Policías locales estarían en la calle en agosto de 2015
EL OFICIALISMO BUSCA ACELERAR EL DEBATE POR LAS POLICÍAS LOCALES EN LA LEGISLATURA
El oficialismo intenta acelerar el debate y que la primera camada de efectivos se gradúe en ocho meses
Si los tiempos legislativos no se dilatan y el Senado termina transformando en ley el proyecto el mes que viene, las nuevas Policías locales podrían estar operativas recién para agosto del año que viene. Esa es la estimación que realiza el oficialismo, aunque la oposición cree que las estructuras de seguridad municipales no arrancarán hasta 2016.
Luego de que la iniciativa lograra la semana pasada avanzar en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, con un dictamen de mayoría de varias de las fuerzas políticas que incorporó cambios al proyecto original, y uno en minoría del Frente Renovador, el FpV confía en que su tratamiento en el recinto será entre la última semana de abril y la primera de mayo, y que el Senado le dará también un rápido debate.
Una vez logrado consenso que la convierta en ley, la apuesta será entonces que se firmen rápidamente los acuerdos con los municipios adherentes, se realice el reclutamiento de los oficiales y comience la formación, que será de un año, aunque la primera camada, ante la urgencia de llevar adelante el sistema lo antes posible, se graduará en ocho meses.
Los tiempos que calculan los acérrimos defensores de la iniciativa los lleva a estimar que los primeros efectivos de las policías comunales desembarcarán en las calles antes de la primavera del año que viene.
Para algunos sectores de la oposición, los tiempos calculados por el oficialismo se quedan cortos. “Hay que reclutar, armar la escuela de formación y comprar los equipos. Es imposible que esto arranque el año que viene”, estiman en el Frente Amplio Progresista.
El proyecto prevé que la nueva estructura tenga en total 15 mil policías de base, que se distribuirán en los municipios con más de 70 mil habitantes y aquellos que por excepción adhieran a la ley. Los aspirantes tendrán que ser ciudadanos del distrito en que trabajen y tendrán asignadas exclusivamente las tareas de prevención del delito.
Además, cobrarán un sueldo que será aportado por la Provincia equivalente al inicial de un uniformado bonaerense, es decir $8.700, y su función en cada jurisdicción coexistirá con la de los efectivos de la Policía bonaerense que ya prestan servicio en cada lugar. Tendrán un escalafón único y un régimen laboral especial, diferente del de los empleados municipales.
Como informara ayer este diario, los oficiales sólo podrán portar su arma reglamentaria en horario de trabajo, debiendo dejarla al terminar sus horas de servicio.
Así, inspirado en el modelo español, el gobierno de Daniel Scioli buscará poner en marcha lo que cree dará una respuesta eficaz al avance del delito en la Provincia, a través de un mecanismo descentralizado y con amplia participación de los intendentes.
FORMACION Y COORDINACION
La fuerza tendrá al intendente como su jefe, con la facultad de coordinación de la fuerza local y de los efectivos provinciales que presten servicio de prevención en su distrito.
La cantidad de efectivos que correspondan a cada distrito se calculará en función a la densidad poblacional y características del delito. No obstante, cada intendente tendrá la opción de incorporar más policías, con un financiamiento que correrá por su cuenta. De la misma manera, podrá aumentarles el salario.
Para la formación de los efectivos, el proyecto prevé la creación de un instituto centralizado exclusivo para la instrucción de la Policía local.
Para su control, se creará una auditoría de asuntos internos para Policías locales en cada distrito, pero también habrá una instancia similar a nivel provincial.
APOYOS Y RESISTENCIAS
El proyecto del Ejecutivo logró dictamen en una de las comisiones de la Cámara de Diputados, luego de una serie de cambios que calmó las resistencias de algunas de las fuerzas políticas de la oposición y del propio bloque del Frente para la Victoria.
Con la incorporación de las modificaciones, el oficialismo logró el apoyo de las bancadas de Unión Celeste y Blanco y Nuevo Encuentro, mientras que el Frente Renovador emitió un dictamen en minoría ya que, si bien acompaña al proyecto en general, reclama cambios en el sistema de financiamiento, el que aspira que sea asimilable a la coparticipación.
El financiamiento es un tema clave de discusión legislativa, por el que expresaron su preocupación los intendentes del Frente para la Victoria, que buscan que se garantice a través de un sistema de pago automático para evitar posibles atrasos en el giro de los recursos.
En el proyecto se establece la creación de un fondo especial destinado al pago de los sueldos de 15 mil efectivos y el equipamiento necesario, así como un 20 por ciento de la masa salarial para gastos de funcionamiento.
El diputado massista Mario Giacobbe explicó que si bien su bloque está de acuerdo con la creación de la nueva policía, “el financiamiento debe formar parte de la Ley de Coparticipación, porque muchas veces la remisión de fondos por cuentas especiales de fortalecimiento se ve atrasadas por distintas razones y se obstaculiza el normal desenvolvimiento de la gestión municipal”. El espacio reclamó además un financiamiento inicial para la compra de equipamiento.
En tanto, la UCR y el FAP, se oponen a la creación de estas policías.
“Proponemos una unidad centralizada de la fuerza policial y el control descentralizado de los municipios. No creemos que crear una fuerza descentralizada sea la solución, estamos preocupados por el avance del narcotráfico y no creemos que en el Gran Buenos Aires estén dadas las condiciones como para dar a los intendentes una fuerza propia”, opinó Marcelo Díaz, titular de la bancada del Frente Amplio Progresista.
En la misma línea opina el radicalismo: “En el caso de México la Policía comunal fue la puerta de entrada para el narcotráfico y estamos preocupados por lo que ocurre en el Conurbano, donde muchos intendentes tienen una relación muy estrecha con las barrabravas”, expresó el senador Carlos Fernández.
