Lluvia de amparos: Intendentes y diputados K contra el tarifazo eléctrico de Macri
El intendente de Avellaneda un grupo de diputados bonaerenses presentaron acciones judiciales para invalidar el tarifazo decretado por el gobierno de Macri, al que califican de “ilegítimo”.
Decidido a encabezar la oposición desde el FpV y con un fuerte cruce contra Mauricio Macri y el ministro de Ambiente Sergio Bergman sobre sus espaldas, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, presentó en las últimas un recurso de amparo ante el Jugado Federal 3, en lo Contencioso Administrativo, para frenar el tarifazo eléctrico aplicado por el Gobierno nacional.
Ferraresi acudió a la justicia motivado por el “aumento en el costo de las luminarias públicas que golpearía aún más el bolsillo de los ciudadanos”, según indicó en un comunicado oficial.
El escrito fue presentado ante en el Juzgado Federal número 3 en lo Contencioso Administrativo, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, reclamando se retrotraigan las tarifas de energía eléctrica a los valores previos al aumento instrumentado por el Gobierno nacional, derogando la Resolución N° 7/2016 del ministerio de Energía y Minería de la Nación, la Resolución N° 1/2016 del Ente Regulador de la Electricidad y “toda otra norma que se dicte como consecuencia de las anteriores”.
El escrito, redactado por el cuerpo letrado del municipio, determina “la nulidad absoluta e insanable” de la normativa que regula el “tarifazo”, en la medida en que viola parte de la ley que establece el Régimen de la Energía Eléctrica, y desconoce los procedimientos previstos por esta norma para autorizar aumentos tarifarios.
La medida cautelar solicitada resalta también la figura del usuario del servicio público como “la parte más débil de la relación de consumo”, dejando en claro que “no se han respetado debidamente sus intereses y el derecho a ser informados con anticipación de la tarifa que pagarán”.
Entre los argumentos de la demanda, se encuentra el incumplimiento del artículo 46 de la ley 24.065 (que establece el Régimen de la Energía Eléctrica). El mismo determina que al recibir una solicitud de aumento tarifario por parte de las empresas distribuidoras, el ente regulador se encuentra obligado a dar “inmediata difusión pública a la misma por un plazo de treinta días y convocar a una audiencia pública para el siguiente día hábil a fin de determinar si el cambio solicitado se ajusta a las disposiciones de esta ley y al interés público”.
El escrito establece que la actitud del gobierno macrista es “improcedente, irrazonable y arbitraria”, al fundamentar la omisión de la audiencia pública en un acta acuerdo de renegociación contractual suscripta en el año 2006, que de todas formas no contemplaba aumentos en categorías residenciales.
Refuerzo desde la Legislatura
Desde la Legislatura procedieron de igual manera los diputados del Frente para la Victoria Walter Abarca, Eva Ramírez, Valeria Amendolara, Andrés Quinteros, Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Liliana Pintos, Marcelo Feliú, Manuel Elías, Mauricio Barrientos, Alicia Sánchez y Ricardo Moccero.
El grupo de legisladores presentó esta mañana en el Juzgado Federal Nº 2 a cargo del Dr. Adolfo Gabino Ziulu un recurso de amparo similar al de Ferraresi.
En los fundamentos del escrito, indicaron que “estas resoluciones han sido sancionadas de una manera totalmente inconsulta, sin la realización de una audiencia pública previa que asegure al menos un elemental nivel de información y participación de los usuarios y las usuarias, que se verán afectados por la modificación de las tarifas eléctricas”
Los legisladores y las legisladoras, señalaron que la interposición legal fue efectuada “tras la concreción de un daño cierto que lesiona, restringe, altera y amenaza a los usuarios y consumidores del servicio de energía eléctrica del territorio bonaerense”. Al mismo tiempo, en el recurso solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires tal como lo ha exhortado dicho organismo ante el ENRE y el Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren.
En relación a la actividad económica, expresaron que “la medida es sumamente negativa para los sectores comerciales e industriales y los diversos actores de la economía social, los cuales padecerán incrementos alarmantes. Esta situación, provocaría un aumento directo en el costo de operación que se trasladaría a los precios, desencadenando una reducción de la demanda global, entre otros problemas”.
Con respecto al beneficio de Tarifa Social por consumo de energía de hasta 150 kwh por mes, los diputados y las diputadas manifestaron su preocupación por las personas “Electrodependientes por cuestiones de salud”, que presentan consumos extraordinarios de electricidad, y por la personas en situación de vulnerabilidad social, que habitan en viviendas sin acceso al gas natural por redes.
Por otra parte, advirtieron sobre el impacto perjudicial en la instituciones de bien público, las sociedades de fomento, los clubes barriales y las organizaciones comunitarias que trabajan para efectivizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, de mujeres, de personas con necesidades especiales, de adultos mayores, entre otros sujetos de derecho.
Destacaron que las disposiciones perpetradas implican un claro ataque al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, quienes verán afectado su salario y nivel de vida así como el de sus familias.
“Una modificación tarifaria de tales características que afecta un número tan significativo de ciudadanos, debió ser puesta a consideración mediante una audiencia pública conforme el espíritu del artículo 42 de la Constitución Nacional”, recalcaron en la acción judicial.
En línea con ello, los legisladores y las legisladoras exigieron el cumplimiento de la Ley 24.065 -“Régimen de la Energía Eléctrica”-, la que en sus artículos 46° y 48° regula el procedimiento de audiencias públicas, que resulta necesario para el establecimiento de una tarifa justa y razonable
De esta manera, sostuvieron que “este recaudo es el único procedimiento viable para que la comunidad afectada y los titulares de derechos de incidencia colectiva puedan participar, informarse, emitir su punto de vista, ser parte activa de la determinación de un nuevo cuadro tarifario”.
En el mismo sentido, los diputados y las diputadas del Frente para la Victoria elevaron el 10 de febrero en la Cámara Baja provincial un Proyecto de Declaración (Expediente D-3394/15-16) donde pronunciaron su más enérgico rechazo y repudio al ajuste tarifario del servicio de energía eléctrica, ejecutado por el gobierno nacional por medio de las mencionadas resoluciones, e instaron a que se convoque de inmediato a las pertinentes audiencias públicas.
En este contexto, los diputados y las diputadas además iniciarán una campaña en diferentes distritos bonaerenses, convocando a los vecinos, vecinas, comercios, instituciones de bien público, pymes, integrantes de la economía social, organizaciones comunitarias, entre otros damnificados, para que puedan ejercer su derecho constitucional de solicitar la realización de la audiencia pública correspondiente.
“La audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general, exprese su opinión”, concluyeron.
