Córdoba: La larga mano del Surrbac en Crese

La Fiscalía Anticorrupción investiga a Pascual Catrambone, director obrero de la empresa municipal y mano derecha de Saillen en el gremio, por supuestas contrataciones irregulares.

La Fiscalía Anticorrupción investiga a Pascual Catrambone, director obrero de la empresa municipal y mano derecha de Saillen en el gremio, por supuestas contrataciones irregulares. Su hijo Agustín creó dos empresas que proveen de servicios e insumos a Crese. Una de ellas, también a Lusa, a Cotreco y al Esop.

El pasado jueves 20, la Justicia provincial realizó un allanamiento en la empresa Crese, la sociedad del Estado que tiene a su cargo el enterramiento de la basura de la ciudad de Córdoba, sin que trascendieran casi detalles sobre los motivos del procedimiento.

El allanamiento fue ordenado por el fiscal Anticorrupción Gustavo Hidalgo, quien investiga presuntas irregularidades en compras de la empresa, aparentemente direccionadas a favor de conspicuos de la cúpula del Surrbac, el sindicato de recolectores que conduce Mauricio Saillen.

Hidalgo orientó su pesquisa a la lista de proveedores y también a las actas que dan cuenta de la integración del directorio de Crese. ¿El motivo? Encontrar en ambas nóminas el nombre de Pascual Catrambone, quien desde 2010 es director obrero en Crese y, además, es secretario del Interior en el gremio, entre otros cargos.

Su apellido también aparece, a través de su hijo Agustín (vocal del Surrbac), en dos empresas proveedoras de Crese.

Catrambone es mano derecha de Saillen y tiene influencia decisiva en Crese. En privado, por temor a represalias, una decena de fuentes consultadas aseguran que ambos manejan la empresa.

La intervención de Anticorrupción se da por una denuncia que el 22 de junio radicó Pablo Carrasco, exempleado de Crese, dando cuenta de presuntas irregularidades (negocios incompatibles con la función pública) en la actuación de Catrambone, por estar de ambos lados del mostrador: como contratante y como proveedor, a través de terceros.

Hilo conductor

La denuncia detalla que el 30 de mayo de 2011 se constituyó la firma Krates Constructora SA, con Agustín Catrambone (hijo de Pascual), de 18 años, como presidente, en sociedad con Omar Portillo. Así figura en el Boletín Oficial del 16 de noviembre de 2011.

Krates, que nunca tuvo empleados y sí una docena de vehículos (entre ellos, un Audi Coupé 3.2), desde su constitución realizó movimientos de tierra para Crese. En 2014, la empresa cambió el directorio: salió Agustín Catrambone y quedó a cargo Pablo Luis Oviedo, a quien se señala como allegado a la familia Catrambone.

En mayo de 2015, Krates se quedó con un contrato que tenía antes la empresa Federico SA para mover tierra desde el enterramiento de Piedras Blancas hasta el de Potrero del Estado. Llamativamente, Federico SA rescindió su contrato a sólo tres meses de iniciado, con el argumento de que el negocio no era rentable.

También se señala en el expediente que el 13 de mayo de 2013 el mismo Agustín Catrambone creó otra empresa: Higyse SA, junto con Mauricio Boñanni, según consta en el Boletín Oficial del 17 de junio de 2013.

Higyse les vende a Crese, a Lusa y a Cotreco elementos de seguridad (guantes, antiparras, delantales). Sólo en Crese, en 2015 habría facturado más de 1,6 millones de pesos. También comercializa bolsas y otros elementos al Ente de Servicios y Obras Públicas (Esop).

De acuerdo con la denuncia judicial, Pascual Catrambone participaba desde el directorio de Crese para supuestamente direccionar las compras en favor de la empresa de su hijo. Se menciona que “obligaba a los empleados a pedir listas de precios a otras firmas y después hacía cotizar a Higyse” conociendo de antemano los precios de los competidores.

Ante la consulta de este diario, la Municipalidad de Córdoba derivó la respuesta a Crese, a través de su presidente, Norberto Bergami, quien asumió el cargo en marzo último.

Bergami admitió que Krates e Higyse son proveedoras de Crese, aunque no muy habituales, ni de las más importantes, según dijo. Y se desligó del fondo del asunto: afirmó que “de ningún modo” le consta que esas firmas tengan vinculación con Catrambone.

A su vez, el gerente de Legales, Matías Chamorro, también negó conocer el vínculo entre Krates e Higyse con los Catrambone, pero confirmó que ambas firmas son proveedoras de Crese.

Explicó que antes del allanamiento, Crese ya había entregado a la Justicia documentación sobre autoridades históricas de la firma y sobre proveedores, y que en el allanamiento del jueves 20 Anticorrupción retiró órdenes de pago, libros de directorio y archivos informáticos de tesorería.

Además del propio director obrero de Crese y de su hijo Agustín, el denunciante pide investigar a los mencionados Boñanni y Portillo, y también a estos parientes de Pascual Catrambone: Miguel Catrambone (hermano), Adriana Oviedo (esposa) y Gabriel Blanes (primo y/o cuñado); y a los hermanos Martín y Mauricio Peralta, amigos de ese director de Crese.

La denuncia no menciona a otros funcionarios, pero sostiene que los organismos de control “no funcionan como debieran”.

Pese a la insistencia de este diario, que realizó las consultas durante dos días al vocero y a un encargado de prensa del Surrbac, no fue posible conocer la versión del gremio respecto de los hechos investigados por la Justicia.

El denunciante Pablo Carrasco integra un lote de una treintena de empleados que se desempeñaban en Crese y que estaban enrolados en el gremio de Camioneros. Hace dos años, intentaron presentar una lista opositora a Saillen para recuperar el Surrbac para las huestes de los Moyano. No los dejaron competir y los fueron echando de a uno.

Fuentes judiciales confirmaron que protagonistas de anteriores denuncias contra el Surrbac siguieron igual suerte: automáticamente se quedaron sin trabajo. Una verdadera demostración de poder sindical.

En el caso de Carrasco, avanzó en la denuncia contra Catrambone porque tiene respaldo de Camioneros, mediante el patrocinio del abogado Marcelo Villarroel.

Una renuncia que generó suspicacias

Luis Brouwer de Koning dejó el Esop. Trascendió que el portazo tuvo que ver con la injerencia del Surrbac.

Fuente: La Voz del Interior