El Tribunal Constitucional español le pone freno a Cataluña
Suspendió una resolución del Parlamento regional que abre el camino a la independencia y desconoce la Constitución vigente.
Amonestada. La titular del Parlamento, Carme Forcadell, deberá dar explicaciones al tribunal español.
Suspendió una resolución del Parlamento regional que abre el camino a la independencia y desconoce la Constitución vigente.
El Tribunal Constitucional de España en pleno bloqueó el desafío secesionista impulsado por los sectores nacionalistas de Cataluña, al suspender una resolución aprobada por el Parlamento de esa región española que abría la puerta a una declaración unilateral de independencia.
El alto tribunal advirtió también al jefe del Gobierno catalán, el separatista Carles Puigdemont, y a la presidenta de la Cámara de la región, Carme Forcadell, de su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignoran la decisión de esa corte, cuya resolución fue adoptada por unanimidad. Otorgó, además, un plazo de 20 días a Forcadell para que dé explicaciones sobre sus actuaciones antes de decidir si abre o no la vía penal contra ella, como ha solicitado el gobierno español.
El Parlamento de Cataluña aprobó el pasado 27 de julio con los votos de las formaciones nacionalistas Junts pel Sí (JpS) y CUP las conclusiones del denominado «proceso constituyente», que abre la puerta a una eventual declaración unilateral de independencia, desoyendo el aviso previo en contra del propio Tribunal Constitucional (TC). El TC requiere ahora a Carme Forcadell y a los demás miembros de la directiva del Parlamento regional para que, en el plazo de 20 días informen sobre el cumplimiento de las resoluciones ya adoptadas por el tribunal en diciembre y el pasado 19 de julio «a efectos de la eventual adopción por el tribunal de las medidas previstas» en la ley para hacer cumplir sus resoluciones. El pleno del tribunal advierte a todos ellos «de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».
La respuesta nacionalista no tardó. «Obedeceremos, ya lo creo. Obedeceremos al Parlamento, cumpliremos el compromiso con los ciudadanos y construiremos un Estado libre, moderno y próspero», respondió en Twitter en tono desafiante Puigdemont ante la orden del Constitucional. «Obedecer a un Parlamento escogido por los ciudadanos no es, para un demócrata, ningún sacrificio. El Estado español, en cambio, lo convierte en una proeza», añadió. «Si tenemos que desacatar, desacataremos», dijo el diputado del grupo independentista catalán ERC, Joan Tardá.
El Parlamento catalán dio la semana pasada un paso más en su afán de separarse de España y, desoyendo las advertencias del Constitucional, aprobó —gracias al voto de los grupos independentistas y bajo la protesta de los unionistas— una resolución que avala una serie de leyes para ir hacia la secesión y celebrar un referéndum independentista sin pactarlo con España. Estas propuestas violan claramente la Constitución vigente. En diciembre, el alto tribunal ya se había pronunciado contra otra resolución secesionista aprobada por el Parlamento catalán, considerada la primera piedra del camino hacia la independencia.
Como en aquella ocasión, el gobierno de Mariano Rajoy interpuso un recurso ante el Constitucional, que ayer decidió «admitirlo a trámite». Esto supone la suspensión inmediata y cautelar de la resolución secesionista, hasta que el tribunal tome una decisión definitiva de fondo en un plazo de cinco meses.
El desafío del Parlamento de Cataluña, región española de 7,5 millones de habitantes, llega en un momento político delicado en España, cuando Rajoy busca el apoyo político para formar nuevo Ejecutivo en el Congreso. La situación política en la región también es convulsa. El actual jefe del Ejecutivo catalán, Puigdemont, anunció recientemente que se someterá a una moción de confianza el 28 de septiembre, después de que su socio, el pequeño partido anticapitalista CUP, no apoyara su presupuesto.
El trasfondo del brote independentista que se da en Cataluña es la crisis económica que se vive desde 2008. Esto llevó al oficialismo nacionalista, hasta entonces de posturas muy moderadas en materia de independencia, a radicalizarse y aliarse con la izquierda revolucionaria.
