La Rioja: Impulsan embargo a cuentas del municipio de la Capital
La medida la pidió el abogado de empleados municipales a los cuales la gestión Paredes Urquiza les objeta su designación a planta realizada en 2015 por parte del quintelismo por irregularidades.
13/05/2016 ECONOMÍALa medida la pidió el abogado de empleados municipales a los cuales la gestión Paredes Urquiza les objeta su designación a planta realizada en 2015 por parte del quintelismo por irregularidades. El Tribunal Superior falló a favor de estos últimos y retrotrae su situación de revista. El municipio dice que no puede pagarles y advirtió que un embargo de más de $3 millones a sus cuenta pone en riesgo la prestación de los servicios públicos. El actual intendente tildó el fallo judicial de “político”.
Los trabajadores a los cuales se les objetó su pase a planta en la comuna capitalina pidieron un embargo de las cuentas municipales por un monto de tres millones de pesos.
La presentación en la Justicia la realizó el abogado de los empleados municipales, Miguel Zárate y la medida fue interpuesta ante la decisión del Ejecutivo Municipal de no acatar el fallo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
“Solicitamos que se trabe embargo de las cuentas por el incumplimiento del municipio respecto de la orden judicial del TSJ. Hay una desobeciencia al mandato judicial. La orden cautelar del TSJ dispone el pago de los salarios de manera inmediata. El fallo del TSJ es claro y le ordena al municipio abstnerse de modificar la situación de los trabajadores y abonar los salarios retenidos”, indicó Zárate.
El abogado dijo que aunque el municipio haya sido notificado del fallo a fines de abril, podría haber abonado los sueldos por planilla complementaria. En este sentido aseguró que en el Ejecutivo Municipal “hay una decisión política de no pagar” y agregó que “esa decisión de no cumplir el fallo es lo que motivó el pedido de embargo de las cuentas”.
Por su parte, el Fiscal municipal, Raúl Galván, se refirió al pedido de embargo de las cuentas municipales que presentaron los trabajadores en conflicto y afirmó que si la Justicia accede a ese pedido se puede ver comprometido el funcionamiento de la comuna capitalina.
“No se puede embargar cualquier cuenta del municipio. Hay que ver sobre qué cuenta se pidió el embargo, qué monto se reclama embargar y si la Justicia hace lugar al pedido. Si se hiciera lugar al embargo se puede ver seriamente afectado el funcionamiento del municipio”, dijo Galván.
El Fiscal municipal hizo hincapié en el monto del pedido de embargo y sostuvo que el Ejecutivo Municipal ya solucionó la situación de las dos terceras partes de los trabajadores que fueron suspendidos.
“Hay que ver si el monto que solicitan es por la totalidad de los empleados que estaban suspendidos. Si el monto es tres millones de pesos, estimo que se está pidiendo por todos los trabajadores en conflicto y eso no corresponde porque a las dos terceras partes de esos trabajadores ya se les solucionó el problema. Es decir, si se pide embargar por todos los trabajadores habría empleados que estarían cobrando dos veces y no se puede cobrar dos veces el sueldo”, explicó.
Galván añadió que en el municipio capitalino estarán atentos a lo que resuelva el TSJ respecto del pedido de embargo y dijo que si la Justicia accediera al pedido, la comuna pedirá el levantamiento de dicha disposición.
“Vamos a pedir que no se lleve a cargo el embargo o en caso de que se lo haga pediremos que se lo levante para que no se vea afectado el funcionamiento del municipio”, insistió.
Por otra parte el Fiscal recordó que el municipio presentó un recurso de revocatoria con el que se solicita quede sin efecto el fallo a favor del amparo.
A su vez, el funcionario sostuvo que el acuerdo firmado en enero con los trabajadores si tiene valor legal.
“El amparo judicial procede cuando no hay una vía idónea para resolver el conflicto y acá hay una vía administrativa con la que ellos y el municipio acordaron un mecanismo para llegar a una solución. Al acuerdo lo firmaron dos representantes de la asamblea de trabajadores y el domicilio fijado por los trabajadores fue justamente el del abogado Miguel Zárate. Entonces, como no va a tener valor legal?”, indicó.