamos haciendo un análisis de los mayores deudores, siempre empezamos por los barrios donde hay mayor monto de deuda. Si hay en el medio un tema social, como por ejemplo puede ser que la persona esté sin trabajo, eso ya lo trabajamos junto con el Ministerio de la Vivienda”, contó. Los atrasos se producen tanto en barrios nuevos como en las primeras urbanizaciones. “Las deudas antiguas son más importantes, porque se fueron acumulando durante una mayor cantidad de años. Los más nuevos, al ser recientes, son cifras más chicas”, dijo la funcionaria.

Para los últimos barrios entregados, a partir de la gestión de Claudio Poggi, las cuotas son de $350 y $500 para los planes Progreso y Sueños, respectivamente. En los primeros planes de viviendas los montos eran de $60 y $90, cifras que se mantienen en la actualidad.

Fuente: El Diario de la República