Cuentas pendientes
El gobierno provincial está cada vez más preocupado por la falta de respuestas de la Nación. A la nula llegada de fondos para afrontar la crisis hídrica se suman los desencuentros por la deuda nacional con la provincia
El gobierno provincial está cada vez más preocupado por la falta de respuestas de la Nación. A la nula llegada de fondos para afrontar la crisis hídrica se suman los desencuentros por la deuda nacional con la provincia por el fallo de la Corte, el aporte extraordinario para Buenos Aires y el debate por los Ingresos Brutos.
Ya pasaron más de diez días de las graves inundaciones santafesinas y el gobierno nacional no responde. El viernes el ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione advirtió que la preocupación es mayúscula en el gobierno de Miguel Lifschitz, donde temen que se reitere el escenario de abril del año pasado, cuando el gobierno de Mauricio Macri reaccionó tarde y de manera escasa. Aún dura la discusión entre socialistas y dirigentes del PRO en torno de si fueron sólo 55 millones de pesos los fondos aportados por Nación en aquella oportunidad.
Los dirigentes de la Mesa Provincial de Lechería cuentan que después de la inundación de abril se encontraron en Rosario con el ministro de Agricultura y Ganadería, Ricardo Buryaile. El funcionario de Cambiemos les pidió entonces un informe detallado sobre por qué no drenaban los campos y qué obras eran las necesarias para paliar la situación. Aunque no les correspondía, los productores se sentaron con técnicos del INTA y confeccionaron un pormenorizado trabajo que entregaron al ministerio nacional. Nunca más tuvieron una respuesta, ni una visita, ni una convocatoria para reunión alguna.
También le reclaman al gobierno provincial, por supuesto. Pero el hecho de verlos todas las semanas a los responsables de cada área hace que la relación se descomprima y se avance paulatinamente en proyectos que, si bien tardan en realizarse, por lo menos aparecen en planos y por ende en la agenda oficial de las políticas públicas provinciales.
Las pérdidas de esta segunda crisis hídrica en menos de un año se calculan en 800 millones de dólares, pero sin contar la infraestructura rural a cargo del gobierno santafesino. En abril, mientras de nación llegaban los 55 millones de pesos, la gestión de Lifschitz ya tenía previsto invertir más de 800 millones de pesos para recuperar caminos para sacar la producción de los campos. Para esta oportunidad, aún no se sabe cuál es la magnitud del daño a los caminos que ha causado la masa líquida que afectó a un millón de hectáreas productivas y hace que casi mil tambos santafesinos estén tirando más de dos millones de litros de leche por día.
Las pérdidas son para todos, pero los productores lácteos son sin duda los más afectados. Además, son responsables de siete de cada diez puestos de empleo rural. Es decir, ninguna actividad ocupa en el campo tanta gente como el tambo y reciben sólo 4,70 pesos por litro. Una de las cadenas de valor más distorsivas e injustas de las que se tenga referencia.
Pero no sólo por esos fondos hay disputa económica con el gobierno de Macri. Desde el entorno de Lifschitz apuntan que ya pasó más de un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia que le dio la razón a la provincia por el descuento de coparticipación para solventar la caja de jubilaciones que Santa Fe nunca transfirió a la nación. La deuda pura es de algo más de 23 mil millones de pesos, pero si se le suman los intereses de todos los años de la detracción irregular, serían 40 mil los millones en disputa. Algo así como la tercera parte del presupuesto provincial total.
A mediados de diciembre, sucedió en Buenos Aires una reunión que entusiasmó a los santafesinos. Allí estuvieron además del gobernador, el ministro de Economía Saglione y el entonces hombre fuerte de la hacienda nacional, Alfonso Prat Gay. El encuentro se desarrolló después del funcionamiento de más de un mes de una comisión específica para tratar el tema de la deuda que la Corte Suprema hizo indiscutible. Se había avanzando bastante y faltaba poco para que la nación ofreciera una forma de pago, algo que iba a suceder en la siguiente convocatoria.
Pero a los pocos días pasó lo que pasó. Macri de vacaciones desde Villa La Angostura lo llamó al ministro Prat Gay para pedirle su renuncia al cargo. En este marco se entiende la reacción de esos días de Lifschitz que dijo públicamente que el cambio en el ministerio nacional traía aparejada «mucha incertidumbre para todos». El gobernador pensaba más en la resolución de la deuda histórica de la Nación con Santa Fe que en la marcha futura de la economía del país, aunque haya sonado diferente. Tras la salida de Prat Gay, nunca más hubo una convocatoria de la nación para hablar del tema. La llegada del dúo endeudador Caputto‑Dujovne tiró por la borda el fino trabajo de más de un mes. Y ahora hay que volver a empezar de cero.
En ese marco, el presidente Macri anuncia un aporte extraordinario de 25 mil millones de pesos para la provincia de Buenos Aires por los fondos del conurbano. Una decisión política que fue cuestionada por la mayoría de los gobernadores que saben que se enmarca en una sola cuestión: Cambiemos está tercero en las encuestas para las próximas elecciones en la provincia que gobierna María Eugenia Vidal y necesita de esos fondos para salir a flote en el principal distrito.
Del gobernador para abajo, diputados, senadores y dirigentes del Frente Progresista hicieron público su enojo y el reclamo. Pero en el fondo saben que es una decisión política difícil de revertir en el marco de una ingeniería de las finanzas públicas absolutamente discrecional, que atenta de lleno contra el federalismo y hace que el Ejecutivo nacional cuente con la suma del poder público y el control más absoluto sobre las provincias.
Como toda decisión política es opinable, pero lo que no es opinable es la deuda nacional con Santa Fe avalada por el fallo de última instancia de la Corte Suprema. Ultima sentencia, ya no queda espacio para la discusión. Hay que pagar, esto está claro. Lo que no queda claro es cómo y cuando. Ahí se centran las expectativas de Santa Fe que fueron creciendo con Prat Gay y se fueron desvaneciendo en los primeros días de este 2017.
El otro punto económico que encuentra resistencia en Santa Fe, es el proyecto de gobierno nacional de ir eliminando progresivamente el impuesto a los Ingresos Brutos en las provincias. Un viejo anhelo del inefable Domingo Cavallo que nunca prosperó.
En el entorno de Lifschitz opinan que el asunto sería como pedirle a la Nación que deje de cobrar el IVA y el impuesto a las Ganancias. Sería la desfinanciación absoluta del estado. En la provincia, el impuesto a los Ingresos Brutos representa el mayor flujo de financiamiento propio, al igual que en el resto de las provincias argentinas. No está claro nunca en la iniciativa nacional cómo se reemplazaría ese dinero pero claramente las sospechas están fundadas en un artilugio financiero que redunde una mayor dependencia de los estados provinciales de la nación. Para tener en cuenta, una provincia «rica» como Santa Fe tiene sólo un 40 por ciento de fondos propios y un 60 de aportes nacionales. En distritos de menor poderío productivo y económico la proporción crece favor de la dependencia nacional.
Por Leonardo Ricciardino
