1.512 millones de pesos es la deuda que tiene el Municipio de Río Gallegos
30/12/2015 ECONOMÍALa misma se reparte entre aportes, contribuciones, horas extra, actualización de asignaciones familiares, ART, obra pública y proveedores. Se registraron irregularidades en el ingreso de personal, contratación de servicios, otorgamiento de tierras y realización de obras. El Decreto 090/2015 es ad referéndum del Concejo Deliberante, que fue convocado a extraordinarias para el próximo miércoles. “La situación es compleja y sólo salimos entre todos”, indicó Roberto Giubetich.
Durante casi una hora, el intendente Roberto Giubetich, rodeado de sus cuatro secretarios, explicó largamente la realidad en la que encontró a la Municipalidad de Río Gallegos. “Más que un Municipio, nos encontramos con una bomba de tiempo”, aseguró y planteó que “a consecuencia de la mala administración, fundamentalmente de los últimos cuatro años, hoy el Municipio está quebrado no sólo económicamente, sino también en su relación con sus empleados y con los vecinos que le han perdido la confianza, y eso se ve en la recaudación”.
Reseñó situaciones rayanas con acciones de incumplimiento de los deberes de funcionario público y otras de malversación de fondos, como el caso del dinero de prórroga de YPF para dos camiones volcadores por 2,6 millones de pesos que deben ser pagados en los próximos días y el dinero “no está”.
Area por área, de las principales, fue detallando el jefe comunal las irregularidades que encontró.
Indicó que en cuanto a personal, hay un área muy sensible como es Niñez y Adolescencia que la Justicia, porque la ley así lo determina, hace responsable al Municipio de la atención de los casos y los profesionales que debieron ser contratados en el marco del cumplimiento de la norma “son todos monotributo y hace dos meses que no cobran”.
Señaló que al hacer un promedio del ingreso municipal de este año da un promedio de 61,5 millones de pesos y “la masa salarial de noviembre fue de 102 millones”, es decir que “hay un déficit mensual de 40 millones de pesos sólo en salarios”.
Indicó que en los últimos cuatro años “ingresaron a la Comuna 1.686 personas a planta y se jubilaron 496. Lo que significa que hubo más de un ingreso por día de gente a la planta municipal” y eso, aseguró Roberto Giubetich, “habla de la mala administración”.
Detalló algunos ingresos que se generaron en los últimos meses (143 del Sipem, 38 Plan Veredas y 150 monotributistas) e indicó que “hay personal que se presenta como contratado municipal, pero que carece de instrumento legal alguno que lo acredite en dicha condición”.
También indicó que hay más de 500 personas que figuran “adscriptas” a otros organismos o estados, y en algunos casos “hay gente que ni siquiera vive en Río Gallegos”.
Por otra parte, al pedir “responsabilidad” y “compromiso” al empleado municipal, lamentó que entre el 10 y el 22 de diciembre de los 3.890 empleados que efectivamente están en planta, 423 pidieron carpetas médicas.
Compromiso general
En ese marco, el intendente fue claro y sostuvo que “la situación que vivimos es muy compleja y no sale uno solo, acá necesitamos estar todos” y convocó a las fuerzas vivas de la ciudad, universidades, Cámara de Comercio, Consejo de Profesionales, etc., a “que revisen, los números están disponibles para todos” y busquen alternativas para salir. Al gremio le pidió responsabilidad y negó que se busque suspender las negociaciones paritarias. “El decreto es para darnos un tiempo en el que podamos saber dónde estamos parados, reorganizar y comenzar a delinear el camino por dónde salir”.
Sin registros
Uno de los fundamentos del decreto es “darnos el tiempo suficiente para saber dónde estamos parados” y eso es porque pese al compromiso, las autoridades salientes “no entregaron el estado de deuda conciliada, ni el libro de bancos, ni los registros que por la Ley 55 están obligados a realizar”.
