Francia congela sueldos y pensiones para ahorrar 50.000 millones de euros
El premier francés, el socialista Manuel Valls, congelará los salarios de funcionarios y los subsidios sociales en el marco de un plan para reducir el gasto público en 50.000 millones de euros para 2017, provocando el descontento del ala izquierda de su partido. El jefe del gobierno socialista francés detalló por vez primera esos recortes, cuyo monto total había sido anunciado en enero por el presidente François Hollande, y recalcó que «Francia cumplirá sus compromisos» para reducir el déficit público a un 3 por ciento del PBI. El Estado ahorrará 18.000 millones, 11.000 millones las colectividades territoriales y 21.000 millones en protección social.
Las jubilaciones serán congeladas, salvo las más modestas, al igual que los subsidios sociales (subvenciones familiares, seguro de desempleo), También en este caso, quedarán fuera de la medida los subsidios otorgados a las personas más pobres. Paralelamente, Valls anunció que los gastos del Estado serán reducidos en todos los sectores salvo en la educación, la Justicia y la policía, y que lo salarios de los funcionarios seguirán congelados, como lo están desde 2010. «El empleo es la primera prioridad», recalcó Valls, en un país en el que la desocupación afecta a cerca del 10 por ciento de la población activa.
El jefe de gobierno anunció asimismo reducciones fiscales para las familias más modestas por un monto de 500 millones de euros a partir de junio.
El 23 de abril, el Consejo de Ministros examinará este programa presupuestario y el 30 de abril será sometido a votación en la Asamblea Nacional. Tras ello el plan será comunicado a Bruselas.
El anuncio del jefe de gobierno, que él mismo detalló ante la prensa al terminar un Consejo de Ministros, recibió una acogida glacial entre los parlamentarios del ala izquierda del socialismo, furiosos ya por el hecho de que el gobierno no haya tratado de renegociar con las instancias europeas el ritmo de reducción del déficit, como lo había dado a entender el Ejecutivo tras la rotunda derrota sufrida por los socialistas en las elecciones municipales de marzo.
