Mar del Plata: El cierre de programas educativos y sus consecuencias en la ciudad
A casi un año de haber interpuesto un amparo judicial por el cierre de programas educativos y culturales, una de las coordinadoras del organismo, aseguró que se "siguen vulnerando los derechos constitucionales de los niños, niñas y adolescentes".
A casi un año de haber interpuesto un amparo judicial por el cierre de programas educativos y culturales, una de las coordinadoras del organismo, María de los Angeles Lorenzo, aseguró que se «siguen vulnerando los derechos constitucionales de los niños, niñas y adolescentes».
“La situación está peor y eso está a la vista en los problemas que suceden en muchos barrios”, señaló a LA CAPITAL una de las coordinadoras del Consejo de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, María de los Angeles Lorenzo, al ser consultada por el panorama local.
En junio del año pasado, el organismo presentó en la Justicia un recurso de amparo colectivo contra el intendente Carlos Arroyo, la secretaria de Cultura, Silvana Rojas y la de Educación, Ana María Crovetto, con el objetivo de que se restituyan los programas culturales y educativos suspendidos en 2016, entre los que se encontraban las iniciativas de los Almacenes Culturales, Usinas Artísticas, LiberArte, las actividades extensionistas que se garantizaban desde el Museo de Ciencias Naturales y el Programa Educativo Barrial (PEBA).
Según indicó Lorenzo, las audiencias de conciliación con el municipio fueron tres y si bien reconoció “algunos acercamientos”, aseguró que el problema mayor radica en la cantidad de empleados disponibles para llevar adelante las medidas.
“Se habló de reponer los programas en algún plazo, establecer algún tipo de proyección, pero si no se contrataban nuevos capacitadores no se podía poner en marcha nada. En Cultura, por ejemplo, de los más de 80 capacitadores que había, sólo quedaron 8”, señaló, al tiempo que destacó la ausencia de respuestas en este sentido.
“Es muy notoria la falta de organización de estos programas porque cubrían alrededor de 13 mil chicos y estaban presentes en todos los barrios de Mar del Plata. Ahora hay alrededor de 22 barrios donde prácticamente quedaron sin ningún tipo de actividad, salvo apoyo escolar en algunos casos, y en otros, sólo una actividad muy puntual”, advirtió. Y agregó: “Lo concreto es que desde el año 2015, no se han repuestos los programas. Para nosotros se siguen vulnerando derechos constitucionales de los niños, niñas y adolescentes”.
Importancia de los programas
Lorenzo lamentó la situación actual y aseguró que desde el Consejo ven con preocupación las consecuencias que esta situación puede generar.
“Estos programas no sólo generaban ambientes de enseñanza para una disciplina específica, creaban espacios donde chicos del mismo barrio establecían nuevos lazos e intercambian realidades”, detalló.
Señaló, a su vez, las consecuencias que la falta de estos programas comienzan a generar. “Están existiendo también cada vez más casos de bullying en las escuelas. No digo que esto sea determinante, pero el sacar espacios donde el chico pueda pensar y desarrollarse con otros terminan siendo importantes para su formación y subjetividad. Al no existir esto, surgen otras alternativas: ver más televisión, estar más en la esquina relacionándose con gente que a veces hace bien y a veces no”, señaló.
En este sentido, advirtió que “no hay una política pública concentrada en el bienestar de los chicos porque de lo contrario no sólo se buscaría una solución, sino que la suma de dinero para generar estas posibilidades serían mayores. Nosotros vemos con preocupación que tanto para la Secretaría de Educación como para la Secretaría de Cultura, en el año 2017, se bajaron los presupuestos”, aseveró.
Según Lorenzo, el panorama demuestra que “construir un ámbito de compañerismo, solidaridad y respeto lleva mucho tiempo pero destruirlo es muy fácil”.
El rol del Estado
La coordinadora del Consejo de la Niñez también reclamó mayores instancias de diálogo con funcionarios del municipio. “Pareciera que es un órgano que no interesa”, reclamó.
“Nos ha costado mucho entender la falta de diálogo. ¿Por qué desde que nosotros interpusimos el amparo el Estado dejó de participar como tal en las asambleas mensuales del Consejo local? Cada vez hay más organizaciones participando de las mismas, pero no tenemos la voz del Estado. Vemos con preocupación esto porque nuestro papel tiene sentido con su participación porque el objetivo es generar políticas públicas. Al no tener el Estado presente, quedamos discutiendo solos”, aseguró.
Dicho esto, Lorenzo exhortó al municipio a participar de las asambleas para analizar los pasos a seguir y establecer un trabajo coordinado de todas las áreas que trabajen de manera directa con la niñez como pueden ser Salud, Cultura, Educación, Deporte, entre otras.
¿Profundizar medidas?
Al ser consultada sobre si desde el Consejo analizan profundizar los reclamos ante la falta de avances, Lorenzo desestimó cualquier posibilidad de avanzar en la justicia.
“Nosotros no tenemos pensado abrir otras puertas judiciales, a nosotros lo que nos interesa es el poder seguir generando una posibilidad de diálogo”, aseguró, señalando que no encontraron “resultados positivos” del camino elegido el año pasado. “En lugar de solucionar el tema, lo agravó”, reconoció.
“Nuestro único objetivo es que estén representadas las organizaciones de la sociedad y que a su vez el Estado pueda discutir cuáles son las mejores políticas públicas a seguir. No es plata lo que reclamamos, no son beneficios, es la posibilidad de devolverle a los 13 mil chicos los mismos programas”, continuó.
La legitimidad de sus autoridades
Luego de haber sido presentado el amparo judicial, el subsecretario legal y técnico, Gustavo Gil de Muro, encabezó otra de las disputas que se mantuvieron con el organismo: la legitimidad o no de las autoridades que lideraron el reclamo.
Según aseguró el funcionario, la elección de los coordinadores por la asamblea, José Alfaya y María de los Angeles Lorenzo, no había seguido “el procedimiento de designación de autoridades del Consejo Local de la Niñez, regulada por la ordenanza 18897”.
La normativa establece que el organismo “contará con un coordinador general y un equipo profesional de apoyo” designados por el intendente con acuerdo de sus integrantes por un plazo de dos años renovables en un solo período.
Respecto a esto, Lorenzo señaló: “Le mandamos al intendente Arroyo tres notas para que, de la terna propuesta, él designe a la persona que le parezca pero ninguna fue contestada, entonces nos seguimos manejando con los elegidos en la asamblea”.
