Rosario: Una docena de taxis está en manos de empleados municipales
La situación, expresamente prohibida, fue detectada por el Tribunal de Cuentas. Hay un caso 13, pero es previo a la normativa.
“Es inconcebible que la Municipalidad haya entregado licencias de taxis a sus empleados”, pusieron el grito en el cielo los concejales Norma López y Roberto Sukerman. Así hicieron referencia a un dictamen –el 638– del Tribunal Municipal de Cuentas emitido el pasado lunes 14, que da cuenta de que 13 chapas están en manos de empleados municipales, lo que está expresamente prohibido por la normativa vigente. Para los ediles denunciantes, la cuestión conforma, en el mejor de los casos, un episodio de “ineficiencia” por parte del Ejecutivo municipal, y en el peor, una situación de “connivencia” con la irregularidad. Pero desde el Palacio de los Leones negaron tajantemente tanto una como otra: “Esto surgió de un inforne que nosotros remitimos al Tribunal. Y ya hicimos una investigación de cada legajo y enviamos intimaciones a cada una de las personas para que regularice su situación”, remarcó la secretaria de Servicios Públicos, Clara García. Y advirtió que el paso siguiente es que en un lapso perentorio deberán optar entre conservar el puesto de trabajo, o el taxi.
La detección de los 13 casos fue el resultado de un entrecruzamiento de datos entre los titulares de taxis y la planta del personal municipal. “Controles selectivos sobre los derechos de explotación del servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro”, es el título del trabajo realizado entre octubre del 2013 y febrero de este año por el Tribunal Municipal, en el que controló hasta la chapa 3677, es decir 3.730 taxis del total de 3.927 habilitados en Rosario.
Se trata de un control programado que va tomando distintos aspectos de todo el funcionamiento municipal. Por caso, el anterior control del Tribunal sobre la flota de taxis se focalizó, a diferencia de éste, en cómo se otorgaron las 500 nuevas licencias que se incorporaron al servicio público de taxis a través de la ordenanza 8.099, de diciembre de 2006. En ese caso el control fue exhaustivo, legajo por legajo, y se detectó un caso de incompatibilidad.
En el presente se tomaron todas las chapas y se detectaron 7 casos de titulares de taxis que ingresaron a la planta municipal y 5 casos de licencias entregadas a personas que ya revistaban como empleados del municipio.
Ambas situaciones son vedadas por la ley provincial 9.286 –Estatuto y escalafón del personal de municipalidades y comunas de Santa Fe– de 1983, y la ordenanza 3.574 –Estatuto y escalafón para el personal de la Municipalidad de Rosario– sancionada por el Concejo Municipal al año siguiente. Esta última, en su artículo 14 prohíbe expresamente al personal municipal “dirigir, administrar, asesorar, patrocinar y representar a personas físicas o jurídicas, o integrar sociedades que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la administración en el orden municipal o comunal, o que sean proveedores o contratistas de la misma” y “recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones celebrados u otorgados por la administración en el orden municipal o comunal”.
En esa incompatibilidad incurren doce de los trece titulares de chapas en cuestión: el último caso es más antiguo que el mismo Estatuto –la secretaria García refirió que viene de la década del 70– y requiere de otro tipo de examen.
Para los ediles del Frente para la Victoria López y Sukerman a unos “se les debería haber pedido que renuncien a la titularidad de la licencia antes de ingresar” a la Municipalidad, y a otros habérsele impedido la posesión de la licencia. Y ambos casos para los concejales constituyen “una evidencia de que el municipio no controla los requisitos e incompatibilidades de quienes entran a su planta, y que la Secretaría de Servicios Públicos no cruza los datos”.
Para García, por el contrario la situación reviste gravedad, pero no por el papel de la función pública –de hecho el propio Tribunal Municipal de Cuentas forma parte del organigrama del gobierno municipal– sino por “haber falseado la declaración jurada” que los 12 licenciatarios firmaron para lograr su empleo u obtener una licencia de taxi. “Se realizan unas 180 transferencias al año”, recordó la funcionaria.
