Un país no es un banco
Cuando la política tradicional empezó a entrar en decadencia, surgió la moda de lanzar a empresarios como candidatos a gobiernos.
Cuando la política tradicional empezó a entrar en decadencia, surgió la moda de lanzar a empresarios como candidatos a gobiernos. Su éxito en la empresa privada supuestamente los capacitaría a dirigir al Estado, sobre todo en tiempos en que empezaba a imponerse la ola del equilibrio de las cuentas públicas como objetivo central. Ellos serían buenos ejecutivos, no gastarían en exceso, cuidarían que las cuentas públicas no tuvieran déficits, tendrían óptimas relaciones con los empresarios del país y del exterior, etc., etc.
Berlusconi fue el caso más sonado y sabemos en lo que resultó. Después de la operación Manos Limpias, resultó ser el gobierno más corrupto de la historia de Italia, representando un episodio obsceno de la política. Nunca antes los escándalos fueron tan espectaculares y la política estuvo tan degradada.
En América latina, Sebastián Piñera, del grupo económico que posee, entre otras tantas empresas, a Latam, fue otro representante de esa tentativa explícita de privatizar al Estado. Tampoco funcionó. Los estudiantes se han encargado de recordar que la educación pública no debiera ser paga, lo que el líder de Piñera, Pinochet, había violado en Chile, y rápidamente Piñera perdió prestigio y también fracasó.
En Ecuador, por segunda vez consecutiva, el banquero más grande del país, Guillermo Lasso, es el principal candidato opositor a la continuidad del gobierno de 10 años de Rafael Correa, ahora representado por la fórmula compuesta por Lenin Moreno y Jorge Glass. Su campaña, al estilo de la de Mauricio Macri en Argentina, se centra en la necesidad de “cambio”, como si el país no hubiera vivido la década de los mayores avances de su historia justamente con el gobierno de Correa. Su diagnóstico, como el de todos los candidatos de la oposición en Ecuador, es que el país se ha endeudado demasiado, que necesita más competitividad, que el gobierno se habría excedido en sus gastos públicos. Como todo candidato de derecha, dice que “va a mantener lo que ha funcionado”, sugiriendo que mantendría las politicas sociales, por ejemplo. La misma promesa hecha y no cumplida en Argentina y en Brasil.
Es como si se pensara que un país puede ser dirigido como un banco, como si los ciudadanos fueran accionistas, como si se tratara de administrar al gobierno en la búsqueda de rentas más grandes, favoreciendo al capital especulativo.
La amenaza de ser gobernado por el banquero más rico de Ecuador pesa sobre el país como una pesadilla. Después de las trasformaciones más grandes que ese país ha vivido en la década de gobierno de Correa, cumpliendo lo que él había prometido, de que se trataría de un cambio de época para Ecuador, habrá una feroz disputa en las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 19 de febrero.
Si quisieran saber lo que podría estar aguardando a los ecuatorianos, bastaría con mirar hacia Argentina o Brasil donde, a pesar de que los presidentes no son banqueros, existen gobiernos dirigidos por los intereses directos del capital financiero, que ocupan los cargos económicos fundamentales de esos gobiernos. La política central de esos gobiernos es el ajuste fiscal, que vuelve a promover la exclusión social, la concentración del ingreso, el desempleo y la depresión económica.
Porque un país no es una empresa, menos todavía un banco. Una empresa privada, sea ella industrial, comercial, agraria o bancaria, actúa para maximizar sus ganancias, a expensas del resto de la sociedad. Un gobierno, al contrario, debiera actuar en función de los intereses, las necesidades y las aspiraciones de toda la población. Son comportamientos frontalmente contradictorios entre sí.
“Lo que es bueno para General Motors es bueno para EE.UU.”, decía la máxima más conocida de la visión que privatiza al Estado, que identifica el interés privado de las grandes corporaciones empresariales con las del país. Gobiernos como los de Macri en Argentina y de Temer en Brasil promueven los intereses de los grandes bancos privados y de las empresas extranjeras, como si defendieran los intereses de los países de los cuales son presidentes.
Un gobierno demócrata tiene como agenda los intereses públicos, la promoción de todos los individuos como ciudadanos, la garantía y la extensión de sus derechos. Lo contrario de las visiones privatizadoras, que tratan al Estado como instrumento de acumulación privada en contra de los intereses del país.
Por Emir Sader