En algunos sondeos preliminares pudieron corroborar que a la Caja de Previsión Social se le deben 900 millones de pesos, 350 a la Caja de Servicios Sociales, 10 millones a la ART y 11 millones al ISPRO. Además hay unos 14 millones de deuda al personal, ya sea por Litis, Horas Extra, retroactivos de Asignaciones Familiares, viáticos o retenciones personales. Y otros 27 millones a acreedores de los trabajadores a quienes se les practicaron los descuentos por planilla, pero el Municipio no los pagó. A ello se le suman alrededor de 200 millones a proveedores registrados. En definitiva y a modo general, la deuda hasta ahora contabilizada ascendería a 1.512 millones de pesos y podría ser mayor.
Por esa razón el decreto determina la apertura de un registro de acreedores del Municipio, en el cual los particulares que posean acreencias podrán solicitar su inclusión presentando la documentación respectiva que así la avale.
Para poder hacer frente a la misma, se decidió establecer un régimen de compensación al efecto de verificar, reconocer y conciliar el monto de las acreencias y deudas municipales.
A revisar
El decreto declara en revisión y/o refinanciación todos los contratos y convenios con proveedores de bienes y servicios, obras o servicios públicos. También se examinará la totalidad de obras públicas ejecutadas, en ejecución y a ejecutarse. En ese marco, Giubetich indicó que “fue llamativo que una cuadra de repavimentación fuera pagada 800 mil pesos o los playones con césped sintético 700 mil, más 600 mil para el cercado y todo eso fue abonado el 9 de diciembre”, por lo que aseguró que también serán puestos en revisión y se harán las demandas si así correspondiese.
También están las últimas entregas de tierras efectuadas dentro de los 180 días (se han autorizado loteos en zonas no permitidas, se han entregado certificados de posesión por duplicado y se perdieron muchos expedientes, afirmaron).
En cuanto al personal, se autoriza al Ejecutivo municipal a disponer reestructuraciones funcionales del personal, traslados, cambios de dependencias, tareas, horarios y toda otra medida que sea conveniente para mejorar la eficacia en la prestación de servicios de la Comuna.
También se instruye al área legal a “demandar por daños y perjuicios a los funcionarios que hayan, por acción u omisión, comprometido patrimonialmente a la hacienda pública municipal”, dice el decreto. “Alguien deberá hacerse responsable de todo lo que pasó”, aseguró Roberto Giubetich en la conferencia de prensa.
En ese marco, se señaló que por nota ya se pidió una auditoría integral al Tribunal de Cuentas para que haga una radiografía de la situación de la Comuna.
Asistencia
En este marco, el intendente volvió a ratificar que la Comuna necesita asistencia financiera urgente para pagar los haberes del mes de diciembre, pero que además deberá replicarse la misma “al menos por los siguientes 12 meses” y volvió a ratificar que “a mí me eligieron para gobernar el Municipio, no para pagar sueldos y mendigar 20 días al mes la plata para eso”.
Adelantó que el Municipio avanzará en medidas para mejorar la recaudación y que una de ellas será la actualización de la tarifaria municipal, la que formará parte de la extraordinaria convocada para este miércoles 30 de diciembre.
“Hoy un vecino paga 420 pesos promedio por recolección de residuos, es decir a razón de 1,50 pesos diarios y eso está lejos del gasto que insume realizar dicho servicio”, pero fue más claro al señalar que la ordenanza establece que el módulo puede ser elevado, ya sea por el índice salarial o por el del Indec, el que resulte más bajo. Pero sostuvo que ello ha llevado, lamentablemente, a que “mientras un trabajador categoría 10 que en diciembre de 2011 cobraba en bruto 4.773 pesos y hoy percibe 13.029 pesos, es decir 2,73 veces más, el módulo por el cual se calculan los impuestos municipales pasó de 0,069 a 0,094 pesos, apenas 1,36 veces más y ese desfasaje también explica la situación de crisis actual”.