PSA allanó la Municipalidad de Córdoba por irregularidades en manejo de subsidios

01/04/2014 MUNICIPIOS

Fuerzas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ingresaron al cuarto piso de la Municipalidad e incautaron documentación

Tras una investigación realizada por LA MAÑANA y el programa televisivo ADN, en el que se reveló que había ocho trolebuses cuyo subsidio al gasoil era percibido por la empresa privada que ingresó este año al sistema, el Frente Cívico tomó la noticia y realizó una denuncia penal en Tribunales Federales.

Ayer la Policia de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó el cuarto piso del Palacio 6 de Julio, en busca de elementos probatorios de la presunta irregularidad.

La denuncia fue presentada por el “juecismo” esta semana también ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y ante el ministro del área, Florencio Randazzo, aunque ayer el juez Ricardo Bustos Fierro se adelantó y ordenó allanar el cuarto piso de la Municipalidad en busca de pruebas que certifiquen lo que sería un delito del orden federal, por pedido del fiscal Gustavo Vidal Lascano.

El asesor letrado de la Municipalidad capitalina, Marcelo Rodríguez Arancibia, confirmó a Canal 10 que los elementos solicitados por la PSA tenían que ver con una denuncia realizada “por Daniel Juez” en relación a ocho colectivos articulados.

Se trata de ocho trolebuses que funcionan con gasoil adquiridos durante la gestión de Daniel Giacomino, pero que forman parte de la flota de la Tamse residual, ya que esta empresa no fue transferida a la UTE que se hizo cargo de lo que era la estatal de transporte público. Además de esto, se estaría comprobando si hay colectivos fuera de servicio de la ex Tamse, cuyas patentes figuran (en número indeterminado en la investigación periodística) en el listado de unidades que Ersa con la firma de funcionarios municipales, elevó a la CNRT para percibir el subsidio calculado en unos 31.000 pesos mensuales por vehículo.

En esa ocasión, desde la Municipalidad se invocó un convenio, por el cual Ersa percibiría la totalidad de los subsidios al gasoil y de allí liquidaría al Palacio 6 de Julio un 11% de lo recibido, lo que en realidad representa una explicación un poco laxa como para explicar lo que sería esta flagrante irregularidad, sobre todo porque se tratan de fondos públicos cuya transparencia en el manejo debe resultar inobjetable.

El asesor legal del municipio, Marcelo Rodríguez Arancibia, manifestó ayer que accedieron al pedido de documentación solicitado y que los mismos están en manos de la Justicia. “El juez Federal Bustos Fierro ha pedido una documentación que le ha sido entregada, y que había sido requerida por el fiscal Federal N° 2, Gustavo Vidal Lascano, con motivo de una denuncia de Daniel Juez”.

“Nos pidió declaraciones juradas, planillas, autorizaciones y formularios referidos a ocho colectivos articulados. Se le entregó toda esa información con la presencia del oficial mayor de la Municipalidad y el juez federal ya la tiene en su poder”, manifestó Rodríguez Arancibia.

 

La Investigación:
UTE Ersa-Autobuses cobra subsidios nacionales por ocho troles de la Tamse

Se trata de ocho vehículos articulados que opera la empresa municipal pero que aparecen en la declaración jurada que la UTE rinde a la Nación para cobrar los subsidios. Por cada una de esas unidades, la Secretaría de Transporte envía unos 30 mil pesos mensuales.

En el nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros puesto en marcha hace una semana en esta ciudad, el esquema de subsidios nacionales resulta fundamental para las empresas concesionarias. Los fondos que reciben mensualmente desde la Secretaría de Transporte de la Nación correspondiente a las partidas del Sistema de Transporte Automotor (Sistau) y de las Compensaciones Complementarias Provinciales (CCP), se entregan de acuerdo a una fórmula mixta que tiene en cuenta la cantidad de colectivos que tiene cada empresa prestataria, los kilómetros recorridos y la cifra total de pasajeros transportados, entre otros ítems.

De allí que la empresa municipal Tamse fue siempre la que más subsidios recibió en comparación a Ciudad de Córdoba y Coniferal. Sin embargo, desde setiembre del año pasado el cuadro de reparto de los fondos nacionales se modificó ya que entró en juego un nuevo actor: la UTE Ersa y Autobuses que llegó para hacerse cargo de todos los servicios de la estatal, a excepción de la división de trolebuses que hasta la actualidad explota la comuna.

Sin embargo, a partir de una investigación conjunta entre ADN, el programa que conduce Tomás Méndez, y LA MAÑANA se pudo constatar que los subsidios correspondientes a ocho de los trolebuses articulados, los está cobrando la UTE. Se trata de los coches adquiridos por el ex intendente Daniel Giacomino en el 2011 a través de una compra directa y por la cual la UCR, en aquel entonces a iniciativa de Marcelo Cossar presidente del bloque, denunció al jefe comunal.

Lo cierto es que ingresando al sitio Web de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) (base donde figuran los datos actuales del parque móvil, servicios y revisiones técnicas declaradas por cada empresa) se puede ver que en el listado de unidades declaradas por la UTE Ersa Urbanos y Autobuses Santa Fe figuran las ocho patentes de los trolebuses articulados que hoy opera la Tamse. Se trata de información pública actualizada a febrero de este año. Las unidades en cuestión son siete de dominio K y una de patente L. En la captura de pantalla adjunta a esta nota, se puede ver claramente tres ejemplos de unidades que figuran como flota de la UTE pero que en actualmente son coches que circulan operados por la “Tamse residual”.

El dato no es menor, ya que según la información publicada por la secretaría de Transporte de la Nación, cada uno de esos colectivos recibe por todo concepto, alrededor de 30 mil pesos en subsidios por mes. Es decir que las dos firmas se quedan mensualmente con 240 mil pesos que debería recibir la Tamse. Proyectando estos números anualmente, la empresa municipal se pierde de percibir unos 2.800.000 pesos de fondos nacionales. Y en ese sentido, cabe aclarar que si bien la Municipalidad le alquiló mediante un contrato a la UTE unos 150 colectivos en principio por un plazo de 180 días, los ocho arriba mencionados corresponden al único servicio que quedó a cargo del municipio a través de su empresa de transporte y que componen la flota de trolebuses.

Responsabilidades

El hecho descripto reviste de mayor gravedad a la hora de definir responsabilidades, ya que se estaría ante una maniobra fraudulenta. En la Resolución Nacional 23/2003 se dispone a la CNRT como receptora de la información solicitada a las distintas jurisdicciones para la asignación de cupo de combustible a cada empresa. Se establece que cada municipio debe declarar las unidades que efectivamente se emplean en la prestación del servicio de cada concesionaria.

Para ello, se exige que la planilla del parque móvil que se envía a la Nación, cuente con la firma de la “Autoridad Municipal en materia de Transporte y por el Intendente”.

En el caso de Córdoba, quien debería rubricar la declaración jurada es Juan Pablo Díaz Cardeilhac como secretario de Transporte municipal y el propio intendente Ramón Mestre.

Consultado por este tema, el funcionario municipal informó que existe un convenio de Tamse con la UTE que se firmó “durante la transición por el tema de los subsidios”, pero sin brindar mayores precisiones. De igual modo, desde Ersa señalaron que “la persona que maneja el tema de subsidios está en Santa Fe”.

Fuente: La Mañana de Córdoba