Millonarias pensiones para militares chilenos condenados por delitos de lesa humanidad
Noventa y cinco generales en retiro y ex oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura entre 1973 y 1990 perciben pensiones como promedio de 2.400 dólares al mes.
Noventa y cinco generales en retiro y ex oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura entre 1973 y 1990 perciben pensiones como promedio de 2.400 dólares al mes.
Así lo reveló una investigación del diario La Tercera, la cual cruzó información solicitada por Ley de Transparencia de los uniformados recluidos en su mayoría en la cárcel exclusiva para militares de Punta Peuco.
El ex fiscal del Ejército, general retirado Fernando Torres, encabeza el listado con 4.912 dólares que son abonados cada mes a su cuenta. Torres, quien mantuvo las principales causas contra opositores en los años 80, está condenado a 10 años de presidio por el homicidio de Eugenio Berríos, ex químico de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), cometido en Uruguay, en 1991.
Le sigue el general Eugenio Covarrubias, quien fuera jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), con 4.455 dólares y que, al igual que Torres, cumple condena de 10 años y un día por el crimen de Berríos, el ex agente civil sindicado como el autor del letal gas sarín que se aplicó a opositores, y que fue «callado» porque guardaba muchos secretos.
Más abajo, con 3.500 dólares, aparece el ruso-chileno, coronel en retiro Miguel Krassnoff Marchenko, conocido como uno de los más crueles torturadores que formó parte de la cúpula de la temida policía represiva, Dina.
El general en retiro Raúl Iturriaga, jefe del aparato exterior de la Dina, recibe 3.248 dólares desde 1991 y está condenado por el crimen del ex jefe del Ejército, general Carlos Prats y su esposa Sofía Prats, en Argentina en 1974. En Roma fue condenado en ausencia por el atentado en contra del ex vicepresidente Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno. El ex mayor Carlos Herrera Jiménez, autor del homicidio en 1982 del dirigente sindical Tucapel Jiménez, registra un pago mensual de 1.545 dólares mientras una suma inferior percibe el temido ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones, el ex coronel Alvaro Corbalán, condenado por las ejecuciones de 12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1987. Nelson Caucoto, el abogado con mayor cantidad de causas sobre delitos de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura militar, expresó que «el hecho de ser violador de derechos humanos no impide mantener la pensión». «El tema, apuntó, va por otro lado: cómo este país no tiene en cuenta un sistema de degradación. Ellos debieran perder sus cargos, porque mientras más jerarquía ostentan, más pensión reciben».
El condenado general (r) Iturriaga reaccionó desde el penal de Punta Peuco mediante una carta manuscrita de dos carillas acusando «trasgresión a la Constitución».
Sostuvo que «no queremos seguir siendo utilizados para tapar la desunión de la coalición gobernante» responsabilizando del reportaje periodístico al Partido Comunista.
Cita varios artículos constitucionales, incluido el derecho de propiedad, y en un pie de página pide «Poner recurso de protección».
El gobierno confirmó que en el proyecto de reforma previsional que enviará al Congreso incluirá una revisión de las pensiones que reciben los militares condenados por violaciones a los derechos humanos.
